La ponencia económica debatida por los 2.500 compromisarios que han acudido al Congreso del PP de Madrid propone romper los monopolios que existen hoy en día en el sector público, y cuya productividad es un 30 por ciento menor que la del sector privado.
Esta medida busca un marco estable para generar un clima de confianza a los agentes económicos, promoviendo una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos, y buscando el diálogo con los agentes sociales y con todas las instituciones para impulsar medidas generales y sectoriales que mejoren la competitividad.
Otra de las apuestas de la ponencia es la aplicación de una medida para que los empresarios que quieran radicar sus negocios en la Comunidad de Madrid puedan acogerse a la normativa regional que le resulte más favorable a la hora de realizar sus trámites administrativos, aunque sea de otra Comunidad Autónoma.
Esta misma propuesta la realizó la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, durante el debate del Estado de la región que se celebró esta semana en la Asamblea. A su juicio, esta medida provocará que más empresas inviertan en la región.
El objetivo fundamental de la llamada 'Cláusula de normativa autonómica más favorable' es "fomentar la eficiencia de la economía mediante la simplificación administrativa e impulsar la cohesión del mercado interior español que, a su vez, contribuirá de forma decisiva a la cohesión política, económica y social del país", según explicó una de las redactoras del texto, Eva Piera.
Así, cada vez que una empresa quiere abrir actividades económicas en otra región le piden documentos y trámites administrativos que ya ha superado anteriormente, causando grandes costes transaccionales y un menor aprovechamiento de la economía.
Este reconocimiento de otras legislaciones autonómicas sería "unilateral" y se aplicaría tan sólo al mercado de bienes y servicios. Además, sería necesario complementar esta medida con "una acción armonizadora del Estado, que tiene que asegurar la unidad del mercado".
LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS
Así, además de las medidas ya mencionadas, la ponencia económica apuesta por avanzar en la liberalización de los mercados en la dirección de la Directiva Europea de Servicios de libre establecimiento de los prestadores de servicios y libre circulación de los mismos. Un ejemplo sería la Ley de Modernización del Comercio.
Asimismo, pide reforzar el papel de los organismos reguladores y de sus miembros, así como su independencia, para que "se apliquen bien las normas y se defienda la competencia y la transparencia de los mercados", apostilló Piera.
En cuanto a las medidas de política fiscal, los populares madrileños piden reformar "el sistema impositivo para que sea más solidario, moderno y armonizado con los países del entorno". "En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha hecho un gran esfuerzo para rebajar de manera selectiva algunos impuestos, lo que ha dado más dinamismo a la economía, por lo que instamos al Gobierno nacional que haga algo similar para mitigar los efectos de la crisis", dijo Piera.
El texto también trata la vigente revisión del modelo de financiación autonómica, y pide que "se alcance un consenso, y que la nueva fórmula sea transparente y ecuánime, que tenga en cuenta los principios de suficiencia financiera, autonomía, igualdad, no discriminación y solidaridad, y que se refleje el aumento de la población, así como el coste real de aplicar la Ley de Dependencia".
Respecto a la financiación local, solicitan al Ejecutivo de la Nación que se "aplique el principio de suficiencia para atender los servicios, sean propios o impropios", y que se "avance en la segunda descentralización con el principio de lealtad institucional, para que se pueda dotar financieramente a las administraciones locales en función de las competencias transferidas", añadió.
CAPITAL HUMANO Y MATERIAL
En cuanto a las medidas sobre el capital humano, el PP considera necesario coordinarse con los agentes sociales para realizar las reformas estructurales necesarias en el mercado de trabajo. "Un mercado rígido perjudica a los más débiles, sobre todo en un panorama global como el actual", explicó Piera, apuntando que "es competencia del Estado encontrar fórmulas capaces de conjugar las necesidades de seguridad y estabilidad de los trabajadores con la flexibilidad que requieren las empresas".
Así, el PP cree "conveniente" ampliar el abanico de modalidades de contratación para hacerlo "más atractivo y flexible", así como "dar mayor participación a las empresas de intermediación y de servicios laborales como agentes de empleo".
También proponen medidas para impulsar las políticas activas de empleo en el Gobierno regional, en particular las de formación profesional, continua y ocupacional para asegurar la reinserción rápida de los desempleados, así como adaptar el catálogo formacional a las necesidades reales de las empresas.
Coordinar el proceso innovador con la creación de un marco legal, presupuestario e institucional, tomar más iniciativas que estimulen la cooperación entre la universidad y la empresa, liberalizar la gestión del suelo, acabar con el intervencionismo público y estudiar una nueva Ley de Fomento del Suelo Industrial para actividades económicas públicas y privadas son otras de las propuestas.
ENMIENDAS
Los compromisarios que han debatido la propuesta han aprobado 50 enmiendas. Sin embargo, ninguna de ellas hace cambios sustanciales en el texto. "Las enmiendas han enriquecido nuestras propuestas en materia de política económica, en alguno de sus ámbitos o en alguno de los casos añadir alguna cuestión, además de enfatizar las políticas pata las familias, especialmente para su protección", explicó Piera a Europa Press tras el debate de la ponencia de la que es redactora.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda y ponente de la Mesa, Antonio Beteta, afirmó a Europa Press, que esta ponencia ha ido en la línea de defender los principios y valores del PP, destacar la necesaria conjunción del Gobierno regional con las empresas privadas, para que sean las empresas las que generen riqueza y empleo.
"A través de reducción de trámites y burocracia, aplicando en la medida de lo posible el silencio positivo, para conseguir agilizar y simplificar", dijo.
El consejero también indicó que otra línea de trabajo ha sido la relativa a exigir al Gobierno de la nación más inversión en Madrid, "lo que ha generado, por deuda del sistema de financiación y por inversión no realizada, una deuda histórica acumulada de más de 7.000 millones de euros en la región". "Esto ha conseguido reducir el crecimiento de nuestro PIB y que no se generara todo el empleo que tenía que haberse generado", sentenció.
Beteta señaló que en el debate se ha abordado además las necesarias reformas estructurales de la economía para la generación de empleo y el asunto del Impuesto de Sociedades, en dos líneas de trabajo: reducción general del tipo, por un lado, y una actuación en materia de beneficios fiscales en materia de investigación y desarrollo, e innovación.
* Asimismo, destacó que otra de las actuaciones de la ponencia estaba dirigida a la reforma del mercado de trabajo que permitiría una flexibilización y avanzar en materia de teletrabajo, "que no está suficientemente legislado en la regulación estatal".