C's llevará al Consell de Garanties los Presupuestos catalanes si ve partidas "inconstitucionales"

 
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Cuentas 2017

C's llevará al Consell de Garanties los Presupuestos catalanes si ve partidas "inconstitucionales"

C.Carrizosa, C's
EUROPA PRESS
Publicado 11/11/2016 14:09:12CET

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado este viernes que presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2017 si ven partidas "inconstitucionales" y, si se tramitan y tiran adelante en comisión, los llevará al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

En rueda de prensa en la cámara, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que se intenten incorporar partidas para un eventual referéndum en 2017, así como que se incluyan impuestos que dependen de la ejecución de leyes impugnadas ante el TC.

"Haremos valer cuantos recursos jurídicos tengamos a nuestro alcance. Si incluyen partidas que hagan que todos los catalanes tengamos que pagar la fiesta de unos, es nuestra responsabilidad no admitirlo", ha subrayado.

Según Carrizosa, el Govern y la CUP apostarán por el "enfrentamiento" si contemplan partidas que el TC puede impugnar, y provocarán que los catalanes se queden sin unos nuevos presupuestos para atender sus necesidades sociales.

PEAJES DEL GOVERN A LA CUP

También ha criticado las "tortuosas y opacas negociaciones" del Govern y la CUP, y ha preguntado al Ejecutivo qué peajes ha pagado para tener el posible apoyo de los anticapitalistas.

"Bildu es el asesor fiscal de la Generalitat vía la CUP", ha sostenido Carrizosa refiriéndose al impuesto que el Govern plantea sobre los activos no productivos, que pretende gravar las grandes fortunas, y que se inspira en uno implantado en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Tras criticar que la Conselleria de Economía no les explique la ejecución de las cuentas de este año, ha acusado al Govern de cargar contra las clases medias con su propuesta de eliminar la deducción del IRPF por compra de vivienda a las rentas de más de 30.000 euros, y de no proponer medidas para combatir el fraude y racionalizar el gasto de la administración.

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