MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá hoy la propuesta de informe del anteproyecto legislativo sobre Eurojust en la que reclama que el órgano de gobierno de los jueces sea competente para nombrar al representante de España en este órgano de la Unión Europea con funciones de cooperación judicial.
El Pleno estudiará la propuesta, elaborada por los vocales Nuria Díaz y Fernando Grande-Marlaska, al anteproyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las Relaciones de este Órgano de la Unión Europea, de las Redes Judiciales de Cooperación Internacional y los Magistrados de Enlace, elaborada por
El texto que será discutido por la totalidad de los vocales del Consejo propone que el nombramiento del Miembro Nacional -el representante de España en Eurojust- se haga por el CGPJ y no por el Ministerio de Justicia, como mantiene el anteproyecto, en la medida en que se trata de cooperación judicial en materia penal y en el marco de la Unión Europea, donde la autoridad central no interviene.
Considera además que no resulta adecuado que la designación del miembro de la Autoridad Común de Control recaiga en el director de la Agencia Española de Protección de Datos y sostiene que el nombramiento debe corresponder también al Consejo del Poder Judicial para que elija al juez o magistrado que debe tratar con datos obtenidos en el seno de una investigación criminal.
Por último, la propuesta de informe plantea trasladar a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las normas reguladoras del régimen sancionador de la Carrera Fiscal, así como al Estatuto Básico del Empleado Público la previsión contenida en el artículo 15 del Anteproyecto, que regula el deber genérico de colaboración con Eurojust de los jueces y tribunales, los miembros del Ministerio Fiscal y todas las personas y entidades públicas y establece que la desatención a los requerimientos de la unidad será objeto de sanción disciplinaria.
Eurojust es una unidad integrada por fiscales, magistrados o policías, cedidos temporalmente por cada Estado miembro para apoyar y facilitar la adecuada coordinación de las autoridades judiciales nacionales responsables de las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada, así como para cooperar estrechamente con la Red Judicial Europea.
