El presidente del Govern, Francesc Antich, garantizó hoy la transparencia en la administración pública para que ni un sólo euro del contribuyente sea desviado hacia intereses privados. Por ello, recordó que el Govern ultima una ley del sector público que asegure la necesaria fiscalización de las empresas públicas, una norma cuyo fin es evitar que se repitan prácticas corruptas como las que salpican la política balear.
En su discurso durante la primera jornada de Debate del Estado de la Autonomía, Antich enfatizó el esfuerzo del actual Govern para colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los casos de corrupción que han salido a la luz relacionados con políticos en activo fraguados en la pasada legislatura. En este punto, sostuvo que el cambio del modelo económico debe ir "necesariamente acompañado" de un "cambio en la forma de gestionar los recursos públicos", para que "todo el mundo debe pueda confiar en la honestidad de sus gobernantes".
El dirigente autonómico censuró la pésima gestión del dinero público realizada en la pasada legislatura y expresó su compromiso para que el dinero que la ciudadanía deposita en la hacienda pública "sea siempre administrado con austeridad y escrupulosidad absolutas".
Por ello, dijo, "es necesario y forzoso dotar a la Administración pública de una transparencia exquisita". En cuanto al trabajo que está realizando la justicia para esclarecer todos los presuntos casos de corrupción, manifestó que el Govern respeta "escrupulosamente" la acción independiente de la justicia y colaborará en todos los requerimientos que se le ordenen.
En aras a evitar que no vuelvan a repetirse actuaciones delictivas dentro de la administración, consideró que es muy importante favorecer la economía productiva y "combatir la especulación, que es un campo de abono para la corrupción". En cuanto a su compromiso para impedirlo, incidió en los "mayores controles" habilitados por el Ejecutivo para realizar un control "más estricto del gasto público en todas las consellerias".
Así, indicó que un interventor delegado de Hacienda supervisa y autoriza los pagos, para que se ajusten a la legalidad y al interés público. Las empresas públicas, prosiguió, creadas por dar mayor agilidad y autonomía a los servicios, también deben estar sometidas a un "control riguroso del gasto".
"Todos necesitamos estar seguros que no hay ninguna desviación de los recursos de los contribuyentes", reiteró. Asimismo, indicó que el Govern prepara una norma del "buen gobierno" para marcar estrictamente las líneas de conducta de los responsables políticos de las instituciones.
CUATRO PARLAMENTARIOS IMPUTADOS
El Debate del Estado de la Autonomía de este año coincide con las comparecencias, mañana, miércoles, de dos diputados en el Parlamento, que deberán prestar declaración ante el juez para que ofrezcan explicaciones sobre la comisión de los presuntos delitos de corrupción que se les imputan. Es el caso del diputado del PP Josep Joan Cardona, imputado en el caso Scala, y el parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, imputado por el caso Son Oms.
Este último también está imputado por el caso Can Domenge y Plan Territorial. Sus comparecencias impedirán su asistencia a la segunda jornada del debate. La Fiscalía les imputa haber aprovechado su cargo en la administración para lucrarse económicamente mediante actuaciones ilícitas.
Además de Vicens y Cardona, otros dos parlamentarios de la cámara balear están imputados: la portavoz del PP, Cati Soler, y el diputado Jaume Font, en los casos Caballistas y Plan Territorial, respectivamente.