Rivera precisa que quienes deberían votar son los jueces y no las asociaciones judiciales
MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para que los jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por jueces y magistrados, sin la intervención de las Cortes.
En la iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Justicia, el grupo parlamentario 'naranja' insta al Gobierno a "impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados".
La Constitución establece que el CGPJ está integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey, de los cuales cuatro se designan a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Los doce vocales restantes deben elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, "en los términos que establezca la ley orgánica", según dice la Constitución. Pero las sucesivas reformas de la ley orgánica del Poder Judicial han mantenido que todos los vocales, incluidos los doce de origen judicial, acaben siendo elegidos por las Cortes Generales.
LA ÚLTIMA PALABRA, SIEMPRE EN MANOS DE LAS CÁMARAS
En la exposición de motivos, el partido naranja señala que lo que ha ocurrido es lo que ya advirtió el Tribunal Constitucional, que avisó del "riesgo" de que el Congreso y el Senado "atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos".
Ese es el motivo por el que propone reformar el sistema de designación de los vocales del CGPJ, con el fin de "salvaguardar su independencia frente al resto de poderes del Estado".
En rueda de prensa en la Cámara Baja, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado que su partido cree en "la separación de poderes" y defiende "una Justicia despolitizada". Además, ha precisado que los doce vocales de origen judicial deberían ser elegidos "por todos los jueces y magistrados", no por las asociaciones.
REUNIÓN CON ORGANIZACIONES QUE COMBATEN LA CORRUPCIÓN
Rivera ha destacado que esta modificación en el sistema de elección --incluida en el pacto de investidura que el PP y C's firmaron en agosto-- es una de las reformas que habría que llevar a cabo para poder mejorar la lucha contra la corrupción.
Precisamente, este miércoles se ha reunido en el Congreso con representantes de la Fundación Hay Derecho, la Fundación Civio, Change.org, Politikon, Acces Info Europe, +Democracia, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales y Foro por la Transparencia.
También han asistido el vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes; la portavoz de C's en la Comisión de Justicia, Patricia Reyes; y el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, Toni Cantó.
Rivera ha agradecido a las distintas organizaciones que hayan aportado ideas para la proposición de ley que Ciudadanos registró en el Congreso el pasado 15 de septiembre sobre una Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.
QUE LA CORRUPCIÓN DEJE DE SER UN PROBLEMA
"Ahora toca tramitarla y defenderla en un debate de totalidad", ha afirmado, expresando su deseo de que, tras incorporar posibles enmiendas de otros grupos parlamentarios, se pueda aprobar "cuanto antes" esta "ley transversal" que actuaría como "un obús en la línea de flotación de la corrupción".
Según ha detallado, los objetivos de esta iniciativa son tres: "desmentir el mito de que la corrupción es algo intrínseco a España", restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y conseguir que la corrupción deje de ser el segundo problema que más preocupa a los españoles.
La proposición de ley plantea proteger a quienes denuncian la corrupción, crear una Autoridad Independiente de Integridad Pública, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, prohibir los indultos a los condenados por delitos de corrupción y eliminar los plazos máximos para la instrucción penal.
Asimismo, propone establecer la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos por los delitos que hayan cometido sus empleados o cargos orgánicos en el ejercicio de sus funciones, garantizar la independencia de los funcionarios de la Administración Local y prohibir que los encausados por corrupción ocupen cargos públicos o concurran a elecciones, entre otras medidas.
