MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exconseller de Presidencia y diputado de PDeCat Francesc Homs, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por participar en la organización del 9-N, ha solicitado este jueves la absolución del mandatario alegando que nunca quiso desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) -por ello el pidió que aclarara el alcance de su providencia-. Ha pedido que no se considere a su cliente un delincuente "porque no lo es".
La abogada Eva Labarta ha utilizado su alegato final para realizar una defensa muy poco técnica respecto de los delitos de prevaricación y desobediencia por los que el fiscal solicita para su defendido 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la que se ha centrado en el carácter poco concreto de la providencia por la que el tribunal de garantías acordó el 4 de noviembre de 2014 la suspensión del denominado "proceso participativo".
A lo largo de su intervención, que ha durado más de hora y media, la abogada ha calificado de "política" la querella presentada por la Fiscalía tras la oposición de los fiscales catalanes a la interposición de la misma y ha incidido en que en caso de producirse una condena se estará entrando "en un camino que sienta precedentes muy delicados", en alusión a la judicialización de la vida política.
"Era una providencia inconcreta que no aclaraba nada", ha señalado Labarta, en la que no se decía lo que no se podía hacer y que generaba problemas como los planteados durante su testimonio en esta causa el exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer, que asesoró a Homs el mismo día de conocerse la suspensión del TC, entre los que estaban la utilización, por ejemplo, de los Mossos d'Esquadra para la seguridad de la consulta organizada por voluntarios. Ha añadido que la organización no se paró "porque no se podía parar".
NI PREVARICACIÓN NI DESOBEDIENCIA
La letrada se ha referido como "curioso" al hecho de que Homs fuera imputado en esta causa una vez tomo posesión de su escaño de diputado, varios meses después de que se presentara la querella inicial por los mismos hechos contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otras dos exconsejeras. Ha calificado además de "innovación para mal" que se tenga como notificado a Homs por el mero envío de la providencia por mail al Govern, subrayando que a su juicio no se dan los requisitos que deberían concurrir para el delito de desobediencia.
Respecto a la prevaricación, ha señalado que se acude a la prueba de la carta remitida por Homs a la empresa informática que organizaba la consulta, lo que Labarta ha calificado "unos señores de un comercio" lo que no constituye una resolución administrativa que se pueda haber dictado a sabiendas de que es injusta, por lo que el delito no existe.
CUESTIONA LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
También ha cuestionado la abogada el proceder del Gobierno al impugnar la convocatoria del "proceso participativo" -después de que se anulada la convocatoria inicial realizada por Mas- ya que se optó por un recurso, el de inconstitucionalidad, que permitía una suspensión automática vía artículo 161.2 de la Constitución que no está pensado para este tipo de asuntos.
Ha añadido que cuando el TC, pese a la petición de la Abogacía del Estado, omitió incluir en la providencia una advertencia expresa a los mandatarios catalanes fue porque no quería que este asunto acabara en la vía penal. "Tampoco notificó ni requirió a nadie ni se dirigió a ningún destinatario concreto y eso no es inocente, no es un olvido, el TC no estaba desando que esto acabara en un proceso penal", ha insistido.
Labarta ha admitido que su cliente "estaba en desacuerdo con el actuar del Gobierno español" respecto de la consulta, y que por ello busco fórmulas par evitar la suspensión interponiendo recurso de aclaración al TC. "Pero entre estar en desacuerdo y cometer un delito hay un largo camino", ha añadido la abogada.
Pese a iniciar su alegato señalando que "la esfera afectiva es ajena a la esfera del derecho", la abogada ha señalado que hay que tener en cuenta el contexto, que parte a su juicio de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010.
"De esos polvos vienen estos lodos", ha afirmado, para cuestionar a continuación la celeridad por la que el TC suspendió el "proceso participativo" horas después de que el Consejo de Ministros acordara interponer recurso un lunes tras la reunión del Consejo de Estado celebrada un domingo por la tarde.
Ha añadido que "no todo el que acude al TC tiene las mismas armas cronológicas", en alusión a que este órgano no se diera la misma prisa en contestar al requerimiento de aclaración de la providencia. Ha justificado en este punto el proceder de su cliente porque tras la primera suspensión en septiembre de 2014 de la consulta convocada por el Govern "ello se vivió en algunas partes de Cataluña como una claudicación", y este ambiente pesaba en el ánimo de los gobernantes catalanes.
También se ha referido a que sin los voluntarios no se habrían podido celebrar la consulta" si bien Homs no se ha escudado en ello para excusar su actuación.
La letrada ha concluido que tenía la convicción de que "si en este proceso en vez de 2 millones hubieran acudido a esas urnas de cartón que no tendrían consecuencias hubieran ido 80.000 o 100.000 personas no estaríamos aquí", en alusión al juicio de Homs ante el alto tribunal.
