Condenada a 7 años de cárcel la cómplice francesa del atentado de Rosas

Actualizado 13/10/2008 23:55:35 CET

PARIS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Especial de lo Criminal de París condenó hoy a siete años de cárcel a Laurenxa Beyrie, la etarra francesa acusada de complicidad en el atentado con coche-bomba que costó la vida al Mosso d'Esquadra Santos Santamaría el 17 de marzo de 2001 en Rosas (Girona). Beyrie ya fue condenada en febrero de 2007 a diez años de reclusión por asociación de malhechores con fines terroristas.

Durante la tercera y última jornada del juicio, el fiscal Christophe Teissier había pedido esta mañana una pena de entre 15 y 18 años de cárcel para Beyrie. El magistrado juzgó los hechos "de una gravedad extrema" y consideró probada la pertenencia de la acusada al aparato militar de la banda terrorista ETA alegando que Beyrie mantenía contactos regulares con los entonces jefes de la cúpula militar Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, detenidos en Francia en 2002.

Además, puso de relieve que la acusada, acompañada de Múgica Goñi, entregó "con todo conocimiento de causa" en Perpiñán a los autores materiales del atentado el Ford Escort cargado de explosivos que ETA hizo estallar en el hotel Montecarlo de la ciudad catalana.

Teissier dedicó asimismo parte de su requisitoria a desmontar ante el Tribunal el argumento esgrimido tanto por Beyrie como por la defensa de que su implicación en los hechos deriva únicamente de las confesiones realizadas "bajo tortura" por Eider Pérez Aristizabal y Aitor Olaizola Baseta, quienes tras su detención en relación con el atentado de Rosas confesaron reconocerla como la persona que trasladó el vehículo hasta Perpiñán.

La tercera jornada de la vista contra Beyrie comenzó con las declaraciones de los testigos de la defensa, entre ellos un viticultor del País vasco francés amigo de la familia de la acusada que defendió el "compromiso" de la activista de ETA y denunció la "criminalización" de los militantes nacionalistas.

A continuación testificó Mikel Soto Velasco, detenido en 2003 por su presunta implicación en el asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica, y puesto en libertad dos años después, quien hizo un detallado relato de las "torturas" a las que fue sometido durante su detención en las dependencias de la Guardia Civil en Madrid.

El último testigo de la defensa, Aiert Larrante Aldasoro, abogado de una ONG de ayuda a los presos, criticó que "las denuncias de tortura se archiven automáticamente" y que durante el "régimen de incomunicación se anule el derecho" a que el detenido cuente con "un abogado de confianza".

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies