El presidente del Tribunal defiende la condena de los acusados por "conducta reiterada" de desobediencia

Actualizado 05/01/2007 16:55:25 CET

Cree que se debería penar con nueve meses de inhabilitación y multa de 4.790 euros a cada uno de ellos porque no hay datos exculpatorios

BILBAO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal que juzgó el 'caso Atutxa', Pablo Sesma, defendió hoy, a través de un voto particular, su disconformidad con la sentencia absolutoria respaldada por los otros dos magistrados, Juan carlos Iturri y Javier Murgoitio. En su opinión, debería condenarse a los procesados por "conducta reiterada" de desobediencia al Tribunal Supremo al no cumplir la orden de disolver a Sozialista Abertzaleak.

En su escrito, Sesma considera que no hay datos que permitan "la exculpación" del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los que fueran miembros de la Mesa de la Cámara, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, porque no tuvieron voluntad de cumplir el auto del TS y estima que se les debía penar con nueve meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 4.790 euros a cada uno de ellos.

Tras recordar que los preceptos legales y criterios jurisprudenciales obligan al cumplimiento de las resoluciones judiciales, señala que los hechos han probado que "no cabe otra conclusión que emitir un pronunciamiento judicial condenatorio" ante "la contundencia de los acontecimientos enjuiciados".

En este sentido, afirma que "ni el Parlamento vasco, en general, ni los aquí acusados, en particular, estaban revestidos de potestad o competencia" para plantear "cuestión alguna que introdujera impedimento o controversia respecto a lo ordenado por el Tribunal Supremo".

"Los acusados debieron limitarse a cumplir lo acordado por el Tribunal Supremo, sencillamente porque así se lo imponía el deber previsto por los preceptos legales que más arriba han quedado reseñados", asevera.

El magistrado destaca que "la lectura simple de los hechos que han quedado probados evidencian que la desobediencia se produjo". "Es difícil imaginar mayor claridad, reiteración y contundencia en las órdenes emanadas del Tribunal Supremo. Estamos ante resoluciones múltiples, de contenido idéntico, que emplean expresiones tan inequívocas como 'disolución', 'sin demora', 'sin pretexto', 'sin consideración de clase alguna' y con 'apercibimiento' de proceder por delito de desobediencia", subraya.

En su opinión, "desoir tales requerimientos representa una conducta reiterada e injustificada de desobediencia a una orden judicial emitida por órgano competente". "No cabe pensar, por tanto, que los imputados estuvieran afectados por dudas, ignorancia, oscuridad, imprecisión o inconcreción alguna proviniente del Tribunal Supremo", indica.

Por ello, cree que se ha producido la desobediencia y que, así lo demuestran, las pruebas documentales "incontrovertibles que recogen las sucesivas resoluciones del TS". En este sentido, recuerda que "la primera reacción" de los acusados al conocer la orden del Supremo "fue negar que el Tribunal Supremo tuviera las facultades de ordenar la disolución del grupo parlamentario Batasuna" y que esta cuestión "sólo correspondía al Parlamento, sin que el Tribunal Supremo pudiera inmiscuirse".

"ENMASCARAR LA DESOBEDIENCIA"

A su juicio, de esta forma, se evidencia la postura que, "en todo momento, adoptaron los acusados, y que en los acontecimientos posteriores trataron de enmascarar bajo el argumento de supuestas imposibilidades de cumplir la orden judicial". "No se trata de exigir a nadie obediencias ciegas o irracionales, sino de exigir que todos cumplan la Ley y las órdenes claras y reiteradas que, para ello, se emiten", apunta.

Pablo Sesma cree que la resolución general de Presidencia del 5 de junio por la que la Mesa del Parlamento pretendía facilitar la disolución de Batasuna -y que fue rechazada por la Junta de Portavoces- fue el intento de dar apariencia de acatamiento a lo que realmente escondía una desobediencia", por lo que se incurrió a "un fraude de Ley".

Además, estima que los acusados no se podían amparar "en las lagunas" del Reglamento de la Cámara porque, si el Supremo ilegalizó a Batasuna, "la ejecución de la sentencia constituía título suficiente para disolver el grupo parlamentario".

Asimismo, recordó que el propio portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, advirtió ese mismo día por teléfono a Atutxa de que, al día siguiente, la Junta de Portavoces rechazaría la resolución de presidencia.

Por ello, manifiesta que "no puede detectarse factor alguno que permita exculpar a los acusados". "La conducta de los acusados, en su condición de parlamentarios, no se encuentra exenta del control por parte del Poder Judicial, puesto que en el ejercicio de sus cargos pueden incurrir en responsabilidad civil y penal", asevera.

Sesma afirma que "la resolución adecuada" debería ser la de condena para Atutxa, Knörr y Bilbao como autores de un delito de desobediencia.