Canarias pide un fondo de reserva para afrontar la financiación de la Ley de Dependencia del Estado

Actualizado 25/01/2006 19:55:43 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Ene. (EP/IP) -

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marisa Zamora, informó hoy, a los grupos parlamentarios, que la Comunidad Autónoma ha pedido a Madrid un fondo de reserva para afrontar el efecto llamada de los retornados que tendrá, en su opinión, la Ley de Dependencia del Ministerio de Asuntos Sociales.

Esta información fue aportada por Zamora a una pregunta de la diputada de CC, Flora Marrero, quien valoró positivamente la norma, aprobada por Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. Pero la principal preocupación de la diputada nacionalista estribaba en el coste de lo servicios de los beneficiarios reales de las islas, unas 60.000 personas, en base al crecimiento poblacional registrado en los últimos años.

Flora Marrero pidió a la consejera que, en la próxima reunión de la conferencia sectorial que reúne a todas las autonomías con el Estado, Zamora defienda la necesidad de incluir, en el mencionado proyecto, las aportaciones del Ejecutivo canario para que los usuarios isleños, con las singularidades propias de las islas, tengan los mismos servicios.

La consejera respondió que, la semana pasada en la reunión de la mencionada conferencia sectorial, Canarias demandó la inclusión de las peculiaridades de las islas. Una petición que, según Zamora, fue acogida "favorablemente" por el Ministerio y que el Gobierno regional entiende que es un "compromiso firme" del Estado.

La consejera precisó que las especificidades puestas de relieve al Ministerio están relacionadas con el sistema de cofinanciación de los servicios sociales en Canarias entre el Gobierno y los cabildos; y la inmigración de retorno "y el efecto llamada".

La Consejería ha solicitado, informó, la creación de un fondo de reserva, para los próximos 3 ó 4 años, para afrontar "ese efecto llamada". Recordó también que, en 2015, el Ejecutivo canario deberá poner 125 millones de euros anuales de los 250 millones de euros anuales que se necesitan para desarrollar los servicios contemplados en la ley.