Recalca que el jefe de Anticorrupción quería "ayudar a la buena marcha de la investigación"
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la 'operación Lezo'. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", ha enfatizado.
Así lo ha dicho el ministro a los medios de comunicación, en los pasillos del Senado tras contestar a las dos preguntas de control al Ejecutivo que le ha formulado la oposición en el Pleno de la Cámara. Catalá ha precisado que lo que hizo Moix, "como muy bien él dijo", fue manifestar a los fiscales que adentrarse en una "investigación del año 2001" relacionada con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González --en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes--, "cuando no trabajaba" en dicha Administración regional, podía "enturbiar" la operación.
Según el ministro, Moix tenía la intención de "ayudar a la buena marcha de la investigación" y ha reprochado que se esté "diciendo justo todo lo contrario". "Se está enturbiando la labor de un magnífico profesional de muchas décadas de servicio al derecho y a la ley", ha subrayado.
'REBELIÓN' EN ANTICORRUPCIÓN
El pasado martes, la mayoría del seno de la Fiscalía Anticorrupción se puso en contra de Moix, a consecuencia de la orden dada por el fiscal jefe de "desvincular cronológicamente" el registro en el domicilio de uno de los imputados en la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II.
Los dos fiscales adscritos al caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que si un fiscal recibe una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía".
Tras oír a sus colegas, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento --todos menos uno-- apoyaron a los compañeros de la 'Operación Lezo' y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el citado registro.
Por otro lado, Catalá ha destacado que el fiscal jefe Anticorrupción ha sido designado dentro de los "procedimientos establecidos", ya que fue propuesto por la Junta del Consejo Fiscal y posteriormente al Gobierno por parte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. A juicio del ministro de Justicia se ha puesto al frente de esta Fiscalía a un "buen profesional con muchos años de servicio".
"¿CUÁL ES LA PARALIZACIÓN?"
En el Pleno, el ministro de Justicia se ha remitido al comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado el pasado jueves en el que calificó de "falso" que Moix tratase de obstaculizar la 'Operación Lezo'. Para Catalá, las manifestaciones del fiscal jefe Anticorrupción y la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal se encuentra dentro del "normal funcionamiento de las instituciones".
"Hasta donde sé la Fiscalía formuló la acusación, ha solicitado las detenciones, las entradas en prisión y están en prisión y están detenidos las personas que han sido objeto de investigación. ¿Cuál es la paralización?", ha recalcado Catalá a la pregunta del senador socialista Tontxu Rodríguez sobre los intereses que defiende la Fiscalía General del Estado y Anticorrupción.
Catalá, que ha calificado a este departamento de "comprometido", ha afeado a los socialistas que están haciendo un "gravísimo daño a las instituciones" intentando "sembrar la duda" sobre la labor del Ministerio Público, algo que le parece "impropio".
Para Rodríguez, los "comportamientos" de los fiscales jefes demuestran que las "injerencias purgas y ceses de fiscales tenían unos palpables objetivos: favorecerles, ampararles y ahora sabotear las investigaciones policiales". "En cualquier país civilizado esto sería un tremendo escándalo", ha concluido.
