Aznar y Cospedal, juntos para presentar un informe de FAES con profundas reformas para hacer viable el Estado autonómico

 

Aznar y Cospedal, juntos para presentar un informe de FAES con profundas reformas para hacer viable el Estado autonómico

Rajoy y Aznar
TAREK/PP
Actualizado 26/01/2011 14:58:41 CET

Zoido también interviene en este acto, que analizará la racionalización del sector empresarial y fundacional público

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno José María Aznar y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presentarán en Madrid el informe elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) sobre el Estado autonómico, en el que se plantea una "profunda" reforma organizativa para hacer viable el sistema.

El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también participará en la presentación de este documento --tendrá lugar el lunes por la mañana en un hotel madrileño-- que el propio Aznar entregó personalmente a Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre.

La presencia conjunta de Aznar y de Cospedal confirma la buena sintonía que hay en este momento entre FAES y el PP, y que ya se visualizó este fin de semana en la Convención Nacional que los 'populares' celebraron en Sevilla. Precisamente, el ex presidente y la 'número dos' de PP coincidieron en la inauguración de ese cónclave, haciendo de la racionalización del Estado autonómico una parte central de sus discursos.

En concreto, Aznar acusó al PSOE de haber llevado el modelo autonómico "al borde del precipicio" y de "hacer "todo lo posible para destruirlo". Afirmó que gobernar para todos los ciudadanos hace necesario "un Estado capaz de desarrollar sus responsabilidades" y para eso, añadió, se necesita "un Estado viable". En parecidos términos se expresó Cospedal, que se mostró convencida de que para hacer "viable" el Estado autonómico hay que "ordenarlo y racionalizarlo".

El propio Rajoy, que encargó a FAES el informe sobre el Estado autonómico, considera que el modelo "es mejorable" y que en este momento hay que emprender reformas centradas en fijar un techo de gasto y endeudamiento a las CC.AA, promover una ley de unidad de mercado y que el Estado garantice la igualdad a través de una legislación básica. "Queremos unas autonomías austeras, fuertes, eficaces y comprometidas con el interés nacional", declaró en la clausura de la Convención del PP.

GASTOS IMPRESCINDIBLES Y GASTOS NO ESENCIALES

El informe de FAES, bajo el título 'Por un Estado autonómico racional y viable' propone abordar una "profunda" reforma organizativa del sector público autonómico. Está formado por tres análisis independientes de los expertos Julio Gómez-Pomar, Mario Garcés y el diputado Gabriel Elorriaga, que analizan el gasto de las administraciones territoriales, las competencias que tienen atribuidas y otros aspectos como el número de empresas públicas o de funcionarios.

En concreto, el informe del auditor del Estado Mario Garcés considera que los gastos de las autonomías deben dividirse entre los esenciales o imprescindibles, como los servicios públicos educativos y sanitarios, y aquellos otros que son no esenciales y que deberían ser "cercenados" en etapas de ajuste y cuestionada su oportunidad en etapas de bonanza económica. Como ejemplo pone "la clonación de entidades u organismos autonómicos para replicar la planta de Estado", que "no reportan más beneficio que el político".

Además, propone que las comunidades autónomas más eficientes reciban aportaciones adicionales como retorno a su conducta. "Debería transformarse la cultura de la transferencia incondicionada parcialmente a fin de sujetarla a la transferencia eficiente", considera.

Garcés advierte de lo "sorprendente" que supone que, en pleno siglo XXI, la Unión Europea disponga de más instrumentos de planificación, control y corrección sobre sus estados miembros que los que el Estado español dispone sobre sus comunidades autónomas. "El Estado debe reconsiderar su posición, no puede ser un simple observador o albacea del proceso", avisa.

En su análisis se detiene en las instituciones y entidades duplicadas en la Administración del Estado y las comunidades, como por ejemplo los tribunales autonómicos de competencia, las televisiones autonómicas, los institutos de estadística o meteorológicos o los órganos de control externo.

NUEVOS ACUERDOS CONSTITUCIONALES PARA REDEFINIR EL MODELO

Para Elorriaga, que ocupó la Secretaria de Estado de Organización Territorial con el PP, hay "claros síntomas de agotamiento" del modelo autonómico. En su opinión, ha sido la crisis económica la que ha puesto de manifiesto que se han cometido "numerosos excesos y la existencia de duplicidades y desajustes".

Por ello, afirma que "no parece posible ni deseable continuar por el camino" que ha llevado a un "progresivo incremento del peso relativo de las comunidades autónomas", si bien prevé que este seguirá siendo el "programa político de los partidos nacionalistas durante la próxima década" y que para ello "encontrarán respaldo y legitimación en una parte" del PSOE.

Ante esta situación, Elorriaga propone en sus conclusiones alcanzar "nuevos acuerdos constitucionales" para redefinir el modelo autonómico así como "redimensionar el tamaño" de determinadas administraciones y atribuirles mejor sus competencias y responsabilidades para evitar "duplicidades".

El informe de FAES también aborda el número de entidades en las comunidades autónomas y advierte que no se corresponde con el porcentaje de población de cada una de ellas. Por ejemplo, Cataluña cuenta con el 15,95 por ciento de la población española y Madrid con el 13,59 por ciento; pese a lo que Cataluña casi triplica el número de entidades de Madrid.

Los datos recopilados reflejan que, desde 2008 hasta mediados de 2009, se constituyeron cerca de cien entes públicos, lo que supone 1,2 por semana. La tendencia en los últimos seis años es de crecimiento constante repartido de manera desigual por comunidades.

En cuanto a los trabajadores públicos, advierte de que se ha producido una "posible" sobrepoblación de funcionarios, ya que un análisis de los últimos cuatro años revela que en las comunidades se ha producido un incremento de la tasa de empleados públicos del 29,46 por ciento, frente al incremento del 6,70 por ciento del Estado.

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