La Defensora del Pueblo pide dureza contra el uso irresponsable de dinero público

Posada y Soledad Becerril
EUROPA PRESS
Actualizado 27/02/2013 13:29:04 CET

Afirma que la causa de los retrasos en Justicia no puede atribuirse a una "desaforada litigiosidad" de la ciudadanía

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advierte en su informe anual, relativo a 2012, de la necesidad de reformar el actual Código Penal con el fin de reforzar la respuesta "ante el uso irresponsable del dinero público por parte de autoridades y funcionarios", y que incluya si inhabilitación si resultaran responsables.

El informe relata que, tras realizar esta recomendación al Ministerio de Justicia durante la etapa socialista, se les contestó que las formas delictivas de la malversación y la prevaricación previstas en la legislación podrían incluir el denominado despilfarro público, "y por ello no se consideraba necesario iniciar una modificación legislativa al respecto".

Posteriormente, con el cambio de titularidad en el Ministerio de Justicia tras la victoria del PP, "se puso de relieve como uno de sus objetivos la modificación de Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de recursos públicos".

El informe añade que se acogieron las recomendaciones de esta institución "en el sentido de excluir el ánimo de lucro como elemento determinante del tipo e incluir la inhabilitación para cargo público como consecuencia jurídica del delito".

RETRASOS EN LA JUSTICIA

El informe también advierte de que las dilaciones continúan siendo un problema importante de la Administración de Justicia. A lo largo de 2012 se han recibido en esta institución 105 quejas sobre demoras judiciales en la jurisdicción civil, 60 en la pena, 18 en la contenciosa-administrativa, 13 en la social y 6 en la mercantil.

El Defensor del pueblo relaciona este problema con la sobrecarga de trabajo en los juzgados y pide reforzar la respuesta pena ante determinados comportamientos de las autoridades y funcionarios públicos.

Por lo que respecta a la jurisdicción contencioso-administrativa, el informe advierte que se encuentra en una "difícil situación" si bien la causa de los retrasos "no puede atribuirse a una desaforada litigiosidad por parte de la ciudadanía, sino que obedece también a las disfunciones que conlleva la mala praxis administrativa".

JUICIO FIJADO PARA 2017

Como ejemplo, la Defensora del Pueblo pone el de un procedimiento seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que, en enero de 2012 fijó la vista del juicio sobre este caso para enero de 2017. En otro caso, en esta ocasión en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se le dio plazo de 20 días a un ciudadano para que se formalizará una demanda que había interpuesto más de dos años antes.

En lo que respecta a la jurisdicción civil, el informe del Defensor del Pueblo señala que la ley de 2011 de medidas de agilización procesal no han tenido la efectividad inicialmente pretendida, mientras que las quejas referidas a la jurisdicción penal suelen estar relacionadas con la duración injustificada de las causas penales.

A este respecto, el informe advierte que si la instrucción de un procedimiento se prolonga excesivamente en el tiempo se corre el riesgo de que las medidas cautelares adoptadas "puedan llegar a suponer una pena adelantada para los enjuiciados". Además, subraya que "una interminable instrucción puede conducir "a la innecesaria, severa e injusta estigmatización de los encausados".

REFORMA PROCESAL

Por ello, la Defensora del Pueblo incide en la necesidad de reformar el sistema procesal penal. El Ministerio de Justicia ya ha presentado su proyecto, que encomienda a los fiscales la carga y responsabilidad de la investigación otorgando únicamente a los jueces el control de garantías y derechos.

El informe reconoce que existe un "sector" que considera que la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del poder ejecutivo provoca dudas "acerca de la imparcialidad en el ejercicio de la función de garantía".

QUEJAS SOBRE LOS REGISTROS CIVILES

La Defensora del Pueblo también recoge en su informe "la situación de colapso" que padecen tanto el Registro Civil Central como "numerosos" registros civiles concretos, en particular los de las poblaciones del cinturón que rodea Madrid y todo el arco mediterráneo, además de los registros consulares afectados por "las numerosas solicitudes de nacionalidad tramitadas".

Así, la práctica totalidad de las quejas que se han recibido sobre el Registro Civil Central se refieren a la excesiva demora en la inscripción de matrimonios y en la tramitación de expedientes de nacionalidad. En los registros civiles concretos las quejas se refieren a la ausencia de un sistema de cita previa, mal funcionamiento de los existentes o demora excesiva en la concertación.

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Por otra parte, el informe de Soledad Becerril pone de manifiesto las demoras que se vienen produciendo en el pago a profesionales por las prestaciones efectuadas por la asistencia jurídica gratuita que, a su juicio, podría conllevar un "perjuicio" en este derecho de los ciudadanos.

Así, la Defensora del Pueblo está a la espera de la remisión de un informe solicitado a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras tener conocimiento de que 600 abogados adscritos al turno de oficio habían presentado su renuncia a realizar guardias en los meses de octubre y noviembre de 2012 en protesta por los recortes llevados a cabo dicha consejería.

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