CUENCA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que los servicios jurídicos del Estado y la Fiscalía General estudiarán el anuncio de referéndum de independencia hecho este viernes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por si se pudiera tomar medidas en contra, aunque ha admitido que en principio sólo cabe impugnar "normas jurídicas".
"Esto ha sido una declaración de voluntad política que estudiaremos, pero no parece que, en sí mismo, constituya ninguna infracción jurídica susceptible de impugnación en este momento", ha resuelto el ministro.
Catalán ha asegurado que el Gobierno "hará cumplir la legalidad" y no se celebrará el referéndum anunciado, en declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de clausura de las Jornadas de Organización y Tecnología, auspiciadas por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, en Cuenca.
"Se puede reformar la Constitución", ha admitido, para indicar que ese proceso "deberá ser en donde reside la representación del pueblo, que es en las Cortes Generales, las que pueden poner en marcha un procedimiento de reforma constitucional".
En este punto, tras recordar que el Ejecutivo central ha invitado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que comparezca "donde están representados todos los partidos políticos" para que exponga "sus ideas, sus propuestas y que sean la totalidad de partidos políticos los que tengan esa ocasión de debatir", el titular de Justicia ha afirmado que no se trata de "una cuestión entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de la nación", sino que afecta "a todos los españoles".
Asimismo, ha calificado de "inimaginable" que, en un Estado de Derecho y democrático como es España "tengamos que pensar qué pasa cuando se incumple la ley". "La ley no se puede incumplir", ha espetado, para, a continuación, subrayar que el Tribunal Constitucional y el conjunto de tribunales de justicia "están ahí para garantizar que las leyes se cumplen".
A este respecto, Catalá ha indicado que la "fuerza del derecho que otorga a las instituciones" será la que garantice el cumplimiento de la Constitución y que "un atentado contra la Constitución no se puede plantear". "Si alguien lo pretende, todas las instituciones estarán ahí para cumplir con su misión, que es hacer cumplir la ley a todos", ha advertido, recalcando que "nadie está por encima de la ley".
