MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha pedido este miércoles al Ejecutivo central que aporte la parte que le corresponde para financiar los servicios de atención a las personas dependientes, según establece la Ley de Dependencia.
Según ha explicado la consejera a los periodistas tras participar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, presidido por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, varios representantes de las comunidades han comentado esta cuestión durante la reunión.
Rojas ha precisado que para 2015 Canarias dispone de 130 millones de euros para la dependencia y que, a pesar de que el Estado debería aportar la mitad de esa cantidad, solo va a poner algo más de 20 millones. "Todavía hay una diferenciación muy importante", que "parece que es general" entre las comunidades, y reclamamos que se vaya ajustando progresivamente", ha declarado.
NO "ATOMIZAR" FONDOS
Otro de los asuntos tratados en el Consejo ha sido la distribución de los fondos para familia e infancia. Al respecto, la consejera ha dicho estar satisfecha con la cantidad que recibe Canarias, 1,6 millones de euros, que se suman a los fondos que dedica el Ejecutivo autonómico a la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, ha transmitido al ministro que, en el ámbito de las políticas sociales, no es útil "atomizar" los fondos que reparte el Estado a las comunidades, y que lo que habría que hacer es revisar el sistema de financiación autonómica para que cada región recibiera "lo que le corresponde por justicia" y así pudiera ejercer adecuadamente sus competencias en ese y otros ámbitos.
Por otro lado, Rojas ha expresado su satisfacción por el hecho de que ahora los datos de los que dispone Canarias sobre el número de personas atendidas en el sistema de dependencia y los que tiene el IMSERSO sean acordes, tras el ajuste en los sistemas informáticos que mostraban las estadísticas.
Respecto al anteproyecto de ley del Tercer Sector y el del Voluntariado, ha afirmado que son "absolutamente necesarios" porque ambos sectores "merecen por justicia" que su labor se regule y que tengan más participación en los órganos de decisión, pero ha señalado que la mayoría de las comunidades han pedido que no se invadan sus competencias.
