Mediavilla y Salgado oficializan el traspaso de nuevas competencias a la Comunidad Autónoma durante la Comisión Mixta celebrada en Madrid
SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, en su calidad de vicepresidente de la Comisión Mixta de Transferencias, ha firmado hoy con la ministra de Administraciones Públicas y presidenta de la misma, Elena Salgado, el acuerdo para el traspaso de nuevas competencias a la Comunidad Autónoma, relativas al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y a las prestaciones sanitarias del seguro escolar, además de una ampliación de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
Los tres nuevos traspasos de funciones y servicios a la Comunidad, que se harán efectivos el 1 de enero de 2009, suponen un coste efectivo de 383.048 euros y el traspaso de 12 puestos de trabajo.
En concreto, según informó el Gobierno, Cantabria gestionará las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar, dentro de las que se incluyen las motivadas por accidente escolar y enfermedad. Es la quinta autonomía que asume esta competencia, que supone un coste efectivo de 37.866 euros anuales que aportará a la Comunidad Autónoma el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Así, el acuerdo alcanzado entre los gobiernos estatal y autonómico establece que Cantabria recibirá anualmente el 96 por ciento de la aportación al seguro escolar que efectúen los estudiantes cántabros al formalizar la matrícula para cada curso académico y que los centros docentes ingresan en las correspondientes direcciones provinciales de la citada Tesorería General de la Seguridad Social. Con el 4 por ciento restante, que seguirá gestionando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se financiarán las prestaciones económicas de los seguros.
Igualmente, se ha aprobado el acuerdo por el que amplían los medios traspasados a Cantabria que están adscritos a la gestión y control del régimen de la tasa láctea aplicada a los productores y compradores cuyas explotaciones o sede social se encuentre en su ámbito territorial.
En este ámbito, el Gobierno de la Nación traspasará a Cantabria siete puestos de trabajo y una unidad de almacenamiento, lo que supondrá un coste efectivo de 245.212,47 euros.
Por último, el Pleno de la Comisión Mixta ha suscrito un acuerdo de ampliación de medios personales para el ejercicio de las funciones de Administración de Justicia, asumidas por la Comunidad en enero de este año, lo que supone la adscripción de cinco puestos de trabajo. El acuerdo tendrá un coste efectivo de 99.969,34 euros.
TECHO COMPETENCIAL
Tras la materialización de este acuerdo, el consejero de Presidencia destacó el "impulso" efectuado por el Gobierno de Cantabria para conseguir un "mayor nivel de autogobierno". En este sentido, resaltó la asunción de 15 nuevas competencias en menos de cinco años, lo que convierte a Cantabria "en la Comunidad Autónoma que más transferencias ha asumido en ese tiempo", aseguró.
Estos datos, afirmó Mediavilla, "denotan el interés del Gobierno regional por el aumento competencial", en la "absoluta certeza" de que "la cercanía en la gestión de los servicios públicos redunda en beneficio de los ciudadanos de Cantabria".
El actual Estatuto de Autonomía de Cantabria sólo permite la asunción de cuatro nuevas competencias: sanidad penitenciaria, profesorado de Religión, cuencas fluviales intracomunitarias y el parque nacional de los Picos de Europa.
Por ello, el consejero insistió en la "necesidad" de "comenzar a abordar" una reforma de la norma autonómica desde la "reflexión y la participación, en un debate sereno y plural". En este proceso ha destacado como "fundamental" el "consenso" de los tres partidos con representación en el Parlamento autonómico.
La futura norma, afirmó, ha de contemplar reformas desde el punto de vista institucional, así como la ampliación de las competencias autonómicas.
Por su parte, la ministra de Administraciones Públicas coincidió en la conveniencia de la reforma estatutaria cántabra que, dijo, ha de basarse en tres premisas: el consenso, el respeto a la Constitución Española y la defensa del interés público. Cuestiones sobre las que se mostró "convencida" que se respetarán en Cantabria.
