El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, se mostró hoy partidario del "endurecimiento" de las penas contempladas en el Código Penal para los delitos urbanísticos, ya que, a su entender, las leyes vigentes en España que penalizan esos hechos son "extraordinariamente leves, al tiempo que la conciencia ciudadana reprocha de manera leve las infracciones" en el ámbito del urbanismo.
En rueda de prensa tras entregar al presidente de la Junta la memoria de la institución correspondiente a 2007, Cano Bueso consideró que es necesaria una conciencia social que reproche los comportamientos contrarios a la legalidad urbanística, lo que propiciaría, a su juicio, un "endurecimiento" del Código Penal o una "ética" que evite esos hechos.
Cano Bueso lamentó que, en estos momentos, ante delitos urbanísticos, lo que se contemplen sean penas máximas de tres años de cárcel, que "no se cumplirán en su integridad ni de lejos". Por ello, recalcó que estos comportamientos deberían "sufrir un reprocho penal más duro".
Al hilo de las cuestión urbanística, el presidente del Consejo Consultivo puso de manifiesto que en el informe de la institución correspondiente a 2007 se pone de manifiesto un "notable incremento de las revisiones de oficio" de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), lo que, sin duda, ha redundado en una clara "reducción de la ilegalidad".
En concreto, son 31 las citadas revisiones de oficio que son fruto del hecho de que el Ayuntamiento, tras detectar una actuación urbanística ilegal, procede a instar un procedimiento por el que se declara que dicha actuación, ya sea una urbanización o cualquier otra construcción, no es legal. Se refieren en todos los casos a actuaciones que se llevaron a cabo por anteriores corporaciones locales que emitieron licencias que no se ajustaban al planeamiento urbanístico, según apuntó.
Para Cano Bueso, Marbella está claramente volviendo a la normalidad en relación con este asunto y el actual Ayuntamiento, en manos del PP, está haciendo un "notable esfuerzo para restaurar la legalidad y declarar ilegales las licencias que la corporación local anterior dio con la apariencia de legalidad".
El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) también fue mencionado por Cano Bueso, tras la operación judicial y policial llevada a cabo ayer, para apuntar que hasta en tres ocasiones se han rechazado por parte del Consejo Consultivo informes sobre una determinada modificación urbanística.
Cano Bueso quiso dejar claro, en relación con los asuntos urbanísticos, que ni el Consejo Consultivo ni la Junta de Andalucía "se pueden responsabilizar de lo que no es de su competencia". "No creo que haya tanto problema con la ordenación del territorio, ya que Andalucía cuenta con unos buenos planes urbanísticos, como con la cuestión de ceñirse a la disciplina urbanística, que es competencia de los ayuntamientos", señaló.
Asimismo, manifestó que al margen de la ordenación del territorio y de la disciplina urbanística, también está la "cuestión de la moralidad pública, de la ética social y de la honestidad personal".
CONTENIDO DE LA MEMORIA.
Según un resumen de la memoria del Consejo Consultivo correspondiente a 2007 facilitado a los periodistas, la actividad desarrollada por la institución ha sido "intensa y exhaustiva", lo que queda reflejado por el incremento del número de dictámenes emitidos, superior en un 10 por ciento al del año anterior, y por la especial trascendencia e interés para la comunidad autónoma de algunos de sus dictámenes, entre los que singularmente ha de destacarse el relativo a la "consulta facultativa formulada por la Consejería de Salud, relativa a la limitación de esfuerzo terapéutico y responsabilidad penal de facultativossanitarios".
De los 702 dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo, 592 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la administración, 81 en sentido desfavorable y 29 han sido devueltos por graves defectos formales. De los asuntos dictaminados por el Consejo, 18 Jun. (93%) - han sido resueltos "de acuerdo" con el Consejo, mientras que 38 (7 por ciento) se han apartado del dictamen.
El 7 por ciento de las resoluciones comunicadas por la administración, sobre las que previamente se ha emitido dictamen, se han apartado del sentido del mismo y todas ellas han sido relativas a responsabilidad patrimonial de la administración. Este porcentaje es sensiblemente inferior al del año 2006, en el que la administración se apartó del sentido del dictamen en un 11 por ciento de los casos.
En cuanto a administraciones solicitantes de dictámenes, el 68% proceden de la Administración de la Junta; el 30% de la administración local, y el 2% de universidades y organismos de Derecho Público. De la distribución por materias de los dictámenes emitidos durante 2007, destacan las relativas a la Responsabilidad Patrimonial, con 412; Revisión de Oficio con 92; Urbanismo con 69; Contratación Administrativa, 61; Proyectos de Decreto y Orden, 44; Proyectos de Ley, 17.