Actualizado: viernes, 15 septiembre 2017 16:46

La acusación popular califica de "despropósito" la decisión de la Audiencia y dice que llegará a Estrasburgo si es preciso

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en el caso Bankia, ha anunciado este viernes que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de librar del banquillo de los acusados en el caso Bankia a ocho directivos que se encontraban al frente de la CNMV y del Banco de España (BdE) en el momento de la salida a bolsa de la entidad en 2011. Entre los que se encuentran los que fueran gobernador y subgobernador del organismo regulador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Javier Aríztegui.

La resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional únicamente revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala atribuye ahora responsabilidad penal.

Desde la CIC aseguran haber recibido esta decisión con "estupor" y el abogado del caso "Andrés Herzog" ha calificado la resolución de la Audiencia Nacional de "un escándalo y un despropósito jurídico", toda vez que este mismo órgano judicial fue el que el pasado mes de febrero determinó --respondiendo también a un recurso de la CIC--que existían "indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV".

Para esta parte, el "sorprendente" cambio de criterio de la Audiencia Nacional no está fundado en ningún hecho nuevo producido con posterioridad a la tajante afirmación, pues desde la citada fecha no sólo no han desaparecido esos indicios delictivos sino que se han visto reforzados, con la declaración del que fuera inspector jefe del Banco de España destacado en Bankia, José Antonio Casaus y con la aportación del último informe pericial elaborado por los peritos judiciales

Para Herzog resulta muy llamativo y sorprendente que la misma Sala que en el mes de febrero calificó a los correos electrónicos del inspector Casaus "acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados" de "demoledores", y a su contenido de "explícito" y "altamente significativo, del alcance, extensión y claridad de tal advertencia" decida ahora ignorarlos, sin hacer prácticamente mención a los mismos.

Por su parte, Gonzalo Postigo, Presidente de la CIC se ha referido al voto particular de la magistrada Clara Bayarri, quien discrepa de sus compañeros y piensa que los exdirectivos deberían ser juzgados.

En su opinión, la magistrada "deja en evidencia la resolución", que solo puede explicarse desde un prisma que nada tiene que ver con el Derecho, en la cual la Audiencia Nacional se enmienda a sí misma y queda en evidencia. Si es preciso llegaremos hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o a Estrasburgo para reclamar justicia.

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