La Cámara andaluza aprobó en 2004, con los votos de PSOE, retirar 5 recursos contra el anterior modelo de financiación

Actualizado 22/01/2007 18:21:13 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó, con los votos afirmativos del PSOE, la abstención del PP y la oposición de IU y PA, el pasado 26 de junio de 2004 la retirada de los cinco recursos de inconstitucionalidad que interpuso en su día contra la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y los Presupuestos Generales de los años 1997, 1998 y 1999 por el no reconocimiento del censo de población del año 1996 a la hora de asignar los recursos.

Como se recordará el Parlamento decidió mantener, no obstante, en lo que se refiere a los recursos de 1998 y 1999 la impugnación del apartado relativo a la Participación de las Comunidades Autónomas en los Ingresos del Estado de los respectivos presupuestos generales "sólo y exclusivamente en cuanto suponen un incumplimiento de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía Andaluz", donde se recoge la denominada 'deuda histórica'.

Pese a la retirada de los recursos que afectaban al tema de la población, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre ese asunto, sin dar la razón a Andalucía, en una reciente resolución referida al recurso del Parlamento de 1998 que dio a conocer el secretario general del PA, Julián Alvarez, el sábado.

Según el recurso del Parlamento andaluz, la población de Andalucía en 1998 había crecido de forma importante desde 1991 y, por tanto, la consideración de su población ese año suponía una merma en los ingresos del Estado que debía recibir, ya que se estaba infravalorando su población real.

El Parlamento andaluz estimaba en el recurso que ya fue retirado en junio de 2004 que se habían "vulnerado" los principios de coordinación entre la Hacienda estatal y la andaluza, y creía que se ha establecido de forma "unilateral" la participación de Andalucía en 1998 en los ingresos del Estado.

Sin embargo, el TC desestima ahora este recurso al considerar en su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, que la población tenida en cuenta en las entregas a cuenta a Andalucía no responde al "capricho o mero voluntarismo" del Estado, sino a la "inexistencia" en ese momento de un censo de población oficial diferente, que es del año 1991 (de acuerdo con el padrón de 1988). De hecho, explica que no se aprobó un nuevo censo oficial hasta el año 2001.

Tampoco estima el alto tribunal la denuncia de "insuficiencia financiera" que realizó el Parlamento andaluz, referida a que se "impone a Andalucía un porcentaje de participación en los ingresos del Estado calculado sobre la base de una variable (la población) basada en los datos oficiales existentes en el ejercicio 1991 (6,85 millones de habitantes) y no los reconocidos en 1996 (7,23 millones), lo que determina una merma en su suficiencia financiera".

En este sentido, el TC pone de manifiesto que en la distribución de recursos que se llevó a cabo en 1996 con el acuerdo de una mayoría cualificada de dos tercios de las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el único censo oficial reconocido por el Instituto nacional de Estadística era el de 1991, realizado con datos del padrón municipal de 1988.

Añade además que incluso otras comunidades autónomas, como Baleares, Canarias, Murcia o la Valenciana experimentaron un crecimiento de población superior al de Andalucía entre los años 1988 y 1996.

"Aún siendo cierto que Andalucía ha experimentado un incremento poblacional (entre 1988 y 1996) de más del 40 por ciento del incremento total producido en España (de 883.132 habitantes), también lo es que, conforme a los propios datos ofrecidos por el Parlamento recurrente, el incremento experimentado respecto de su población en el año base (1988) ha sido del 5,60 por 100, cuando en otras comunidades autónomas ha alcanzado, por ejemplo, el 11,91 por 100 (Baleares), el 9,50 por 100 (Canarias), el 8,07 por 100 (Murcia) o el 6,28 por 100 (Valencia)", señala la sentencia del TC.

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