MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP en la Asamblea de Madrid María José Aguado no ha atendido el ofrecimiento del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para que declarara de forma voluntaria en el marco de la trama Gürtel por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de la localidad madrileña de Arganda del Rey.
El magistrado le imputó, antes de comprobar que se trataba de una aforada, delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas por el "fraccionamiento de los servicios relacionados con la X Olimpiada Escolar" del municipio madrileño, cuya organización se encargó a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa.
Tras tener conocimiento de su calidad, De la Mata eliminó su condición de persona investigada y le ofreció acudir voluntariamente a declarar. Transcurrido el plazo establecido para que respondiera a la oferta, el Juzgado da por rechazada la propuesta del juez, han informado fuentes jurídicas.
Este martes han comparecido como testigos en relación con esta pieza el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Arganda del Rey, Pablo José Rodríguez Sardinero, y la exedil de Cultura Amalia Guillén Sanz, que han negado cualquier conocimiento sobre presuntas adjudicaciones ilícitas de eventos del consistorio.
En concreto, Rodríguez Sardinero ha precisado que la concesión de estos contratos dependía de los técnicos del Ayuntamiento y ha puesto de manifiesto que todo el proceso fue fiscalizado por la Intervención. El juez también ha interrogado como imputados, a dos empleados municipales.
También en el marco de la pieza de Arganda, De la Mata reclamó a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid el acta de la comisión que aprobó, en enero de 2006, el plan que facilitó uno de los mayores 'pelotazos' urbanísticos de la trama Gürtel en la localidad madrileña.
El instructor investiga, en concreto, el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización bautizada como Unidad de Ejecución 124. Los terrenos fueron adjudicados en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa y se modificaron en los meses siguientes de forma que la constructora elevó su previsión de ventas en 198,3 millones, según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que consta en el sumario.
