Indica que el instructor Barreiro ha cometido un grave error en su valoración de los hechos
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El expresidente andaluz Manuel Chaves ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice el suplicatorio que éste órgano tiene previsto remitir al Congreso para poder seguir investigándole por un delito de prevaricación administrativa en la causa de los ERE fraudulento. Asegura que el magistrado instructor de su causa en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, parece "desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo" y ha cometido "un grave error" en su análisis de la conducta del exmandatario andaluz.
"Dicho sea con el máximo respeto y en estrictos términos de defensa, considerar que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente erróneo, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo", dice concretamente en un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press.
La defensa de Chaves asegura que los Proyectos de Ley de Presupuestos en los que se incluyeron las ayudas sociolaborales se llevaron a cabo siguiendo una escrupulosa tramitación parlamentaria por parte de una cámara en la que estaban representadas las distintas fuerzas políticas y con el control de una Oficina Técnica ideada con este fin.
Recuerda que ninguna de la Leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz entre 2002 y 2009 ha sido declarada inconstitucional.
Chaves alega también "desconocimiento" y precisa que nunca figuró como destinatario de los informes de advertencia remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la ilegalidad del sistema de financiación. Tenía una absoluta y acreditada "falta de conocimiento" sobre ellos y su contenido.
El expresidente andaluz insiste en que todas modificaciones presupuestarias se aprobaron "respetando escrupulosamente todo el procedimiento establecido" y contando con los preceptivos informes.
El escrito recuerda que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tienen plena legitimidad para aprobar modificaciones presupuestarias y asegura que la exposición razonada redactada por el magistrado Alberto Jorge Barreiro está "huérfana" de una mínima valoración sobre cúal habría debido ser la forma correcta de proceder.
HABÍA MÁS DE 1.000 MODIFICACIONES
Así, el escrito menciona que en su declaración ante Barreiro, Chavez destacó que no podía recordar cuales fueron las modificaciones presupuestarias relacionadas con las ayudas sociolaborales dado que eran muy elevadas. "Había más de 1.000 modificaciones presupuestarias".
"En su condición de presidente de la Junta de Andalucía Chaves se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y todos los informes favorables", indica.
También acusa a Barreiro de basarse en "apreciaciones subjetivas" en su calificación de los hechos y utiliza una de las frases empleadas por el instructor en su exposición razonada para advertirle que sus conclusiones "se oponen a las reglas de la lógica de lo razonable y abocan a una situación que linda con lo absurdo y lo inexplicable".
