La Comisión se reúne el lunes para valorar las conclusiones imputadas al ex director regional del Tesoro

 

La Comisión se reúne el lunes para valorar las conclusiones imputadas al ex director regional del Tesoro

Actualizado 19/03/2007 17:15:10 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Mar. (EP/IP) -

La comisión de investigación parlamentaria del caso Amorós, en la cámara canaria, se reunirá el próximo lunes para valorar el borrador del dictamen de conclusiones realizado por la ponencia, que exige responsabilidades políticas al ex director regional del Tesoro de CC en 2002, Alberto Amorós. De mantenerse sin cambios el contenido del borrador del dictamen, se formalizarán los votos particulares de CC y el PSC.

Los nacionalistas discrepan en dos de las conclusiones. Se trata de la sexta y la séptima que suponen una censura o exigencia a la actividad y gestión de Alberto Amorós. La sexta sostiene que quedó demostrado que el convenio de colaboración entre el Ejecutivo canario y las entidades financieras en las islas resultó ser un medio "irregular" para administrar "fuera de toda legalidad, publicidad y control", un serie de fondos públicos con los que encargar una serie de trabajos "sin sometimiento a los requisitos que establecen las normas sobre la contratación pública". En la siete es donde se hace constar la "clara responsabilidad política" del ex director regional del Tesoro.

El voto particular del PSC extenderá las responsabilidades políticas al ex consejero regional de Economía y Hacienda de CC, José Carlos Francisco, dejará constancia de la existencia de una caja B para el manejo de fondos públicos al margen del control de los presupuestos y el abuso en la adjudicación de contratos menores con consultoras privadas.

También insistirán en la necesidad de remitir la documentación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al Tribunal de Cuentas del Estado y se negarán a aceptar la afirmación del consejero del informe de fiscalización de la dirección general del Tesoro de la Audiencia de Cuentas nombrado por el PP, Juan Marrero, de "no haber observado hecho delictivo alguno aunque sí un importante número de irregularidades administrativas a corregir".

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