MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción en la que aboga por acometer reformas legales para apartar de la política a los acusados de delitos relacionados con la corrupción, desalojándoles de cargos públicos y excluyéndoles de las listas electorales, pero finalmente todo lo condiciona a que se respete su presunción de inocencia.
Se trata de un acuerdo al que UPyD ha llegado con el PP y con el PSOE y que ha contado con el respaldo de Izquierda Plural y el voto en contra de los nacionalistas catalanes y vascos.
El origen de la moción es la interpelación que tuvo lugar en el Congreso el pasado 31 de octubre en la que Rosa Díez planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados en casos de corrupción.
IMPUTADOS NO, ACUSADOS
El ministro replicó entonces que la figura del imputado es muy preliminar porque aún no pesa ningún indicio de criminalidad, por lo que ofreció estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral, donde ya hay una acusación formal. UPyD aceptó y en su moción inicial pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.
Aunque en un primer momento el PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente ambas partes alcanzaron este martes un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público".
Al debatirlo en el Pleno del Congreso, tanto el PSOE como los nacionalistas expresaron su disconformidad alegando que apartar a quien es objeto de acusación conculca la presunción de inocencia, lo que puede ser causa de inconstitucionalidad, y podría convertirse en un arma para luchar contra los rivales políticos porque bastaría con una querella para poner en cuestión el derecho al sufragio pasivo.
CONDICIÓN IMPUESTA POR PSOE
Los socialistas dijeron entonces que sólo aceptarían el acuerdo si quedase claro el respeto a la presunción de inocencia. Por ello, al acuerdo de PP y UPyD se añadió la coletilla de que las reformas se acometerán "sin perjuicio del respeto al artículo 24.2 de la Constitución", que es lo que finalmente se ha aprobado este jueves, ya con el voto del PSOE. Al acuerdo se ha sumado Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), mientras que PNV y CiU han mantenido su rechazo.
Esta enmienda transaccional es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.
