El Pleno del Congreso aprobará mañana una prórroga para que los grupos puedan investigar durante seis meses más
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ha constatado este martes su malestar por la decisión de la Audiencia Nacional de no remitirle el grueso de la documentación sobre los casos que afectan al partido del Gobierno y ha acordado pedir a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que medie para que este órgano jurisdiccional reconsidere esa negativa y se pueda articular un método garantista para que los comisionados la puedan consultar.
En concreto, los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión, han facultado a su presidente, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para que se reúna con Pastor y le urja a trasladar su queja a la Audiencia Nacional. Esta decisión se ha adoptado con la oposición del PP, que fue el único partido que saludó la decisión de los jueces, y que tiene recurrida esta comisión ante el Tribunal Constitucional.
Quevedo ya mantuvo una primera reunión con la presidenta del Congreso cuando la Audiencia hizo pública su decisión el pasado 29 de noviembre y, ahora, ya con el aval de la comisión, volverá a hablar con ella para asegurarse de que su protesta llega hasta la sede judicial.
De recoger el guante, Pastor tendrá que dirigirse al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ya que la interlocución con la judicatura debe hacerse a través del también máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
NECESARIA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
La oposición quiere que Pastor proteste tanto por el fondo de la decisión como por "las formas" utilizadas por la Audiencia, ya que la comisión se enteró por la prensa de su negativa a remitirle documentación.
Quevedo ha explicado a Europa Press, que la comisión considera que la "discreción" suele ayudar en estos casos y que su intención es que Pastor convenza a los magistrados de la necesidad de establecer cauces para la "colaboración institucional" entre los dos poderes.
En este sentido, demanda se respete el trabajo de este órgano y su "dignidad" y se busque una fórmula "garantista" para que los comisionados puedan tener acceso a los informes que hasta ahora ha negado la Audiencia.
Además de solicitar a Pastor que haga las citadas gestiones, la comisión ha acordado también dirigirse a los servicios jurídicos del Congreso para que estudien la posibilidad de que la Cámara plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si la Audiencia no reconsidera su posición.
Asimismo, la Mesa y los portavoces de la comisión han decidido someter a votación en la próxima reunión de este órgano la posibilidad de que algunas de las próximas comparecencias se puedan celebrar a puerta cerrada para que los comparecientes puedan hablar con mayor libertad sobre los temas que consideren más delicados.
Esta opción ya se barajó hace unas semanas cuando compareció el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, quien rehusó contestar a muchas preguntas alegando que hacerlo podría interferir en investigaciones judiciales abiertas.
TRAS LOS PERIODISTAS, LOS EMPRESARIOS
De momento, la próxima sesión de la comisión se ha programado a puerta abierta para el próximo 23 de enero, cuando están citados dos periodistas: el exdirector de 'El Mundo', ahora de 'El Español', Pedro J Ramírez y el especialista en información de Interior Óscar López Fonseca. Para poder celebrar esa sesión la Mesa del Congreso debe habilitar a la comisión a reunirse en enero, ya que es un mes inhábil a efectos parlamentarios.
Además, la comisión ha acordado solicitar una prórroga de seis meses para poder continuar su investigación, una ampliación de plazo que será aprobada este mismo miércoles por el Pleno del Congreso. El primer plazo para sus trabajos vencía el 11 de febrero y será a partir de esa fecha cuando empiece a contar ese semestre 'extra'.
En febrero la oposición tiene previsto citar, en primer lugar, a empresarios que habrían donado dinero al PP o se habrían beneficiado de las concesiones de obra pública. Y ya en un último bloque de comparecencias, se pretende llamar a exdirigentes y dirigentes del PP, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
