El Congreso rechaza tramitar la regulación de los 'lobbies' que plantea Podemos y se queda con la del PP

 

El Congreso rechaza tramitar la regulación de los 'lobbies' que plantea Podemos y se queda con la del PP

Reglamento del Congreso y Constitución
CONGRESO
Publicado 29/06/2017 12:56:34CET

El grupo confederal pretendía un registro más estricto de los grupos de interés y aumentar la transparencia de los diputados

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves tramitar una propuesta de Unidos Podemos para regular la actividad de los grupos de interés en el Reglamento del Congreso y aumentar la transparencia de los diputados, una iniciativa que el grupo confederal presentó como texto alternativo al que, a instancias del PP, el Pleno ya acordó tramitar el pasado mes de abril y que será el que siga adelante.

La enmienda de Unidos Podemos, defendida por la vicepresidenta cuarta de la Mesa, Gloria Elizo, ha recabado el apoyo del PSOE, ERC y Compromís, pero se ha topado con el 'No' del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, UPN y Foro Asturias.

En su enmienda de totalidad Unidos Podemos va mucho más allá que la propuesta del PP. Entre otras cosas, plantea obligar a los parlamentarios publicar sus agendas públicas la página web, especificando con qué 'lobbistas' se reúnen, haciendo pública la documentación que reciben y explicando cómo afecta a su trabajo parlamentario.

Además, da facultades a la Mesa del Congreso para reducir o congelar las subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios cuyos diputados incumplan de forma reiterada estas obligaciones de transparencia.

También reclaman que el registro de 'lobbies' en el que habrán de inscribirse los grupos de interés sea de uso público y gratuito y que puedan acogerse a él otros cargos de la administración o de organismos públicos.

INCOMPATIBILIDADES CON EXDIPUTADOS

El registro estará controlado por un "comisionado independiente" que deberá garantizar la publicidad de las agendas de trabajo de los cargos electos en la web del Congreso.

No podrá elegirse para ese cargo quien en los diez años anteriores hubiese tenido un cargo de elección o designación política en la administración o funciones directivas en partidos o sindicatos, que ejerzan como directivos o asesores en entidades sin ánimo de lucro o se hallen el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral, o en el ejercicio activo de la carrera judicial o fiscal.

El comisionado se encargará de aplicar un código de conducta que incluye sanciones. Quien lo incumpla verá cancelada su inscripción en el registro y se le prohibirá el acceso a la Cámara para hacer lobby durante dos años.

APOYO DE PSOE, ERC Y COMPROMÍS

El texto sólo ha recabado el apoyo de Esquerra, Compromís y el PSOE, aunque su portavoz Ignacio Urquizu ha recomendado "distinguir entre transparencia y exhibicionismo" y ha recriminado a Unidos Podemos que sólo tres de sus diputados tienen la agenda pública que quieren imponer a todos vía Reglamento.

"Nosotros estamos en la vanguardia de la transparencia y participación, así que lecciones, las justas", ha soltado Urquizu, mientras que desde el ERC, Xavier Eritja, ha pedido que se perfile mejor el texto.

De su lado, la diputada del PP María Jesús Bonilla ha reprochado a Unidos Podemos que se abstuviera en la tramitación de su texto y ahora plantee uno alternativo lleno, desde su punto de vista, de lagunas y, además, con propuestas que ya están en vigor.

Si bien el portavoz de Ciudadanos naranja, Nacho Prendes, ha dicho compartir algunos puntos de la propuestas, ha justificado su voto negativo en aras de facilitar un acuerdo futuro, ya que apoyó la propuesta del PP y no considera un "buen comienzo" para su tramitación apoyar ahora un texto que pretende sustituirla.

También el PDeCAT ha rechazado la enmienda por considerar que aboga por una excesiva regulación de la actividad de los 'lobbies', que, según su portavoz, Carles Campuzano, no mejorará el funcionamiento de su actividad, mientras que, desde el PNV, se ha criticado la "incongruencia" del texto en el que aprecia incluso pegas de constitucionalidad.

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