MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Compromís ha remitido una carta a los portavoces de Justicia de todos los partidos de la oposición, que el pasado 16 de mayo reprobaron en el Pleno del Congreso al ministro de Justicia, Rafael Catalá, solicitándoles la adopción de medidas políticas concretas para intentar que esa censura tenga efectos.
La misiva, firmada por el portavoz de Justicia de la formación valenciana, Enric Bataller, apunta a la posibilidad de impulsar una reforma del Reglamento de la Cámara para "visibilizar las consecuencias políticas derivadas de una reprobación ministerial, dentro de los márgenes constitucionales vigentes".
Según ha explicado Bataller a Europa Press, una de las medidas que contempla su formación para esa futura reforma es obligar al presidente del Gobierno a comparecer en un Pleno monográfico tras la reprobación de cualquier miembro de su Gabinete, para que "dé la cara" y explique ante la Cámara que le ha censurado si piensa cesar o no al reprobado.
FORZAR A RAJOY A COMPARECER EN PLENO
Conscientes de que una reforma del Reglamento del Congreso lleva su tiempo, desde Compromís no descartan que, como medida más inmediata, los grupos de la oposición se unan para solicitar la convocatoria de esa sesión monográfica para forzar a Rajoy a pronunciarse sobre la reprobación a Catalá, que también incluía una censura al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al ya dimitido fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix.
En su misiva, Bataller recuerda que aquella reprobación a Catalá por su "injerencia en la labor de jueces y fiscales y a favor de miembros del PP investigados por la Justicia, salió adelante con 207 síes y 134 noes. Sin embargo, remarca, "ni el presidente del Gobierno ni el ministro reprobado han mostrado hasta el momento la menor intención de extraer las debidas consecuencias políticas" lo que, a su juicio, supone un "menosprecio a la voluntad del Congreso que, de prolongarse podría ahondar en un contraproducente descrédito institucional".
El portavoz de Justicia de Compromís explica que, a diferencia de la Constitución republicana de 1931, que contemplaba que los ministros respondían tanto "solidaria como individualmente" de su gestión ministerial, en la Carta Magna vigente sólo habla de responsabilidad "solidaria" lo que, desde su punto de vista, "no exime a los miembros del Gobierno de dar cuenta acerca de su actuación".
