Concejales de Carmena acuden a la protesta contra la corrupción frente a la sede del PP

Protesta frente a la sede del PP por la corrupción
EUROPA PRESS
Publicado 25/04/2017 21:16:44CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Haciendo da del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y las concejalas Yolanda Rodríguez y Montserrat Galcerán, todos de Ahora Madrid, han acudido este martes a la calle Génova para protestar frente a la sede del Partido Popular por los casos de corrupción vinculados a la formación de Mariano Rajoy.

La 'cacerolada' ha reunido a más de un millar de personas y fue convocada este pasado lunes, coincidiendo con la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, después de que su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ingresara en prisión por el supuesto saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II.

Los manifestantes, encajonados en la acera de los números pares de la calle Génova, intransitable por la aglomeración de personas, han gritado consignas contra la corrupción en el PP como 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'No es un partido, es una mafia'.

A las 21.00 horas, la citada calle madrileña se mantenía abierta al tráfico rodado, y la ruidosa protesta se desarrollaba sin incidentes, aunque ha explotado algún petardo. Siete furgonetas de la Policía Nacional apostadas junto a la sede del PP protegían el edificio, vallado y custodiados por agentes que han impedido el tránsito de peatones a su alrededor.

Los ediles de Ahora Madrid Sánchez Mato, Rodríguez y Galcerán, vinculados a la corriente de Ganemos, han coincidido en la 'cacerolada' con diputados autonómicos de Podemos como Hugo Martínez Barca o del Congreso como el gallego Antón Gómez Reino, de En Marea. También ha acudido Héctor Juanatey, que ha llevado la comunicación digital del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

PROTESTA SIN ORGANIZADORES

Bajo el lema 'Que se disuelvan y entreguen la pasta. El PP no es un partido, es una banda', la convocotaria comenzó a difundirse a través de las redes sociales de internet, contando con el apoyo de dirigentes de Podemos e Izquierda Unida. La 'cacelorada' no tiene organizador conocido, y tampoco ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid, por lo que los asistentes podrían ser multados por la Policía.

La sanción administrativa por acudir a este tipo de concentraciones no autorizadas, siempre y cuando superen los 20 participantes, suele ser de unos 600 euros. Según han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, en este caso, como en los similares, los agentes procederán a la filiación de los manifestantes, que pasarán la respectiva propuesta a la Delegación.

Además, la reformada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza' abre la mano a sanciones más importantes dependiendo lo que ocurra. Así, sería una infracción grave, sancionada entre 600 y 30.000 euros la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran supuestos como la falta de comunicación a la Delegación del Gobierno, como este es el caso.

OTRAS CACEROLADAS

En 2013, cuando estalló el 'caso Bárcenas' y salieron a la luz los supuestos sobresueldos en la cúpula del partido, las redes sociales de internet también fueron utilizadas para convocar protestas similares frente a la sede del PP.

En aquellas ocasiones, con Cristina Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, un amplio dispositivo cortó al tráfico y restringió el acceso en toda la calle Génova y aledaños para impedir que los manifestantes se aproximaran al número 13 donde los populares tienen su sede nacional.

La 'cacerolada', una forma de protesta que se popularizó en Argentina y donde los manifestantes muestran su descontento haciendo ruido, también ha sido utilizada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a la sede del Partido Popular, como sucedió el año pasado, cuando el PP rechazó la ley de emergencia habitacional y cortes de suministros aprobada en el Parlament de Cataluña.

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