VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Valladolid ha aprobado, con 14 votos favorables, instar al Gobierno a reformar la Ley Electoral con el objetivo de establecer una limitación a dos legislaturas, sin retroactividad, el ejercicio de los presidentes de las instituciones provinciales.
Asimismo, la propuesta presentada por la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, incluye el compromiso por parte de todos los grupos representados en el Pleno de ejercerla hasta que se incorpore, además de promover la redacción de un Código de Buen Gobierno en el seno de la Institución que "incorpore" medidas encaminadas a "recuperar la confianza de los ciudadanos" y labores de representación de conforme a la ética.
La medida, respaldada con los votos 'populares' y de C's y con la abstención de PSOE, Sí se puede Valladolid y Valladolid Toma la Palabra (VLTP), no ha estado exenta de debate. Así, Héctor Gallego ha propuesto llevar esta medida no sólo a los presidentes de las diputaciones, también a sus homónimos en otras instituciones, enmienda que se ha rechazado "porque no tienen la misma potestad".
Por su parte, Salvador Arpa (VTLP) ha criticado a Vicente por querer dar rango de acuerdo plenario a un pacto entre C's y PP, al tiempo que considera que para establecer esta limitación "hay que valorar cada situación, teniendo en cuenta determinados casos excepcionales".
En este sentido, Arpa ha asegurado las redes clientelares, uno de los objetivos de Ciudadanos en su lucha contra la corrupción, se "tejen" tanto desde la Presidencia como desde los escaños, por lo cual ha cuestionado que esta medida sólo se quede en los presidentes.
Igualmente, ha recordado que la Diputación se sumó en 2012 al Código de Buen Gobierno consensuado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que algunas formaciones ya cuentan con este manual en su organización interna.
Desde la bancada socialista, Félix Velasco se ha referido a la desafección ciudadana mencionada por Vicente, "cuestionable" desde su punto de vista a tenor de las últimas elecciones, donde PP y PSOE obtuvieron más del 50 por ciento de los votos, un diez por ciento más a nivel regional.
Velasco ha matizado a Vicente el tema de las redes clientelares. Así, en la línea de Arpa ha afirmado que hay concejales que ostentan el cargo desde hace más de 15 años "porque no hay sustituto" y que en ocasiones, esa red, implica una gran vocación durante todo el año.
Respecto al reforma de la Ley Electoral, Velasco considera que "no hay tiempo material" para acometerla porque, entre otras cosas, requiere un consenso y cuenta con "muchos aspectos a plantear. "El mejor código ético", ha continuado, "es cumplir las normas", después de suscribir las palabras de Arpa que puntualizaba que "no es lo mismo ser edil de un municipio pequeño que de uno grande".
MOCIONES CONJUNTAS
Durante esta sesión plenaria, donde se han tratado por primera vez en esta legislatura materias ordinarias, los diputados han trasladado su apoyo al municipio de Cabezón de Pisuerga y a sus vecinos en sus reivindicaciones ante las diferentes administraciones para que se dé una solución inmediata al problema generado tras el derrumbe del puente, así como instar a la Junta a que construya otro.
Asimismo, Pedro Pablo Santamaría (PSOE), encargado de presentar esta propuesta convertida en moción, ha asegurado que el Ejército podría establecer una pasarela provisional en "dos o tres días", por lo que el texto también contempla instar a este Ministerio la instalación de tal infraestructura.
Por último, la Diputación contempla la inclusión en el Plan Provincial e Transporte de algún servicio entre los barrios de esta localidad, cuya "calidad de vida esta en peligro ante la posibilidad del cierre de comercios por falta de clientes".
El mismo proceso ha tenido la propuesta que giraba en torno a la cofinanciación de los Planes de Provinciales. Con el respaldo de todos los diputados, este texto, proposición en un principio, moción después, consiste en la solicitar a los ejecutivos regional y nacional su inclusión de las partidas correspondientes en los Presupuesto Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León.
GASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Por el contrario, el Pleno correspondiente al mes de julio ha rechazado posicionarse en contra del proyecto de gasificación de residuos presentado en por Cerámicas Zaratán, cuya sede se establecería a 600 metros de La Cistérniga, además de presentar alegaciones con el objetivo de dictaminar desfavorable, por parte de la Junta, su declaración de impacto ambiental presentado por la empresa.
Esther Mínguez (VTLP) ha sido la encargada de llevar al pleno este texto que no ha contado con el apoyo de Ciudadanos, porque según el último informe (del mes de mayo) "no se incumple la legalidad", ni del PP, por ofrecer información "sesgada", según Alberto Collantes, el cual ha puntualizado que el proyecto "esta abierto" y que la Comisión Territorial de Urbanismo estudió este plan, además de solicitar informes a otras entidades, entre ellas Ecologistas en Acción.
Asimismo, Collantes ha explicado que éste está en fase de alegaciones y que la Diputación forma parte de esta Comisión. "A lo mejor se está predisponiendo a la gente a ponerse en contra cuando no hay nada seguro", ha manifestado.
Mínguez sí que ha contado con el apoyo socialista. En palabras de la portavoz, Teresa López, el PSOE ha apoyado esta iniciativa al entender que, aunque no se a un peligro inminente, es el momento de "adelantarse a posibles consecuencias, por muy hipotéticas que sean".
TTIP
Al igual que en el pleno municipal de la capital vallisoletana del miércoles, la Diputación, a propuesta de Sí se Puede Valladolid, ha debatido situarse en contra del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), aunque con diferente resultado.
Por segunda vez, la primera fue en noviembre del año pasado, el Pleno ha denegado situarse contra un acuerdo que, según el vicepresidente de la Institución, Víctor Alonso Monge, generará entre 36.000 y 140.000 puestos de trabajo en España, supondrá un crecimiento en las importaciones y las exportaciones y aportará estabilidad en precios y una mayor oferta de productos.
Estos datos arrojados por el también diputado de Empleo ha sido criticados desde la bancada de Sí se puede, por "la falta" de protección a las Indicaciones Geográficas Protegidas; por ser considerada "la panacea" al problema del empleo, según Arpa, y por el "daño que supondrá" para el desarrollo del mundo rural, según el diputado socialista Javier González Trapote, quién además lo ha definido como "el cuento de la lechera".
