MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclare si va a suspender la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los numerosos recursos que se han presentado contra la norma y teniendo en cuenta que el propio Consejo de Estado ha alertado de que algunos de sus preceptos presentan dudas de constitucionalidad.
Además de solicitar la presencia en la Cámara del titular de Hacienda, la portavoz de los nacionalistas gallegos, Olaia Fernández Davila, ha presentado una batería de preguntas para saber qué piensa hacer el Ejecutivo después de que el máximo órgano consultivo del Gobierno haya dejado claro que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para que los afectados por la reforma "planteen conflicto en defensa de la autonomía local".
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció este miércoles que el Gobierno modificará la ley teniendo en cuenta el dictamen del Consejo de Estado, pero para el BNG esto no es suficiente y reclama la suspensión de su aplicación hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el conjunto de la ley.
El Alto Tribunal tiene pendiente resolver los nueve recursos o conflictos de competencias planteados por distintas administraciones y partidos -entre ellos la mayor parte de la oposición y los Parlamentos de Extremadura, Cataluña, Navarra y Andalucía-. A ellos se sumará el que preparan casi 2.400 municipios que representan a unos 17 millones de ciudadanos.
DOS ARTÍCULOS DUDOSOS
De momento, la modificación anunciada por Hacienda tiene como objetivo retirar a los equipos de gobierno de los Ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno, uno de los puntos censurados por el Consejo de Estado.
Además de esta cuestión, el dictamen también advertía de que el artículo que establece la prestación por parte de la Diputaciones Provinciales de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y el que determina el coste efectivo de los servicios, también pueden lesionar la autonomía local.
