La Comunidad de Madrid retirará las competencias urbanísticas a los municipios que incumplan "gravemente" la ley

Actualizado 05/07/2007 21:10:59 CET

Prohíbe los 'graffittis' en fachadas bajo sanción de 300 a 6.000 euros y limita las nuevas construcciones a tres alturas más ático

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid retirará las competencias urbanísticas temporalmente a aquellos municipios que incumplan "gravemente" la ley en casos "muy excepcionales" y previa audiencia del Ayuntamiento en cuestión, de informe favorable del Consejo de Estado y de acuerdo de la Asamblea, según figura en el proyecto de ley de medidas urgentes aprobado hoy por el Consejo de Gobierno.

La norma establece además que los avances de los nuevos planeamientos urbanísticos deberán ser objeto de un Informe de Impacto Territorial, a emitir por el Gobierno regional, que valorará la influencia del desarrollo local que se propone sobre el conjunto de la región en términos, fundamentalmente, de movilidad, dotaciones, infraestructuras y servicios.

El texto también limita las nuevas edificaciones a tres alturas más ático, aunque permite a los ayuntamientos autorizar construcciones más altas cuando sean "singulares" y se den "circunstancias especiales debidamente acreditadas"; prohíbe la celebración de convenios urbanísticos que generen cargas u obligaciones frente a terceros que condicionen el planeamiento; y suprime la figura del agente urbanizador en la región.

Igualmente, impide con carácter general hacer 'graffittis' sobre fachadas y elementos de la vía pública bajo sanción de 300 a 6.000 euros, aunque autoriza a los ayuntamientos a poder acotar espacios concretos para hacer estas pintadas "siempre que no perjudiquen al entorno urbano ni a la calidad de vida de los ciudadanos".

Así lo anunció en rueda de prensa el vicepresidente primero y portavoz autonómico, Ignacio González, quien aseguró que este proyecto de ley, que pretende aprobarse en el Pleno del Parlamento regional del 25 de julio, no supone que el Gobierno regional "renuncie" a elaborar una nueva Ley del Suelo y justificó su urgencia para "evitar que se sigan produciendo desarrollos urbanísticos" que puedan ser "objeto de mucha discusión" como ocurrió en la legislatura recién concluida.

Esta especie de ley 'escoba' contempla, además, otras medidas no ligadas al urbanismo, aparte de la sanción de 'graffittis' como el soterramiento de líneas de alta tensión, la agilización de obras hidráulicas, y la participación de la comunidad autónoma en la gestión de servicios estatales como el tren de Cercanías y los aeropuertos.

LOS VICECONSEJEROS, TAMBIÉN DIPUTADOS

Asimismo, la norma otorga la denominación de 'consejero' de forma "exclusiva" a los miembros del Gobierno autonómico, lo que evita por ley tentaciones futuras como la intención inicial del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de llamar consejeros a los miembros de su Junta de Gobierno, un planteamiento que rectificó tras ser rechazado por su compañera de partido Esperanza Aguirre, quien consideraba que la medida podía confundir a la ciudadanía.

A partir de la entrada en vigor de este proyecto normativo los viceconsejeros de la Comunidad de Madrid podrán, además, ser diputados y su figura administrativa será "equiparada" a la de los secretarios de Estado del Gobierno de la Nación.

RETIRADA DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

Respecto a la retirada de competencias municipales que el Gobierno regional se reserva con esta ley, González dijo que esta medida será "transitoria" y se adoptará en casos "excepcionales", y advirtió que otras comunidades autónomas ya pueden ejercer esta posibilidad legal, como es el caso de Andalucía, que ha podido intervenir, así, el Ayuntamiento de Marbella.

En este punto, el portavoz autonómico apuntó al caso de Aldea del Fresno, donde un juez retiró las competencias urbanísticas al alcalde por un "incumplimiento de la normativa flagrante" y que, sin embargo, no pudo ser objeto de intervención alguna por parte de la Comunidad de Madrid.

Mientras, precisó que nuevo el Informe de Impacto Territorial tiene como objetivo que "el planeamiento que se hace desde un municipio tenga en cuenta a la Comunidad y al revés, para evitar que crecimientos desmesurados de un solo municipio puedan producir colapsos o afecciones al resto de las infraestructuras o servicios de toda la región".

"Se trata de evitar que se ponga en marcha, como hasta ahora ocurre, un planeamiento urbanístico que no conoce nadie del que se empiecen a derivar compromisos frente a terceros, por eso prohibimos también los convenios, y que luego eso no pueda ir adelante porque planteee problemas desde el punto de vista de las infraestructuras de transporte, hidráulicas, de equipamientos...", concluyó el 'número dos' del Gobierno de Esperanza Aguirre.

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