MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, la primera que regula el régimen legal común en la materia y que ha obtenido el respaldo mayoritario en la cámara.
La aprobación se ha producido en la Comisión de Justicia que, con facultad legislativa plena, ha avalado el proyecto del Gobierno y lo ha enviado al Senado para que prosiga allí su tramitación parlamentaria.
Durante la discusión de este asunto el diputado del PP José Ramón García Hernández ha defendido que "en este mundo en el que la globalización es una de las características esenciales, la Justicia tiene que ser rápida, ágil y muy eficaz".
LA FUERZA DE LA GLOBALIZACIÓN
Para el diputado popular "la globalización tiene una fuerza enorme, por lo que es fundamental que España desarrolle un proyecto y una respuesta, que ojalá sea consensuada, pero sobre todo inteligente, para que dentro de 20 años no tengamos que ver como se repiten discursos del pasado por no haber girado antes cuando todo el mundo lo ha hecho a una velocidad de vértigo".
Durante el debate de esta iniciativa legislativa García Hernández ha señalado que "ésta es una Ley activa y no preventiva que recoge los valores que son inequívocamente españoles, como la primacía de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica".
"El desarrollo jurídico va en beneficio de las sociedades", ha especificado el diputado popular, al tiempo que apostó por "aumentar el conocimiento judicial de nuestra sociedad".
"Cuando se formulan estas normas que antes se recogían de forma genérica en el Código Civil todo lo que era el derecho internacional privado - explicó García Hernández- no estamos ante la misma realidad del siglo XXI, por lo que tenemos que estar más abiertos a esta realidad del siglo XXI", y esta norma así lo hace. "Se trata de la primera norma de Cooperación Jurídica Internacional que, como tal, se aprueba en nuestro país", ha resaltado.
"Todos los actores jurídicos, como fiscales, abogados y procuradores, y catedráticos y profesores, entre otros, están haciendo que podamos tener un mayor desarrollo jurídico que va en beneficio de todas nuestras sociedades", ha añadido.
Por último, el diputado popular ha aseverado durante su intervención que "la Justicia es la mejor de las políticas". "El día que no hagamos políticas para reforzar la Justicia nos estaremos equivocando", ha concluido.
ABSTENCIÓN DEL PSOE
Por su parte, el diputado socialista Pablo Martín Peré ha explicado Martín, ha explicado que "el Grupo Socialista está de acuerdo en la necesidad de promulgar esta ley" si bien "las formas del Gobierno y su negativa a aceptar aportaciones del resto de fuerzas" les ha obligado a abstenerse en la votación del dictamen.
Martín Peré ha subrayado que el PSOE reconoce la necesidad de promulgar una ley de estas características que, al margen de su carácter subsidiario, establece las condiciones para una mejor coordinación y comunicación en materia jurídica en el ámbito civil y mercantil".
Además, ha reiterado que dicho proyecto de ley "es sin duda una respuesta a las necesidades generadas en un mundo globalizado en el que una mayor cooperación en este ámbito es un paso imprescindible que debe llevarse a cabo".
Pero, en este punto, el parlamentario del PSOE ha matizado que "precisamente por el carácter fundamentalmente técnico y desprovisto de connotaciones políticas del proyecto" tenía que expresar su rechazo al modo de hacer las cosas del Gobierno, que ha renunciando a la mayoría de las aportaciones del resto de grupos y pretende llevar adelante el texto en solitario como ha sucedido en anteriores ocasiones con otras leyes".
Por otro lado, el ponente socialista ha hecho hincapié en que "las enmiendas del Grupo Socialista responden a necesidades planteadas, tanto por el Consejo General del Poder Judicial en su respectivo informe, como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de cumplimiento de normativa comunitaria".
"Suponen, por tanto, una mejora técnica del texto", por lo que "no comprendemos las razones por las que el PP las rechaza", ha indicado Pablo Martín.
Igualmente, como ejemplo de las enmiendas socialistas ha resaltado "la necesidad de distinguir entre la ejecución de documentos provenientes de países de la UE con los del resto de países Y la necesidad de salvaguardar el principio de tutela judicial efectiva en la ejecución de medidas cautelares como acertadamente dispone el informe del CGPJ".
"Otro tanto sucede con la aparentemente ingenua previsión del Gobierno de que la ejecución de esta ley no comportaría gasto alguno -advirtió-, lo cual está en contra de las previsiones tanto del CGPJ como del Consejo Fiscal respecto a la necesidad de dotar de medios materiales a la autoridad central para su oportuna aplicación".
Por ese motivo, el ponente socialista aseguró que "una vez más, nos vemos en la necesidad de mostrar nuestra renuncia a participar en un ejercicio de individualismo erróneo como el que pretende acometer el PP con un texto que, aparentemente, no debería haber comportado inconveniente alguno para que fuera mejorado con las aportaciones de los demás grupos".
La norma cumple con un doble objetivo: por un lado, supondrá una actualización de los mecanismos de cooperación jurídica internacionales y, por otro, contribuirá al fortalecimiento de la tutela judicial efectiva al quedar garantizada ésta al margen de la mayor o menor colaboración de otros Estados, ha informado el Ministerio.
Hasta ahora, no existía una la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y nuestro ordenamiento jurídico interno, al margen de Tratados y Convenios internacionales, exigía que se acreditara o se ofreciera reciprocidad mutua, con lo que las malas o deficientes relaciones entre determinados Estados podían perjudicar al ciudadano en sus asuntos particulares y totalmente ajenos a cuestiones de reciprocidad.
Otra de las novedades que abundan en el fortalecimiento de la tutela judicial efectiva es que se permitirá la aplicación excepcional del Derecho español cuando no haya podido probarse el Derecho extranjero.
Además, se adoptarán medidas para evitar que se dicten resoluciones contradictorias cuando haya procesos pendientes a la vez en dos Estados, y se introducirán mejoras en la ejecución y en la inscripción de los documentos extranjeros en los Registros.
REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA
La ley permitirá también una importante reducción de la burocracia y de los tiempos de respuesta con las administraciones de justicia de otros países ya que, a partir de su entrada en vigor, los jueces podrán remitir directamente las solicitudes de cooperación sin necesidad de tener que hacerlo como hasta ahora a través de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.
Se proporciona a los jueces, además, un moderno régimen legal aplicable a las notificaciones y traslados de documentos y a la práctica y obtención de pruebas en el extranjero, según la nota emitida por el Gobierno.
El Proyecto modernizará el proceso de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras (exequátur) que había quedado obsoleto y no estaba en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En el nuevo texto se clarifican la terminología y los conceptos, se detalla el tipo de resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución y sus efectos, y se solventan todas las carencias procesales del sistema vigente.
