El partido magenta pretende ordenar jerárquicamente todos los sueldos políticos y prohibir que se pueda ser a la vez parlamentario y edil
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley de UPyD para ordenar jerárquicamente todos los sueldos políticos, desde el Rey y el presidente del Gobierno hasta los concejales de pequeños municipios, se ha visto frenada en la Mesa del Congreso, que ha pedido corregirla recordando que lo que afecta al Jefe del Estado requeriría una reforma de la Constitución.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, se establece una pirámide de salarios a través de una clasificación de cargos públicos en grupos retributivos de tal manera que un grupo inferior nunca pueda percibir un salario bruto anual mayor al de cualquier otro cargo público de un grupo retributivo inmediatamente superior.
En la cúspide, Grupo 1, UPyD sitúa al Rey como Jefe del Estado y al presidente del Gobierno. Pero la Mesa del Congreso ha recordado que la Constitución establece que la partida que los Presupuestos Generales del Estado asignan a la Casa del Rey es distribuida libremente por el Monarca, por lo que poner sueldo al Jefe del Estadol implicaría reformar la Constitución.
TRAMITAR POR SEPARADO LO DEL REY
Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha sugerido a UPyD corregir su iniciativa y separar lo que tiene que ver con el Rey para presentarlo como propuesta de reforma de la Constitución. Ahí incluirían también otros aspectos de la proposición de ley que, según el órgano de gobierno de la Cámara, implicarían cambios constitucionales, como lo relativo a la autonomía local.
Por debajo del Rey y del presidente del Gobierno, ya en el Grupo 2 de la escalas retributivas, UPyD ubica a los vicepresidentes de Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, y los presidentes del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.
En el tercer nivel se situarían los ministros, el gobernador del Banco de España, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el vicepresidente del Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado. En el Grupo 4 aparecen el subgobernador del Banco de España, el Defensor del Pueblo, los secretarios de Estado y los magistrados del Tribunal Constitucional.
LOS SENADORES, POR DEBAJO DE LOS DIPUTADOS
Un quinto escalón reúne a los diputados, los subsecretarios y los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y del Consejo Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).
En el sexto nivel colocan a senadores (que perderían su equiparación con los diputados), los delegados del Gobierno y los embajadores. Séptimo escalón para diputados provinciales y concejales de las ciudades de más de medio millón de habitantes y la tabla la cerrarían otros dos niveles donde se encuadarían, entre otros, el resto de ediles.
El partido que lidera Rosa Díez no pone cifras a la horquilla salarial de cada grupo retributivo, asunto que quedaría pendiente de desarrollo reglamentario tras un informe de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, y a tenor de la situación actual, habría que subir algunos sueldos y bajar muchos, e implicaría actuar sobre instituciones que operan con autonomía respecto del Gobierno, como el Poder Judicial o el Banco de España.
Para UPyD, el sistema retributivo de los cargos políticos y de la Administración General del Estado "es una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático" y debe regularse "de una forma justa, transparente y racional".
"Todo lo contrario --recuerda--, del caótico sistema retributivo actual, en el que muchos altos cargos tienen una remuneración en muchos casos superior a la del presidente del Gobierno. Con un sistema relativamente bien jerarquizado en el ámbito de la función pública, resulta incomprensible el desorden del sistema retributivo de los miembros del Gobierno, altos cargos, órganos constitucionales y otras instituciones fundamentales del Estado".
Y ADEMÁS, INCOMPATIBILIDADES
Y todo ello, según UPyD, "va unido inevitablemente a la necesidad de un régimen estricto de incompatibilidades de remuneraciones así como la prohibición de sobresueldos, a fin de preservar la buena imagen de la política, además de redundar en un sistema transparente de percepciones de todo sujeto al servicio del Estado".
Una incompatibilidad que quiere incorporar es la de parlamentario (diputado, senador o autonómico) y concejal, algo que actualmente es legal y muy utilizado principalmente por el PP, que tiene varios alcaldes y portavoces municipales en el Congreso y en el Senado.
Por último, el partido magenta propone evaluar el trabajo que hacen los altos cargos ya que incluye un artículo para "establecer reglamentariamente los criterios que permitan la evaluación del desempeño de los cargos sujetos a esta ley, que articulen los conceptos retributivos variables en función de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados". Esos sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a "criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación".
