La comisión de investigación de Móstoles concluye que no se cometieron ilegalidades al contratar con Cofely

Publicado 16/01/2015 11:57:41CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Especial de Investigación creada en el Ayuntamiento de Móstoles para esclarecer lo sucedido en relación a la supuesta trama de corrupción Púnica ha terminado sus trabajos concluyendo que el Consistorio "no ha cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad" en la adjudicación del Contrato Mixto de Suministros y Servicios Energéticos con la empresa Cofely.

Según ha explicado el primer teniente de Alcalde, concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno, Alberto Rodríguez de Rivera, "de las 24 intervenciones realizadas por los comparecientes no se ha tenido conocimiento de ninguna negociación previa a la licitación para que existiera trato de favor a ninguna empresa".

Además, ha afirmado que a tenor de las conclusiones de la comisión, que se produjo tras la renuncia de Alejandro de Utrilla como concejal por ser el responsable del área de haber contratado con Cofely, "en la tramitación administrativa del proceso de contratación, en sus diferentes fases, tanto la preparatoria como en la de adjudicación, se ha cumplido la legislación vigente, sin que se aprecie ninguna irregularidad".

En ese sentido, ha añadido que "en los diferentes procedimientos administrativos aludidos, sólo han sido partícipes aquellas personas pertenecientes o responsables de las áreas o departamentos competentes en la tramitación administrativa".

Además, ha apuntado que "conforme a la declaración de la técnico responsable de la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas, no se ha producido ninguna intromisión o influencia en su trabajo que supusiera modificación o alteración de sus propios criterios a la hora de redactar dichos pliegos".

Según ha indicado el Consistorio, las conclusiones señalan que "la adjudicación del contrato a la empresa Cofely España obedece a la exclusión de las otras dos empresas licitadoras por errores propios cometidos en la presentación de sus ofertas económicas que las convertían en invalidantes y no subsanables, sopena en el supuesto contrario de incurrir en vulneración del principio de igualdad que implicaría el menoscabo en los derechos de terceros".

Así, exponen que "a la luz de las valoraciones técnicas, si hubieren presentado correctamente sus ofertas, sin la existencia de errores que implicaban indeterminación o posible confusión en cuanto al precio ofertado el adjudicatario del contrato hubiera sido otra empresa", indican.

"En consecuencia con lo anterior se deduce que en el ámbito de la Administración Municipal no se ha producido ninguna irregularidad y por tanto no es achacable la existencia de responsabilidad en la cadena jerárquica en virtud de las delegaciones conferidas", concluyen.

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