Reclama más personal santiario, un protocolo de actuación uniforme sobre suicidios y un sistema de registros de malos tratos
MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha pedido fortalecer el tratamiento penitenciario con un mayor número de funcionarios para no perder la "gran oportunidad" que se presenta con la consolidación del descenso del número de internos, una cifra que en 2016 se rebajó hasta los 59.839 personas privadas de libertad repartidas en 98 centros penitenciarios.
Según el informe anual del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso Europa Press, el número de internos es similar al de diciembre de 2004. La tendencia decreciente en el número de reclusos, que en 2015 fue del 4,89%, ha proseguido en 2016 con un 2,87% adicional. En el periodo 2012-15 el descenso acumulado fue del 12%.
En el año 2009 se alcanzó el máximo histórico en democracia de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios: 76.090. "Teniendo en cuenta que actualmente el número de internos no alcanza los 60.000, el descenso acumulado es de 16.251 personas, un 21,35%. Si se dotan adecuadamente las plantillas, se trata de una gran oportunidad para fortalecer el tratamiento penitenciario", sostiene el informe.
La institución que preside Soledad Becerril alude al fin de las penas hacia la reeducación y la reinserción social. "Los problemas de masificación que antaño dificultaban el debido tratamiento penitenciario no serán un obstáculo para intensificar los programas y demás medidas que puedan ayudar a estas personas a reintegrarse en la sociedad", sostiene.
Del total de presos, 55.398 son hombres (92,57%) y 4.441 mujeres (7,42%). Los presos preventivos eran el pasado diciembre 8.022 (7.386 hombres y 636 mujeres) y los penados 51.817 (48.012 hombres y 3.805 mujeres).
ANDALUCÍA, LA QUE MÁS PRESOS TIENE
Por comunidades autónomas destacan por número de presos Andalucía (13.867), Cataluña (8.568) y Madrid (7.881). Los centros penitenciarios con mayor número de internos eran Valencia-Antoni Asunción (1.971), Zaragoza-Zuera (1.462) y Madrid V- Soto del Real (1.401). La cifra más alta del año se alcanzó el 20 de mayo (61.792) y la más baja al cierre del año (59.839).
Se han recibido 656 quejas de internos, lo que supone un incremento con respecto al año anterior (524). Las actuaciones de oficio en esta
materia han sido 69, cinco más que el año anterior. Destacan las quejas sobre traslados (183 frente a 87 en 2015), aspectos higiénico-sanitarios y alimenticios (97) y separación interior-clasificación (38).
La institución que preside Soledad Becerril destaca las actuaciones respecto a los derechos a la vida y a la integridad física, sobre todo en materia de prevención de suicidios e investigación de fallecimientos. También alude a los problemas por el tratamiento sanitario en lo referente a enfermedades como la hepatitis C, refiriéndose a la "falta de personal sanitario, actualmente insuficiente".
Los derechos de los presos españoles recién retornados, el necesario fomento de las comunicaciones familiares o el obligado carácter restrictivo que debe imperar en la realización de pruebas radiológicas para la detección de sustancias prohibidas han sido también objeto de la atención del Defensor del Pueblo.
SUICIDIOS Y MALOS TRATOS
La oficina del Defensor del Pueblo recuerda que ya en 2015 recomendó que se estableciera un protocolo de actuación uniforme para todos los centros, algo que fue desoído por la Administración al considerar que ya existían servicios de asistencia sanitaria y psicológica. "La disponibilidad de medios no permite ser tan optimista", sostiene el informe, que insiste en "medidas de atención específicas".
En 2016 hubo 23 suicidios (20 varones y 3 mujeres), uno menos que
el año anterior. El número de suicidios en los últimos años tiene como cifra más alta los 31 de 2013 y como cifra más baja los 15 de 2011.En marzo de 2014 fue revisado el Programa de Prevención de Suicidios en el ámbito penitenciario correspondiente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, destacando el Defensor el descenso del
número de suicidios desde los 31 de 2013 a los 23-24 por año de las últimas cifras disponibles.
"Ello no excluye la necesidad de que todos los profesionales penitenciarios mantengan una actitud activa para detectar la concurrencia de posibles situaciones desencadenantes de la conducta suicida ya desde el ingreso del interno en prisión", insiste.
En el capítulo de malos tratos y de actuaciones incorrectas de funcionarios, el Defensor del Pueblo sigue echando en falta el establecimiento de un sistema de registro por parte del director del centro penitenciario. "La institución", según el informe anual, "ha propugnado no solo registrar aquello de lo que se tuviera conocimiento por escrito sino que la información pudiera recibirse por cualquier vía".
