VALENCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat han solicitado a la Audiencia Nacional la acumulación de los recursos presentados por ambas administraciones contra la orden del Ministerio de Cultura que paraliza el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal, según han informado fuentes del Consistorio en un comunicado.
De esta manera, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Generalitat han iniciado las actuaciones legales que concluirán en la presentación de una querella por presunto delito de prevaricación contra la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, tras el "esclarecedor" contenido del dictamen del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado.
Así, una vez estudiado por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat el dictamen, ambas administraciones han iniciado este miércoles las actuaciones anunciadas por la alcaldesa, Rita Barberá, y el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, que concluirán en la presentación de una querella por posible prevaricación de los responsables y firmantes de la orden del Ministerio de Cultura del 29 de diciembre de 2009, que supuso la paralización de todas las actuaciones en todo el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyameral.
Estas primeras actuaciones consisten en la petición conjunta por parte de los servicios jurídicos de Ayuntamiento y Generalitat a los jueces de la Audiencia Nacional para que se acumulen los recursos presentados por ambas administraciones contra la orden ministerial ante esta instancia judicial.
El dictamen elaborado por Santiago Muñoz Machado señala "claramente" que la orden del Ministerio de Cultura es "arbitraria porque no tiene una cobertura razonable en el ordenamiento jurídico" y supone "una desviación y un ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal".
Así, el Ayuntamiento y la Generalitat han iniciado ya las acciones legales para se esclarezca la posible comisión de un delito de prevaricación de quien rubricó la orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009.
La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes la propuesta de acuerdo de iniciar las actuaciones penales por la "presunta arbitrariedad e ilegalidad de la Declaración de Expolio del Ministerio de Cultura", al igual que hará en su momento el Consell y una vez hecha la petición a la Audiencia Nacional para que se unifiquen los dos recursos.
