Las Corts aprueban pedir al Gobierno que cree un mínimo de 25 plazas de jueces al año en la Comunitat hasta 2009

Actualizado 24/10/2007 16:40:13 CET

VALENCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Corts Valencianes aprobó hoy, con los únicos votos a favor del PP, instar al Consell para que, a su vez, emplace al Gobierno estatal a incrementar, antes del 31 de diciembre de 2009, el número de jueces y magistrados que ejercen sus funciones en la Comunitat con la creación de un mínimo de 25 plazas al año.

A través de esta iniciativa, presentada por los populares, la Cámara insta al Consell a dirigirse al Gobierno estatal para que aumente el número de jueces y magistrados mediante la creación de los juzgados que sean necesarios en proporción a la población y a la litigiosidad efectiva de la Comunitat.

El diputado del PP Antonio Peral defendió que la seguridad jurídica exige que los litigios se solventen en un período "razonable" de tiempo y señaló que mientras el ritmo de crecimiento de la población valenciana es "exponencial", el de creación de órganos judiciales es "anecdótico".

En este punto, manifestó que faltan órganos judiciales y una planta judicial que se adapte a la realidad demográfica y económica de la Comunitat. "Somos un millón de habitantes más", lo que supone "más relaciones jurídicas" con "prácticamente los mismos órganos judiciales", dijo, y añadió que la "suerte es que en Valencia haya 800.000 habitantes y no los dos millones que dice alguna despistada", apostilló.

Peral, quien afirmó que muchos órganos judiciales de la Comunitat se encuentran "al borde del colapso", denunció el "bloqueo total" por parte del Ministerio de Justicia para "impedir el buen funcionamiento de la justicia valenciana", de forma que las peticiones de la Comunitat "caen en saco roto", mientras el Ministerio se encuentra "entregado en cuerpo y alma a la demagogia y a la búsqueda del titular de prensa". En este sentido, censuró la "ocurrencia" del ministro Mariano Fernández Vermejo de proponer que a los estudiantes de Derecho "los hagamos directamente jueces".

El diputado pidió al Gobierno estatal que, en materia judicial, esté "a la altura del esfuerzo que hace la Generalitat valenciana y sea coherente con nuestro desarrollo económico". Apuntó que según la ley orgánica de Demarcación y Planta Judicial, el número ideal de habitantes en proporción a cada juzgado se estima en 25.000, y "acercarnos a esta ratio debería ser el objetivo de nuestra Administración de Justicia".

El parlamentario popular incidió en que el peso de la Comunitat en la planta judicial nacional "no se ha visto compensado con los medios judiciales necesarios" y señaló que, según la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2006, los juzgados de la Comunitat se encuentran en el segundo puesto en el ranking nacional de litigiosidad --volumen de asuntos ingresados por año en proporción al número de habitantes-- y los terceros en el número de asuntos resueltos, a pesar de contar con una plantilla de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes situada en el decimoquinto lugar. Señaló que sólo Castilla La Mancha y Murcia "tienen una ratio peor que la nuestra".

Por su parte, la oposición emplazó al Consell a sumarse a los acuerdos de la comisión de coordinación de comunidades autónomas en materia de justicia y a ejercer sus propias competencias para atender en el ámbito judicial el aumento de población registrado en la Comunitat.

SITUACIÓN "PRECARÍSIMA" DE HACE 5 AÑOS

La diputada del PSPV Josefa Andrés señaló que hace cinco años la situación de la justicia en la Comunitat era "precarísima". Apuntó que la Comunitat ocupa el cuarto lugar en número de causas nuevas --un total de 999.962, lo que representa el 12,5 por ciento-- por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña y en número de jueces y magistrados, con 442 en 2006.

Indicó que en 2003 había 400 jueces, lo que suponía 8,92 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2006 la ratio sube a 9,2. En número de fiscales, se ha pasado de 110 en 2003 a 189 en la actualidad, un 71,81 por ciento más.

Andrés afirmó que la inversión en justicia representa el 8,66 por ciento del Presupuesto de la Generalitat, en tanto que por parte del Gobierno supone el 13 por ciento. Añadió que entre los años 1996-1999 se crearon 34 juzgados en la Comunitat; entre 2000 y 2003, 46, y entre 2004 y los presupuestos de 2007, un total de 53, más los contemplados en las cuentas de 2008, en las que hay previstos 150 para toda España, de los que más de 20 "podrán ser para la Comunitat", apostilló Andrés.

La parlamentaria socialista defendió que la justicia "es algo más que el juez" y, en este sentido, señaló que muchos de los temas "están atascados" en la Administración de Justicia "por falta de personal auxiliar". Indicó que en 2003 había 3.700 funcionarios y en 2006, 3.970, y remarcó que en la actualidad, cada funcionario tiene 112 habitantes más bajo su responsabilidad que en 2003, mientras la Conselleria de Justicia "no ha actualizado la plantilla".

El portavoz adjunto de Compromís pel País Valencià Enric Morera se mostró de acuerdo con el contenido de la proposición no de ley popular pero lamentó la forma porque, según señaló, "nos sitúa en un contexto de confrontación con el Gobierno central". Apuntó que la falta de juzgados "retrasa la tramitación de expedientes", pero indicó que atribuir todos los problemas de la justicia valenciana al Gobierno socialista es "injusto".

Al respecto, instó al Consell a adoptar medidas en función de sus competencias y señaló que el millón de habitantes de más que tiene la Comunitat "ha ido viniendo desde hace diez años y no ha caído de golpe", por lo que señaló que la saturación de juzgados era "evidente" también cuando gobernaba el PP. También lamentó que los populares "hayan renunciado a ejercer nuestro autogobierno" al "quedarse al margen" de las decisiones de la comisión de coordinación en materia de justicia.

Peral insistió en que la situación con el Gobierno popular "no era la misma, ya que hay un millón de habitantes más en la Comunitat y no es posible que en aquel momento necesitáramos los mismos efectivos que necesitamos ahora".

Remarcó que la actual situación de "bloqueo" no tiene "nada que ver con la de hace cinco años", y apuntó que el 7 de marzo de 2007 el Consell no acudió a la comisión de coordinación "porque no estábamos de acuerdo con lo que se proponía", ya que, entre otras medidas, contemplaba el traspaso de los secretarios judiciales a las comunidades autónomas. Añadió que en "ningún caso hemos dejado de reclamar lo que se ha consensuado con todos los estamentos de la Comunitat".

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