Ciudadanos da un plazo de 10 días para que el Gobierno exija los 3.000 millones fruto de la amnistía fiscal

 
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Ciudadanos da un plazo de 10 días para que el Gobierno exija los 3.000 millones fruto de la amnistía fiscal

Ignacio Aguado
EUROPA PRESS
Publicado 20/11/2016 13:58:29CET

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado que establecen un plazo de 10 días "para que el Gobierno exija el pago de las deudas pendientes, fruto de la amnistía fiscal, que ascienden a 3.000 millones de euros".

Aguado ha apuntado que esta exigencia queda recogida en el pacto de investidura que el PP firmó con su formación. También ha expresado la sensación de "no estar avanzando lo suficiente" en la nueva legislatura y en los Presupuestos ya que "el PP aún no tiene definido el equipo negociador para poder sentarnos cuanto antes".

El dirigente de C's ha asegurado que su primera exigencia será "que se acaben los recortes". En contrapartida a la política de recortes ha detallado que algunas de sus propuestas serán el complemento salarial destinado "a los 7 millones de trabajadores pobres que existen en España", la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o la gratuidad de los libros de texto. "Queremos ver cómo se traslada las exigencias de C's recogidas en el acuerdo de investidura a los hechos".

Además, ha recordado que el PP "deberá dar la cara, ya no es un Gobierno en funciones que puede optar por no comparecer", en cada sesión de control. En este sentido, Aguado ha declarado que la próxima semana preguntarán al presidente del Gobierno "acerca del empleo, de la precariedad laboral y de las medidas que va a tomar para reducirla al máximo".

"Esperamos que la dualidad del mercado laboral desaparezca, tal como ha propuesto la UE mediante sentencias de tribunales europeos. Pretendemos que no haya trabajadores de primera y de segunda, y confiamos en que PP y PSOE estén de acuerdo con nosotros", ha manifestado.

RITA BARBERÁ

Aguado ha señalado que, la declaración de Rita Barberá en el Tribunal Supremo evidencia que "hay indicios de que se ha podido cometer alguna regularidad" y que, al no haberse puesto aún en marcha las reformas que proponía su formación, como eliminar aforamientos, "los políticos siguen disfrutando de determinados privilegios, como el de comparecer ante el Tribunal Supremo en lugar de los tribunales ordinarios como haría cualquier español con una cita con la justicia".

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