MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha desmentido que exista un boicot contra la huelga de jueces y fiscales convocada para este martes ya que el seguimiento de los paros no se lleva a cabo desde el Ministerio sino que compete al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de los datos recabados desde los tribunales superiores de justicia. El ministro ha indicado que, de hecho, están esperando que les remitan los datos acerca de cuántos jueces se han sumado a la huelga y cuantas vistas orales se han suspendido, aunque espera que la cifra sea la "menor posible" para minimizar el impacto en la ciudadanía. Responde así a las acusaciones planteadas por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria acerca de que el Ministerio de Justicia estuvo la tarde de ayer llamando a los secretarios de gobierno para prohibirles verbalmente que faciliten a los Tribunales Superiores de Justicia los datos relacionados con las actuaciones suspendidas para este martes, con el fin de "aminorar" los efectos de las mismas. El responsable de Justicia ha recordado que las asociaciones convocantes --cuatro de jueces y tres de fiscales-- tienen abierto un proceso de negociación y diálogo "desde hace meses" con reuniones de periodicidad casi semanal en las que se han planteado cerca de doscientas propuestas relacionadas con mejoras de las condiciones laborales, la mayoría de las cuáles se están negociando. También ha recordado que la aprobación esta semana en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 solventará algunas de las cuestiones planteadas de carácter económico. La nueva dotación permitirá, según ha dicho, la creación de 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, incrementar en un 50 por ciento el presupuesto para los edificios judiciales, dotar con 130 millones la informática de los juzgados y las fiscalías y abordar procesos de mejora en la Administración. Catalá ha apuntado que otras cuestiones planteadas por el colectivo como el fortalecimiento de la transparencia en los sistemas de designación del Consejo del Poder Judicial o la supresión de magistrados que designan los parlamentos autonómicos, se estudian ya en el proyecto de ley de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "Buena parte de las reivindicaciones tienen que ver con reformas de leyes que se están planteando en el Congreso, por lo que no es tanto una discrepancia de fondo (*) sino una cuestión de tiempos y confiamos que fruto del diálogo podamos abordar ese proceso de reformas y de mejoras que el Ministerio y el Gobierno comparten", ha agregado. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron la jornada de este martes para reclamar una mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, en el caso de los fiscales, entre otras cuestiones.
