Ciudadanos y Compromís rechazarán el régimen foral, lo que supone un 10% de la Cámara
MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso aprobará este jueves los proyectos de ley de renovación del concierto económico con Euskadi y del cupo vasco que el Gobierno del PP negoció con la Lehendakaritza. Eso sí, esta vez tendrá menos apoyos que nunca, puesto que, por primera vez, al menos un 10% de la oposición rechazará el régimen foral.
En concreto, tanto Ciudadanos como la coalición valenciana Compromís han anunciado su voto en contra, lo que supone un rechazo de 36 diputados. Pese al 'no' de ambas formaciones, la aprobación de los proyectos de ley está garantizada puesto que, además del PP y del PNV, al acuerdo sumará al PSOE, que gobierna en coalición con los nacionalistas vascos, y a Unidos Podemos.
Este martes, el Pleno del Congreso aprobó la tramitación directa y en lectura única de ambos proyectos, lo que supone que todas las fases parlamentarias se sustanciarán en un solo debate en la sesión plenaria.
Ciudadanos y Compromís rechazaron este trámite exprés, pero también hubo otros tres diputados que optaron por la abstención: el diputado valenciano de IU, Ricardo Sixto, en protesta por el retraso en resolver la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana; Oskar Matute, el único diputado presente de Bildu; y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.
Tras su aprobación, el Congreso enviará ambos proyectos al Senado, donde se debatirán y aprobarán definitivamente en el Pleno de la próxima semana, previsiblemente el miércoles, según confirmaron fuentes parlamentarias.
EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN SE HA QUINTUPLICADO
La última vez que el Congreso avaló la financiación especial del País Vasco fue en 2014, cuando se renovó la Ley del Concierto. En aquella ocasión sólo fueron siete los diputados que votaron en contra, esto es, un 2% del hemiciclo: los cinco de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y dos del PP --entre ellos el entonces portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso--, aunque en su caso fue por error.
Cinco años después, y en vísperas de un debate de financiación autonómica que parte de posiciones muy enconadas, el número de diputados de la oposición que dirán 'no' al concierto y al cupo vascos se quintuplicará, hasta los 36 que suman Ciudadanos y Compromís.
Ciudadanos fue el primero en anunciar su rechazo al concierto y al cupo vascos y avanzó que presentaría sendas enmiendas para tratar de tumbarlos, por considerar que "alimentan el agravio comparativo" con las comunidades de régimen común.
Las enmiendas serán debatidas este jueves en el Pleno con la participación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero serán rechazadas. Dada la "especial naturaleza" del concierto y el cupo vascos, el Congreso no puede introducir modificaciones en su redacción, es decir, sólo se puede aprobar o rechazar pero no cambiar parcialmente.
Pero los de Albert Rivera no serán los únicos que desecharán los proyectos. También lo hará Compromís, en su caso como acto de "rebeldía" contra el Gobierno. La formación valenciana no está en contra de este sistema de financiación vasco, pero cree "indecente" que el Ejecutivo prime a Euskadi frente a comunidades "maltratadas", como la Comunidad Valenciana, sólo para garantizarse un apoyo a los Presupuestos y asegurarse, por tanto, "una año más en La Moncloa".
1.300 MILLONES AL AÑO
La ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones. La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco, variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.
Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.
Finalmente, las dos partes pactaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del citado Cupo: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.
Según garantizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ambas leyes estarán aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, tal y como pactaron en su día con el Gobierno vasco del PNV.
