El PNV quiere que se evalúe si se cumple lo que se aprueba, el PP regular los 'lobbies' y Podemos limitar los vetos del Gobierno
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes la primera de una serie de iniciativas para reformar el Reglamento del Congreso, una norma que data de 1982 y que en estos 35 años sólo ha sido sometida a revisiones muy puntuales porque todos los intentos que se han hecho de actualizarlas han fracaso por la falta de acuerdo.
Tradicionalmente, la Comisión de Reglamento, que preside Ana Pastor, sólo se reúne si los grupos están decididos a intentar reformarlo, pero si, como es previsible, se van admitiendo a trámite estas iniciativas para cambiarlo tendrá que convocarse ya.
En concreto, la primera propuesta de reforma que llega al Pleno lleva la firma del PNV, que quiere establecer mecanismos para que la Cámara Baja examine periódicamente si se cumplen los mandatos no legislativos que aprueba, fundamentalmente proposiciones no de ley, mociones y resoluciones.
Así, propone que durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones, el Gobierno remita a la Cámara "un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en Comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores".
EL 14 DE MARZO, LA SEGUNDA
Y en la quincena posterior a la entrada en el Registro de la Cámara del informe, añade, "comparecerá en la Comisión del Reglamento un representante del Ejecutivo para explicar el citado informe y responder a los requerimientos de los Grupos Parlamentarios".
Una semana después de decidir si se toma o no en consideración la iniciativa del PNV, el Pleno tendrá que debatir si admite a trámite otra propuesta de reforma del Reglamento, esta vez del PP, y destinada a regular el funcionamiento de los 'lobbies' o grupos de interés.
Con esta reforma, recogida por Europa Press, el PP pretende regular el estatuto jurídico de los 'lobbies' estableciendo una definición "inclusiva" del concepto mismo de grupo de interés que aporte "seguridad" a la hora de saber quiénes deben estar sujetos a la inscripción pertinente.
UN REGISTRO DE 'LOBBIES'
Además, plantea crear un Registro Público de carácter "obligatorio" en el que puedan inscribirse los representantes de los grupos de interés, establecer un código de conducta al que deban someterse sus actividades en la Cámara y crear un órgano encargado de la supervisión de ese Registro, una labor que el PP encomienda a la Secretaría General del Congreso.
También el PDeCAT tiene pendiente de debate en el Pleno otra propuesta de reforma del Reglamento para crear un registro de grupos de interés que mantengan contactos con los grupos parlamentarios y un "Código de Conducta" para dotar de transparencia y publicidad a sus actividades en la Cámara.
Y, de su lado, el grupo parlamentario de Unidos Podemos está ultimando otra propuesta de reforma del Reglamento con el objetivo de limitar la capacidad que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios, ajustándola a la doctrina del Tribunal Constitucional.
La capacidad de veto del Gobierno tiene su origen en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
21 VETOS Y UNA SENTENCIA DEL TC PENDIENTE
Según han avanzado a Europa Press fuentes de Unidos Podemos, su intención es que se modifique el artículo 126 de las normas parlamentarias que desarrolla ese principio constitucional, en virtud del cual el Gobierno de Mariano Rajoy acumula ya un total de 21 vetos a proposiciones de ley de la oposición u de parlamentos autonómicos cuando sólo han transcurrido siete meses de legislatura.
Desde Unidos Podemos denuncian el Ejecutivo utiliza esta herramienta desoyendo la doctrina del Tribunal Constitucional que, recalcan, ha dejado claro en varias sentencias que el Gobierno tiene capacidad de veto pero sólo si la iniciativa en cuestión trastoca las previsiones presupuestarias del ejercicio en curso, es decir, que no puede frenar la tramitación de iniciativas si éstas implican reducción de ingresos o aumento de gasto para el presupuesto del año siguiente.
De entrada, el Tribunal Constitucional tiene pendientes de sentencia los dos recursos del Gobierno contra las decisiones que adoptó la Mesa del Congreso, desoyendo los vetos del Ejecutivo, de continuar la tramitación de dos proposiciones de ley del PSOE, una sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.
