El texto incluirá el mandato al Gobierno para que reforme la Ley de la Carrera Militar y el Código Penal Militar
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados dará mañana luz verde definitiva --con los votos favorables al menos de PSOE y PP-- el Proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Militares, que crea el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar y regula la actividad de las asociaciones profesionales. Además, incluye sendos mandatos al Gobierno para que reforme la Ley de la Carrera Militar y el Código Penal Militar.
El proyecto de ley llega a la Cámara Baja tras su paso por el Senado, donde fue aprobada por unanimidad. Este apoyo total podría repetirse mañana, ya que en su primer paso por el Congreso sólo se abstuvieron CiU y UPyD, y los nacionalistas catalanes ya anunciaron su apertura a votar favorablemente si se admitían algunos cambios en la Cámara Alta, como así ocurrió.
Según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, mañana se hará una votación separada de una de las enmiendas que se introdujeron en el texto en el Senado y que modifica el artículo 13 sobre el derecho de manifestación de los militares. En concreto, eliminó la prohibición de que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan "organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo", tal y como se recogía en el texto que salió del Congreso.
La enmienda introducida en la Cámara Alta --presentada por CiU y aprobada con el apoyo del PP-- sólo establece que los militares no pueden asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario, ni portando armas, en cumplimiento de las exigencias de neutralidad propias de la condición de miembro de las Fuerzas Armadas", y no menciona la "condición de militar" ni especificar el carácter "reivindicativo" de la manifestación.
La nueva redacción mantiene, en cualquier caso, parte de la redacción del punto 1 del artículo 13, que prohíbe al militar organizar o participar "activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical".
LA GUARDIA CIVIL, PENDIENTE DE LA VOTACIÓN
La redacción final de este artículo afectará a la Guardia Civil, ya que esta tarde se ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad que afecta al derecho de manifestación de los miembros de la Benemérita.
En concreto, la enmienda, pactada por PP y PSOE, estipula que la regulación contenida en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los militares será también de aplicación a la Guardia Civil, "en su condición de instituto armado de naturaleza militar".
Con todo, el mismo presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Jordi Vilajoana, advirtió en la votación de la enmienda en este órgano de la existencia de "algunos problemas desde el punto de vista de técnica jurídica" para modificar dos leyes orgánicas, una de ellas ni siquiera en vigor en ese momento, a través de un proyecto de ley ordinaria.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, que previsiblemente acudirá mañana al Congreso, ha defendido en repetidas ocasiones que con esta nueva ley, los militares son "igual de militares pero más ciudadanos". A su juicio, con ella se ha "saldado una deuda" con los miembros de las Fuerzas Armadas.
La Ley regula los derechos y libertades públicas de los militares, manteniendo sus características de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad. Deberá completarse con la reforma del Régimen Disciplinario, que en estos momentos ya se encuentra en el Congreso, aunque no se tramitará hasta el próximo periodo de sesiones.
Además, el texto aprobado en el Senado incluye el mandato al Gobierno para que actualice el Código Penal Militar y realice las "necesarias adaptaciones de las leyes procesales militares".
Igualmente, refrendó el mandato que ya salió del Congreso para que se reforme la Ley de la Carrera Militar, en vigor desde 2008, y cuya reforma ha sido el punto de mayor fricción en los debates de la tramitación de la ley de Derechos y Deberes.
La disposición adicional aprobada en la Cámara Alta establece que el Gobierno deberá remitir al Congreso, seis meses después de que entre en vigor la ley de Derechos y Deberes, un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, a la vista de "la experiencia adquirida en su aplicación".
Previamente, la Comisión de Defensa del Congreso deberá emitir un dictamen que aborde "los diferentes elementos del periodo transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como el retiro del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos económicos".
