Catalá destaca que la proliferación de casos de corrupción ante los tribunales demuestra que "el sistema funciona"

Rafael Catalá, en la clausura del III Foro de Justicia de El Norte de Castilla.
EUROPA PRESS

Confía en que el proceso de reformas legislativas esta legislatura se traduzca en una Administración de Justicia del siglo XXI

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado que la proliferación de casos de corrupción política y la puesta a disposición de los responsables ante los tribunales demuestra que "el sistema judicial funciona", a la vez que se ha felicitado por el proceso de reformas puesto en marcha por el Gobierno del PP y que espera concluir esta legislatura para conseguir alcanzar una "Justicia del siglo XXI'.

Así, Catalá, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado con humor que no tiene "ambición alguna" de ser recordado como el "padre" de una o otra reforma, sino que prefiere asumir el papel de "director de orquesta" de un sector, el de todos los profesionales implicados en la Administración de Justicia, interpretando de forma armoniosa una misma partitura.

En cualquier caso, el ministro, quien ha clausurado esta tarde en Valladolid el III Foro de Justicia de El Norte de Castilla, ha aprovechado para resaltar el esfuerzo del actual Gobierno en la "lucha minuciosa, exhaustiva e incansable" contra la corrupción, en referencia a la Ley de Financiación de Partidos, el Estatuto del Alto Cargo y la Ley de Transparencia aprobadas.

Pero además, la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio y que, entre otras medidas, incorpora la figura de la prisión permanente revisable, así como de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el compromiso de mantener la actual estructura de partidos judiciales, "en esa apuesta por la proximidad y cercanía al ciudadano", constituyen otros de los instrumentos con los que el titular de Justicia confía en poder sacar adelante antes de que finalice la actual legislatura.

Junto a esa nueva reglamentación, el ministro apuesta por una mayor dotación de medios humanos y materiales, en especial de la aplicación de las nuevas tecnologías, como las que a partir del 1 de enero de 2016 interconexionarán a todos los profesionales del sector con el objetivo de llegar a la "Justicia sin papeles".

EL MISMO "STATUS QUO" DEL MAPA DE TRANSFERENCIAS

En su intervención, Catalá ha reiterado igualmente su compromiso de suprimir las tasas judiciales de las personas físicas, "ante una nueva realidad económica, la de 2015, totalmente distinta a la de 2012", y en un claro ejemplo de "un Gobierno que escucha a los ciudadanos y a los profesionales de los distintos sectores", mientras que con respecto al proceso de transferencias de Justicia se muestra convencido del mantenimiento del actual 'status quo', es decir, el de un mapa en el que seguirán coexistiendo comunidades con competencias en la materia y otras aún dependientes de la Administración central.

De hecho, Catalá comparte la idea de que determinadas competencias, como la de Justicia, "no generan un valor añadido para el autogobierno de las CC.AA", de ahí su convicción de que aquellas autonomías que no las tienen aún transferidas no se plantean un cambio al respecto.

En su repaso de la actualidad, el titular de Justicia se ha mostrado partidario de la exigencia de dedicación exclusiva de los parlamentarios, aunque también ha apostillado que la decisión debe ser adoptada por las distintas cámaras.

"Yo tengo un régimen riguroso y me parece bien. La exigencia de dedicación exclusiva tiene todo el sentido, pero para ello tiene que haber las compensaciones correspondientes", ha zanjado.

Por último, sobre la polémica suscitada ante un supuesto intento de imponer sanciones a los medios de comunicación por filtraciones judiciales, el ministro asegura que lo único que ha planteado hasta la fecha es que en la actualidad se está tramitando en la UE una directiva sobre la presunción de inocencia, que estará aprobada al final del año, y que por tanto habrá que ver cómo se traspone al ordenamiento jurídico español.

"En la agenda del Gobierno hay suficientes reformas legislativas, y entre ellas no figura esta cuestión", ha sentenciado.