La cárcel de Carabanchel comenzará a ser derribada en octubre y finalmente habrá un monumento a los represaliados

 

La cárcel de Carabanchel comenzará a ser derribada en octubre y finalmente habrá un monumento a los represaliados

Actualizado 16/06/2008 17:06:05 CET

El convenio entre Interior y el Ayuntamiento incluye espacio para el hospital, para equipamientos municipales y menos viviendas

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cárcel de Carabanchel comenzará a ser derribada en el mes de octubre, previsiblemente, una vez que esté lista la licencia provisional de derribo que dará luz verde a unas obras que acabarán con una de las "principales heridas urbanísticas y simbólicas" de la capital.

El Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid firmaron hoy el protocolo de intenciones que define el futuro de los terrenos de la antigua prisión y que, según el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, "concilia los intereses de todas las partes y de los ciudadanos".

Entre otras cosas, el terreno albergará un hospital, dependencias penitenciarias, 600 viviendas, espacios verdes y equipamientos públicos municipales.

Así, el convenio urbanístico que se derive de este protocolo de intenciones será la base para el futuro Plan Parcial de Reforma Interior, que previsiblemente será aprobado a principios del próximo año. A finales de 2009, según el calendario previsto, se autorizará el Proyecto de Urbanización, y simultáneamente se firmará el convenio de cesión de terrenos a la Comunidad de Madrid para que construya un hospital.

Sin embargo, algunas de las actuaciones previstas podrían anticiparse a todo este proceso. "Estudiaremos si es legal anticipar las licencias de derribo, especialmente la de la cárcel", anunció el primer edil, lo que podría dar lugar a que el centro que acogió a miles de presos políticos durante el franquismo fuera demolido ya el próximo mes de octubre.

MENOS VIVIENDAS, MÁS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Según el alcalde, la superficie de 170.000 metros cuadrados se convertirán "en un espacio de referencia del Madrid del siglo XXI", ya que el protocolo incluye un incremento del 55 por ciento del espacio reservado a los equipamientos públicos, que han pasado de los 38.000 metros cuadrados del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 a los 59.000 metros cuadrados del convenio actual.

En ese espacio se reservarán 40.000 metros cuadrados para la construcción de un hospital por parte del Gobierno regional, mientras que otra parcela de 2.000 metros cuadrados irá a la instalación de un equipamiento municipal, que podría ser una guardería, centro de mayores, bibliotecas o similares, si bien "deberá ser la Junta de Distrito la que decida porque es la que mejor conoce las necesidades de los vecinos", tal y como afirmó Gallardón.

En cuanto a los aprovechamientos lucrativos, es decir, la superficie reservada para pisos, el Ministerio ha accedido a reducir su superficie de los 129.125 metros cuadrados previstos en el PGOU hasta poco más de 88.000 metros cuadrados, de los cuales cerca de 20.000 se destinarán a la construcción de dependencias de la Administración Penitenciaria: una Escuela de Estudios Penitenciarios, la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, y la de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP).

En los otros 68.000 metros cuadrados se construirán 600 viviendas --un 50 por ciento menos de lo previsto en 19997--, de las que al menos el 30 por ciento tendrán algún tipo de protección pública. Además, se destinarán 23.000 metros cuadrados a zonas verdes, donde se ubicará una referencia histórica a la cárcel y un momento de homenaje a los represaliados por el franquismo y a los que fueron encerrados en la prisión de Carabanchel.

El resto de la parcela, unos 46.000 metros cuadrados, irán destinados a viario público para facilitar la integración del área con su entorno. El protocolo respeta los 14.000 metros cuadrados donde actualmente están la comisaría y el centro de internamiento de extranjeros, pero incluye el compromiso de devolver dichos terrenos al Ayuntamiento en forma de parcela dotacional en el caso de que estos equipamientos fueran reubicados.

AGRADECIMIENTOS A INTERIOR

Durante su discurso, Gallardón agradeció al Ministerio y a su titular "su disposición de reducir voluntariamente en más de un 30 por ciento los aprovechamientos lucrativos previstos inicialmente", lo que ha permitido el aumento de los terrenos reservados a otros fines.

"El PGOU de 1997 permitía al Ministerio haber hecho algo muy distinto, y aunque hay gente que desearía que todo fuera espacio público y dotacional, el Ministerio tenía derecho a más terreno para viviendas y ha renunciado a ello, algo que es de agradecer", apostilló el primer edil.

Además, tanto Gallardón como Rubalcaba tuvieron palabras de agradecimiento para el "protagonismo de los vecinos, que durante más de 15 años han aspirado a que se modificaran las condiciones urbanísticas previstas para este ámbito". "Aspiraciones que fueron recogidas unánimemente en el Pleno del Ayuntamiento de abril de 2005, donde se instaba a todas las partes, y especialmente a Interior, a aproximarse a las demandas ciudadanas", recordó el regidor.

Rubalcaba, por su parte, aportó el detalle emotivo al recordar que la cárcel tiene un importante significado tanto para él como para el alcalde. "Gallardón tuvo a su padre encerrado en esta cárcel y yo corrí muchas veces por delante pidiendo libertad, así que a ambos nos unen recuerdos de ese sitio horrible", indicó.

LOS VECINOS NO ESTÁN SATISFECHOS

Sin embargo, a las puertas del Ministerio, donde tuvo lugar el acto, se reunió una docena de vecinos que, tras ser desalojados anoche de la calle, donde pretendían realizar una vigilia de rechazo al acuerdo, protestaron al grito de 'Rubalcaba, Gallardón, especulación'.

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Bajo, Pedro Casas, explicó que "el convenio significa la constatación de un triunfo parcial de la lucha vecinal porque cuando nadie daba un duro por conseguir nada para esos terrenos, se ha conseguido que por lo menos una parte de los terrenos se destinen a un hospital, que exigimos que sea de gestión pública".

Sin embargo, los vecinos protestaron por las formas con las que se ha llegado al acuerdo, "sin participación vecinal a través de una comisión que el Pleno aceptó crear en 2005", y por el contenido, "inadmisible y moralmente reprobable que se especule con unos terrenos públicos expropiados a poco precio".

Asimismo, exigen que haya un espacio de recuerdo de esta cárcel simbólica por donde pasaron tantos presos políticos y comunes. "Exigimos que un trozo de la antigua cárcel se reconvierta en un centro de la memoria histórica y en un espacio para la paz donde se puedan hacer conferencias mundiales y cursos", concluyó Casas.

A pesar de que el acuerdo ya está firmado, los vecinos seguirán luchando "como se ha hecho durante los últimos 15 años" por conseguir que se incluyan sus reclamaciones en la actuación final en los terrenos, sobre todo porque recuerdan que en los distritos de la zona no hay sitio para hacer los equipamientos públicos que su medio millón de habitantes necesita.

De hecho, no descartan ponerse "delante de las máquinas cuando quieran derribar la cárcel para demostrar que no pueden tirar una parte, porque pertenece a la historia, que todos los españoles han sufrido mucho por su culpa y que no se puede derruir", tal y como avanzó el portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche, Julián Rebollo.

Además, escribirán una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que, "avalados por personajes del mundo de la política, de los sindicatos, de la cultura, etc", reclamarán que la cúpula central de la cárcel sea la que albergue ese centro para la paz. "Se ha aprobado recientemente una Ley de la Memoria donde se dicen muchas cosas pero luego no se hace nada, así que esperamos recibir una respuesta positiva", concluyó Casas.

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