MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado este jueves la necesidad de una apuesta por la innovación tecnológica en el mundo judicial para lograr una plena Justicia digital y ha enfatizado que la fecha fijada para la implantación del 'papel cero', el 1 de enero de 2016, "no es un punto final" sino "el primer paso".
Durante la inauguración del Foro 'Hacia una Justicia del siglo XXI: digital, abierta, innovadora y eficiente', celebrado en la Fundación Rafael del Pino, Catalá ha recordado que en los Presupuestos de su departamento para 2016 se contempla una partida de 64 millones de euros para la digitalización de la Justicia, lo que supone un incremento del 37% respecto a lo invertido en 2015.
Durante la charla, el titular de Justicia ha repasado algunos de los proyectos que se prevén para el futuro en materia de digitalización digital. En este sentido, ha abogado por un nuevo derecho procesal digital y una nueva relación de mayor proximidad, transparencia y apertura con el ciudadano ya que, según ha recordado, en el 2025 los nativos digitales supondrán el 75% de la población.
Sobre este último punto, el ministro ha abordado la posibilidad de que los eventos procesales se comuniquen mediante un SMS --un proyecto piloto que se ha iniciado ya en Albacete-- o la notificación a través de dispositivos móviles de los señalamientos y suspensiones de los juicios que se celebran en las oficinas judiciales del territorio del Ministerio, una medida que se pondrá en marcha en las próximas semanas.
El titular de Justicia ha repasado igualmente otras dos iniciativas en favor de la transparencia en el funcionamiento de los procesos judiciales como son la Sede Judicial Electrónica --a través de la que el ciudadano puede consultar vía web el estado de sus expedientes judiciales-- y el sistema de subastas judiciales electrónicas, que permitirá en unos días el acceso abierto y electrónico a la participación en este tipo de procedimientos.
También se ha referido el ministro a la posibilidad de notificación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, que evitará los desplazamientos al Registro Civil, una iniciativa que se pondrá en marcha el próximo día 15 en varios hospitales de diferentes comunidades autónomas y cuya implantación será gradual hasta final de año. Extender la oficina judicial y la oficina fiscal en todo el territorio del Ministerio a lo largo de 2016 ha sido otras de las medidas citadas por Catalá.
AHORRO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Durante el encuentro, Catalá también ha subrayado el ahorro que han permitido las medidas en materia de digitalización que ya se han puesto en marcha y ha hecho balance del Plan 2015 para la Aceleración de la Justicia en Entornos Digitales del que se cumplen ahora seis meses, poniendo el foco en sus principales líneas de actuación.
Tras recordar que la publicación a comienzos de esta semana de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha supuesto el impulso definitivo a las comunicaciones electrónicas en materia de Justicia, el titular de Justicia ha subrayado que, solo este año, la implantación de la presentación de escritos y demandas a través de la plataforma Lexnet ha supuesto un ahorro de unos 200 millones de euros.
Junto a la agilización de los procesos, el ministro ha subrayado la necesidad de contar con una gestión procesal tecnológicamente avanzada, en la línea del Expediente Judicial Electrónico (EJE) que funciona en la Audiencia Nacional y que actualmente se está terminando de implantar en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano judicial. Durante 2015, el EJE ha permitido ahorrar 5,5 millones de euros en los 18.415 asuntos incoados hasta la fecha, ha enfatizado el ministro, que ha indicado que en esta dirección se está trabajando también en los juzgados de lo Civil de Cuenca y el plan es desplegar este modelo en el resto de sedes judiciales durante 2016.
Catalá ha destacado asimismo el esfuerzo realizado para establecer las bases de la interoperabilidad entre todos los sistemas de gestión procesal que coexisten en el territorio nacional, y que ha permitido recientemente alcanzar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
