MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha hecho un llamamiento este lunes a mantener el impulso de la digitalización de la justicia a través del despliegue en el territorio del sistema judicial digital y de la inclusión de nuevos colectivos y organismos que están obligados a comunicarse en formato digital a partir del año que viene.
Durante su participación en la reunión de la Comisión para la Justicia digital, el ministro del ramo ha apelado a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas de cara a conseguir una transformación digital plena de la Justicia para el año 2020.
Catalá ha subrayado la necesidad de impulsar una Estrategia Nacional de Justicia que contemple además, la definición de un sistema de gestión procesal único para toda la administración, según informa Justicia en una nota.
Respecto a las comunicaciones electrónicas entre los profesionales de justicia y los órganos judiciales --y que hasta el 22 de septiembre sumaban un total de 50 millones a través del sistema LexNET-- ha destacado que están funcionando con normalidad por todo el territorio, donde también se han puesto en marcha experiencias piloto de comunicaciones electrónicas de cara al 1 de enero de 2017.
Catalá ha recordado que las comunicaciones electrónicas son sólo un eslabón del sistema de justicia digital que permite el tratamiento electrónico de los expedientes judiciales y que ya es una realidad en 23 partidos judiciales del territorio del Ministerio.
Está previsto que quede completada su implantación en todos los juzgados de las capitales de provincia y localidades más importantes del territorio Ministerio a partir de octubre, en un proceso que culminará en 2017 con su puesta en funcionamiento en los partidos más pequeños.
Se trata de un proyecto que cuenta con una partida de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia para proyectos tecnológicos. La sexta reunión de la Comisión para la Justicia digital ha contado con una mayor presencia de las comunidades autónomas con competencias transferidas, así como de representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
