MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -
Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco hoy ante la Cámara con objeto de solicitar su confianza para formar Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.
El pasado 12 de marzo, los españoles han tenido de nuevo en sus manos todo el poder para decidir. Votaron en libertad, después de conocer los programas con los que las diferentes candidaturas concurrieron a las urnas. Nada hay de extraordinario en ello en una democracia consolidada como la nuestra, pero no creo que esté de más ponerlo de relieve. La historia contemporánea de nuestro país no ha sido, por desgracia, ni fácil ni pacífica. Sin embargo, a la altura del cambio de siglo, España tiene un régimen de libertades políticas arraigado y firme. Es a este régimen democrático, el de la Constitución de 1978, al que debemos nuestra libertad, nuestra prosperidad y nuestra convivencia. Y ese es un mérito de todos los españoles.
Toda elección es una victoria de la democracia. Y esta vez lo ha sido muy especialmente en el País Vasco. Quienes durante tanto tiempo han despreciado los derechos y las libertades individuales en esta ocasión han querido silenciar la voz de los ciudadanos. Han fracasado. En el País Vasco los ciudadanos han acudido a votar como en cualquier otro lugar de España. Ha sido un comportamiento profundamente cívico y democrático, que merece el reconocimiento de todos. Hace veintidós años decidimos construir juntos el futuro. La Constitución articuló jurídicamente un modelo de Estado democrático en el que todos cupiéramos, en el que todos pudiéramos desarrollar proyectos políticos diferentes, sin poner por ello en cuestión los fundamentos de nuestra convivencia. La Constitución es el mejor marco para ordenar en paz y en libertad la convivencia de los españoles. La idea de España que queremos seguir compartiendo con las demás fuerzas políticas es precisamente la que expresa la Constitución.
Pocas veces una sociedad ha tenido la ocasión de ver en tan poco tiempo los frutos de un acierto colectivo. En poco más de una generación el panorama de nuestro país ha cambiado sustancialmente.
Los españoles hemos podido desplegar todas nuestras energías para impulsar el progreso de nuestra sociedad. Sin embargo, el terrorismo ha pretendido quebrar las bases de nuestra convivencia y de la concordia alcanzada con tanto esfuerzo. Con sus acciones criminales, ha causado un grave daño a la sociedad española en su conjunto y muy en particular un enorme sufrimiento a las víctimas inmediatas de sus atentados. A todas las víctimas quiero ahora rendir tributo de honor, como lo hizo el pueblo español en la pasada legislatura mediante la ley aprobada por unanimidad de ambas Cámaras.
La sociedad ha adquirido en estos años una nueva conciencia de la importancia del protagonismo cívico y de la movilización social frente a la violencia terrorista. Esta cohesión, enraizada en el marco constitucional y estatutario, sitúa la defensa del Estado de derecho en el centro de nuestra acción política. La inmensa mayoría de los ciudadanos vascos ha encontrado en su estatuto un sólido punto de encuentro para la convivencia en paz y en libertad. Al margen de la ley constitucional, de sus instituciones y de sus principios, nadie podría sentirse seguro de que sus derechos serán respetados. Es inaceptable que el marco jurídico y político que arroja tal balance de adhesión esté siendo objeto de unaestrategia de ruptura que pretende desbordar espacios
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de acuerdo tan laboriosamente construidos. Quienes se declaran demócratas han de ser coherentes con sus principios, abandonando cualquier estrategia que confirme a los terroristas en la idea de que el uso de la violencia o la mera amenaza son instrumentos útiles para alcanzar sus objetivos políticos. (Aplausos.) La fortaleza y la tenacidad, asentadas en el consenso de Estado, deben presidir la lucha infatigable contra la violencia etarra. La firme aplicación de todos los medios que nos brinda nuestro Estado de derecho y el desarrollo de la cooperación internacional nos permiten combatir el terrorismo con renovada eficacia, que se ha de extender a la persecución de quienes lo sostienen y le dan cobertura. Este enfoque definirá la acción del Gobierno, tanto en su responsabilidad al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en las iniciativas que en todos los ámbitos le corresponda promover.
Quiero ser muy claro: nuestro único enemigo es el terrorismo y su desafío permanente a los derechos fundamentales y a las libertades individuales. Y con la misma claridad quiero reafirmar el compromiso del Gobierno con los valores y los principios en que se fundamenta la vertebración constitucional de España como nación plural.
Señora presidenta, la nueva etapa que comenzamos requiere seguir mirando al futuro. España se encuentra hoy ante una gran oportunidad.
Hemos contribuido a ello desde distintas orientaciones políticas. En un marco de libertades y de pluralismo, los ciudadanos se han esforzado por hacer posible su bienestar personal y el de sus familias y con ello han hecho posible el progreso del conjunto de la sociedad. Vivimos un momento de gran creatividad, que enriquece el legado cultural del que somos herederos. Impulsamos iniciativas que hacen que la Unión Europea avance. Contribuimos al fortalecimiento de una comunidad iberoamericana, cuya voz se hace oír cada vez más en el mundo. Participamos en la creación de un área de paz y prosperidad en el Mediterráneo.
La pujante realidad de la sociedad española, nuestra historia reciente y la existencia de un mundo más abierto que nunca hacen que podamos y debamos plantearnos unos objetivos ambiciosos para esta legislatura. Son los que propuse a los ciudadanos durante la campaña electoral y la base del programa de Gobierno, para el que solicito la aprobación de esta Cámara. Es el momento de trabajar para acercarnos al pleno empleo. Es el momento de invertir en educación, innovación, comunicaciones, cultura y medio ambiente, para construir el futuro.
Es el momento de promover el bienestar de los españoles y la igualdad de oportunidades en una sociedad más solidaria. Es el momento de conseguir una Administración moderna, adaptada a un Estado de las autonomías dotado de un modelo de financiación renovado. Es el momento de fortalecer la proyección internacional de España, para ser más protagonistas en un mundo abierto.
Señorías, quiero alcanzar estos objetivos con un proyecto político de centro reformista, que pretendo impulsar mediante el diálogo. El pasado 12 de marzo los españoles eligieron mayoritariamente una opción política de centro. Se trata de un proyecto que persigue expandir las libertades en todos los ámbitos, que defiende la iniciativa individual y el protagonismo de la sociedad, que trabaja por una sociedad integral y solidaria, que es consciente de que no hay mejor política social que aquella que alienta la creación de empleo. El diálogo seguirá siendo pauta de comportamiento del Gobierno. Las reformas basadas en acuerdos son más sólidas y duraderas. Ofrecemos un diálogo abierto a los grupos parlamentarios y a los interlocutores sociales. Queremos impulsar un espíritu de colaboración entre los partidos políticos, entre los poderes del Estado, entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Como saben, el Partido Popular y Coalición Canaria han suscrito un pacto de legislatura, cuyos contenidos, públicamente conocidos, se plasmarán en las correspondientes iniciativas legislativas y acciones de Gobierno. Asimismo, el Partido Popular y Convergència i Unió hemos comprobado la existencia de objetivos comunes en nuestros respectivos programas. Considero que el compromiso de Convergència i Unió con la modernización de nuestra sociedad constituye una aportación valiosa para alcanzar las metas que nos proponemos. Es posible y deseable alcanzar acuerdos sólidos y duraderos, basados en el respeto mutuo a nuestras ideas propias y al marco constitucional. Espero del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió una renovada colaboración, sobre la base de la mantenida en los últimos años, con el propósito común de contribuir al progreso de España.
Señora presidenta, quiero comenzar la exposición del programa de reformas que promoverá el Gobierno, si la Cámara me otorga su confianza, abordando las mejoras institucionales que sirvan para que nuestra democracia funcione de una manera más eficaz. Queremos llegar a acuerdos satisfactorios en torno a tres cuestiones, para las que un amplio consenso en el Legislativo resulta imprescindible: la regulación electoral, en particular las normas de ámbito local, buscando fórmulas que permitan mejorar la gobernabilidad, la estabilidad política y la participación de los ciudadanos; la financiación de los partidos políticos, con la finalidad de asegurar su máxima transparencia y delimitar los gastos electorales; la revisión del sistema público audiovisual, porque, en un entorno abierto por las nuevas tecnologías, es imprescindible la nueva regulación de las televisiones y radios de titularidad estatal, autonómica y municipal.
El Parlamento debe continuar siendo el centro de la vida política nacional. Con la finalidad de agilizar la
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labor parlamentaria, tanto en su función legislativa como en la de control político, debemos culminar la reforma de sus reglamentos.
Queremos asimismo proponer la regulación de la comparecencia previa de los candidatos a aquellos puestos de las instituciones del Estado reservados a la propuesta, aceptación o nombramiento de las Cámaras.
Desde ahora asumo en nombre del Gobierno el compromiso de facilitar en todo lo posible el sometimiento de su acción política a los mecanismos de control parlamentario, tal y como hemos venido haciendo en la pasada legislatura. (Rumores.) Mi convicción es que un riguroso control parlamentario es consustancial con el buen funcionamiento de una democracia.
El debate en torno al Senado no debe permanecer abierto de manera indefinida. Por ello, colaboraremos para encontrar en esta legislatura las soluciones que contribuyan a mejorar su eficacia en el ejercicio de las funciones que como Cámara parlamentaria y de representación territorial le otorga la Constitución. También en este punto quiero hacer expresa nuestra posición sobre la plena validez del texto constitucional.
Señorías, quiero abordar ahora una cuestión capital para fortalecer el Estado de derecho. Me refiero a la justicia, proclamada en la Constitución como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
Existe una notoria insatisfacción en la sociedad española respecto al funcionamiento de la Administración de justicia. Hemos llevado a cabo un importante esfuerzo en estos cuatro años. Pero lograr que la Administración de justicia preste un servicio público de calidad, moderno y eficaz, nos obliga a continuar un decidido programa de inversiones y de reformas.
El Gobierno traerá a esta sede parlamentaria iniciativas concretas en dos parcelas de nuestro ordenamiento, para completar la actualización de nuestro sistema legal básico. Promoveremos la reforma del proceso penal, del sistema de penas y del control de su cumplimiento. Para llevar a cabo la revisión del sistema de penas del Código Penal, el Gobierno encomendará a una comisión técnica el correspondiente estudio previo. Quiero también anunciar a la Cámara que, si me otorga la confianza, el Gobierno la someterá con carácter inmediato la ratificación del tratado por el que se constituye el Tribunal Penal Internacional. También debemos completar la reforma procesal civil.
Necesitamos nuevos instrumentos legales que faciliten la rápida solución de conflictos y garanticen la seguridad de la actividad mercantil. Una nueva ley concursal, una nueva ley de jurisdicción voluntaria y la reforma de la Ley de Arbitraje serán tres piezas fundamentales para ganar certeza y seguridad en el tráfico económico.
Todo ello es imprescindible para mejorar nuestra competitividad y, en consecuencia, para crear empleo. Igualmente nos proponemos completar el desarrollo legislativo del título I de la Constitución. En especial, el Gobierno impulsará una nueva regulación de los derechos de petición, de asociación y de fundación.
Son tres derechos cuyo ejercicio contribuye a lograr una mayor participación de la sociedad en el logro de los fines de interés general.
Pero el conjunto de medidas al que me he referido no es suficiente.
La necesidad de perfeccionar el desarrollo del modelo constitucional de justicia nos mueve a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un pacto de Estado. A todos interesa, y todos deberíamos contribuir a ello, una justicia independiente, rápida y eficaz, que sea la garantía última de los derechos y las libertades. El juez es pieza angular en el Estado de derecho. Su papel se asienta sobre tres cimientos: la independencia orgánica y de ejercicio, la profesionalidad y la responsabilidad. La perfección de cada uno de ellos contribuirá de modo determinante a que sea realidad el modelo de justicia que deseamos para España. Para ello, si la Cámara me otorga su confianza, se abrirán consultas sin dilación.
Garantizar las libertades de los ciudadanos y el disfrute efectivo de sus derechos exige seguridad en sus ámbitos de convivencia. Luchar eficazmente contra todas las formas de delincuencia es una obligación indeclinable del Estado. El Gobierno intensificará la acción preventiva contra todos los delitos y en particular contra los más amenazadores, contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y la trata de seres humanos. Además, quiero expresar y reiterar nuestro compromiso de luchar de forma integral y con la máxima decisión contra la violencia doméstica, fenómeno que degrada a toda la sociedad.
Señora presidenta, fortalecer la España constitucional es el mejor legado que podemos ofrecer a las futuras generaciones. Los españoles nos hemos dotado de un sistema institucional capaz de integrar la pluralidad constitutiva de la nación española. El Estado de las autonomías es una realidad plenamente asentada. España se ha convertido en uno de los países más descentralizados del mundo. Las comunidades autónomas están prestando ya servicios públicos, entre otros la educación y la sanidad, que contribuyen de manera determinante a la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestra obligación ahora es hacer que el Estado de las autonomías funcione cada vez mejor, con arreglo a sus principios inspiradores. Estamos concluyendo el proceso de transferencias. Estamos ya en una nueva etapa, en la que debemos poner el acento en la asunción plena de las responsabilidades de cada cual, en la cooperación, en las propuestas de cohesión territorial, en la mejora del modelo común. Sólo así podremos cumplir las misiones que corresponden a los poderes públicos al servicio de los ciudadanos. El medio ambiente, la seguridad alimentaria, la sanidad o la educación son ejemplos que nos muestran que muchas de las nuevas realidades de una sociedad en cambio requieren la colaboración de todas las administraciones.
El Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara, se propone reforzar los órganos de cooperación entre elEstado y las comunidades autónomas, en particular las
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conferencias sectoriales. Asimismo, promoverá un pacto entre todas las fuerzas políticas parlamentarias y las comunidades autónomas para dar estabilidad al modelo de financiación autonómica. Volveré a él más adelante. No podemos olvidar que uno de los valores sobre los que se asienta el Estado de las autonomías es el de la solidaridad. El Gobierno tendrá en cuenta siempre este principio en la definición de sus políticas. Porque todos somos parte de un proyecto común, los beneficios de la prosperidad deben alcanzar a todos.
Durante los últimos 20 años también la vida local se ha revitalizado.
Su papel en la prestación de servicios será cada vez más importante para atender nuevas necesidades y mejorar nuestros espacios de convivencia. Conforme a nuestro compromiso electoral, nos proponemos fortalecer el papel de los municipios. Es necesario, pues, avanzar hacia un proceso descentralizador, que ha de establecerse desde las comunidades autónomas hacia los entes locales. Ello nos obliga a potenciar la autonomía local y dotar a los municipios de mayores capacidades de gestión. Con tal finalidad, el Gobierno impulsará los pactos locales autonómicos que consoliden el proceso de descentralización. Buscaremos, con tal objeto, los más amplios acuerdos con los partidos con representación parlamentaria.
El proyecto de reformas que propongo a la Cámara incluye también la mejora de la eficacia de la Administración general del Estado.
Durante los últimos 20 años la naturaleza de su actividad ha cambiado sustancialmente. Los ámbitos de gestión se han reducido al tiempo que han aumentado las necesidades de análisis, prospectiva e impulso normativo. Ello obliga a acometer reformas innovadoras, que han de afectar tanto a los aspectos organizativos y orgánicos como a los de funcionamiento. No obstante, la Administración general del Estado sigue prestando servicios públicos esenciales para los que debemos utilizar las tecnologías más modernas. Hoy ya muchos servicios son accesibles sin necesidad de la presencia física del ciudadano y eso debe ser general antes del final de la legislatura. Es muy importante generalizar el uso de las telecomunicaciones, en particular de Internet, una herramienta de singular importancia para acercar la Administración a los ciudadanos.
Señorías, el empleo ha sido y seguirá siendo nuestro empeño en la nueva legislatura. Porque estamos convencidos de que es el mejor modo de evitar la exclusión social, porque estamos convencidos de que es la mejor contribución al bienestar. Es este objetivo del empleo el que explica nuestras principales actuaciones en el campo económico, es el que da sentido a la estabilidad presupuestaria, a la política de reformas estructurales, a la política de privatizaciones y a la reforma fiscal. Nos proponemos avanzar en la modernización económica y social de España dando un nuevo impulso al programa que iniciamos en la legislatura anterior. Son reformas cuyo principal objetivo es alcanzar el pleno empleo en el curso de esta década. Cuatro años de política económica reformista han dado sus frutos. No me extenderé en este momento en los resultados de la pasada legislatura en términos de empleo y progreso. Ahora es imprescindible continuar con las reformas.
La experiencia ha demostrado que una política económica exigente, que asegura la estabilidad presupuestaria, que devuelve iniciativa a la sociedad, que administra con austeridad y que baja los impuestos genera bienestar para todos. Haber creado más de la mitad de los nuevos empleos europeos en los últimos cuatro años no es una casualidad, sino las consecuencias directas de una política determinada. Pero, si queremos la convergencia real, tenemos que seguir avanzando más deprisa que el resto.
Esta será la legislatura del equilibrio presupuestario. Esto tiene un sentido económico evidente, pero sobre todo tiene una importancia política determinante. En España se han perdido muchas oportunidades por culpa de una Hacienda mal financiada, raíz última de una economía inflacionista, con una moneda débil e inestable y abocada al proteccionismo. Nuestro país se ha comprometido en el Programa de Estabilidad a conseguir el equilibrio presupuestario en el año 2002 y el superávit en los siguientes. Hoy, sin embargo, quiero anunciar que el Gobierno se propone adelantar la obtención del equilibrio presupuestario al año 2001. Es posible, es necesario y es un esfuerzo que tengo la convicción de que dará buen fruto.
Que desaparezca el déficit es sin duda importante, pero también lo es rebajar la participación del sector público en la economía. Durante los últimos cuatro años se ha reducido en cuatro puntos el producto interior bruto. Así se estimula la creación de empleo y el aumento del bienestar. Por eso, en esta legislatura nos proponemos situar el gasto de las administraciones públicas por debajo del 40 por ciento del producto interior bruto.
En el reciente Consejo Europeo de Lisboa nos hemos comprometido a alcanzar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el curso de los próximos diez años. España ha impulsado ese compromiso y lo cumplirá.
Para ello, el Gobierno trabajará en la elaboración de un nuevo marco normativo para la estabilidad presupuestaria, en una amplia reforma de la financiación de las haciendas territoriales y en la modernización de la protección social. Quiero anunciarles en este sentido la remisión de una nueva ley general de estabilidad presupuestaria, cuya finalidad será hacer perdurable lo que ya hemos conseguido: la consolidación de las cuentas públicas, la transparencia en la utilización de los recursos y la coordinación de las políticas presupuestarias. También queda dentro de este nuevo marco de estabilidad la reforma del modelo de financiación de los entes territoriales. Todas las administraciones nos debemos comprometer con un nuevo marco presupuestario que evite la reaparición de los desequilibrios.
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En los últimos años, las transferencias del Estado han aumentado rápidamente y en particular hacia las comunidades autónomas. Cuando concluya este proceso, las administraciones territoriales gestionarán tantos recursos como la Administración general del Estado, si excluimos la carga de una deuda contraída para financiar a todos.
Hoy, los entes territoriales tienen garantizada la evolución de buena parte de sus ingresos al ritmo del crecimiento del producto interior bruto nominal, mediante transferencias del Estado. Esta fórmula determina que el gasto de las administraciones territoriales esté creciendo a mayor ritmo que el conjunto de los gastos del Estado.
Desde 1978 hemos ido construyendo un modelo de distribución de responsabilidades políticas y de descentralización del gasto. Cuando nos acercamos a su configuración definitiva, debemos revisar su esquema de financiación con vocación de permanencia. Ello resulta imprescindible si queremos mantener el equilibrio presupuestario y reducir el tamaño del sector público. La importancia de esta reforma nos demanda, desde luego, la voluntad de lograr un amplio acuerdo.
Una vez garantizado el principio de solidaridad que la Constitución consagra, todo gobernante y todo ciudadano debe saber que la responsabilidad de financiar los gastos adicionales de cada administración debe depender de sus propios recursos y debe recaer sobre sus propias bases fiscales. El nuevo modelo debería aumentar la responsabilidad fiscal de cada cual. La transparencia es ineludible para actuar según las pautas propias de una democracia madura y los contribuyentes han de percibir una relación directa entre el nivel de gasto de las administraciones territoriales, consecuencia natural de su autonomía política, y la carga fiscal que los ciudadanos deben soportar.
La financiación de las haciendas locales también espera su reforma, que deseo que cuente con un acuerdo tan amplio como el que suscitó en la pasada legislatura. Son innegables los problemas causados por un sistema de financiación local que aún conserva elementos ciertamente arcaicos. La eliminación del impuesto de actividades económicas para el 90 por ciento de las pequeñas empresas y autónomos debe formar parte de un proceso de revisión global de la financiación municipal.
Los ayuntamientos deben contar con recursos suficientes, sin por ello distorsionar el dinamismo económico. En este mismo sentido, debemos evitar que la financiación municipal incremente el coste del suelo.
La dificultad que hoy tienen los españoles para acceder a una vivienda por causa de su precio no es irremediable. Los motivos por los que el suelo y la vivienda son caros pueden ser abordados con el concurso de todas las administraciones. Una reforma de las haciendas locales como la que quiero plantear tiene que incluir, en consecuencia, medidas apropiadas para que la oferta de suelo aumente y para que la legislación urbanística facilite este proceso.
Se iniciarán conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para establecer un esquema alternativo y moderno de financiación. Un informe realizado por una comisión de expertos servirá de base para lograr un nuevo texto de la Ley de Haciendas Locales que se presentará al Parlamento durante la presente legislatura.
Señora presidenta, el segundo gran instrumento de política económica del que disponemos, junto a la política presupuestaria, son las reformas estructurales. Necesitamos modernizar nuestro sistema fiscal, liberalizar los mercados y aumentar la competencia, mejorar el mercado de trabajo y fomentar el espíritu emprendedor, promoviendo la creación de nuevas empresas.
La reforma fiscal fue protagonista de la pasada legislatura y en esta volverá a serlo. Ya anunciamos que el nuevo impuesto sobre la renta sería el primer paso de una reforma más general de nuestro sistema tributario. Son cada vez más los países europeos que comprenden la necesidad de unos impuestos más bajos y mejor diseñados para las familias y para las empresas. Hoy casi todos estamos de acuerdo en que con menos impuestos la economía funciona mejor.
Nos proponemos avanzar en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas con una rebaja adicional de los tipos impositivos, un mejor tratamiento fiscal a las familias e incentivos más favorables al ahorro. Los pensionistas y los trabajadores con menores rentas resultarán especialmente beneficiados.
El dinamismo de nuestra sociedad depende en buena parte de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales autónomos. Más del 90 por ciento de nuestras empresas lo son y proporcionan más del 70 por ciento de nuestro empleo. Es esencial para el bienestar de los españoles que los marcos legal, fiscal y laboral tengan en cuenta esta realidad. Necesitamos una sociedad que sepa apreciar y estimular a los emprendedores. Actuaremos, en primer término, reduciendo los impuestos que actualmente repercuten sobre ellas, eliminando el impuesto de actividades económicas para el 90 por ciento de los negocios y mejorando su tratamiento en el impuesto de sociedades. En la pasada legislatura la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas tuvo en cuenta la prioridad de reducir el déficit público. Del mismo modo, las reformas que acabo de enunciar se pondrán en práctica acompasadas a la obtención del equilibrio presupuestario.
Por su parte, el estatuto de la empresa nueva será uno de los instrumentos esenciales de nuestra política para la pequeña y mediana empresa. Queremos que sea suficiente registrarse en una única ventanilla y que puedan operar en un plazo mínimo.
Creo que todas las administraciones públicas deben comprometerse a facilitar la creación de nuevas empresas y, de acuerdo con este principio, promoveremos un sistema de aplazamiento automático de los impuestos que se deban satisfacer en los dos primeros años de
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ejercicio de la actividad, permitiendo su amortización en los ejercicios siguientes.
Señora presidenta, la liberalización de los mercados de bienes y servicios es fundamental para conseguir mayor competencia, menor inflación y más dinamismo económico. Como saben SS.SS., el Consejo Europeo recientemente celebrado en Lisboa así lo ha reconocido, haciendo de su ambicioso calendario el núcleo de una estrategia de la economía europea hasta el año 2010. España, junto con otros socios europeos, está impulsando este proceso con el fin de alcanzar el pleno empleo en torno, como digo, al año 2010.
En esta legislatura culminaremos los procesos de liberalización ya iniciados y acometeremos otros nuevos.
En relación con el mercado de la energía se seguirán extendiendo a todos los consumidores los beneficios de la liberalización del mercado eléctrico. Del mismo modo, quiero anunciar mi intención de romper el monopolio del sector del gas y abrirlo a la competencia durante esta legislatura.
En materia de telecomunicaciones, la pasada legislatura ha sido especialmente intensa y con resultados muy satisfactorios en lo que se refiere a la creación de un mercado más eficiente. En la presente se intensificará la competencia mediante redes alternativas de acceso y la apertura de las infraestructuras existentes. Esto permitirá la competencia en todo tipo de servicios, extenderá el uso de internet y otros servicios de banda ancha, que constituirán la base sobre la cual se tiene que asentar la sociedad de la información.
Asimismo abordaremos la liberalización de cuantas rigideces están haciendo menos eficientes algunos mercados. La lucha contra la inflación y la búsqueda de mejores servicios a precios más baratos va a seguir siendo nuestro objetivo principal en este terreno.
El Gobierno tiene una responsabilidad indeclinable de supervisión y vigilancia en favor de los intereses de los ciudadanos y de los consumidores. Se trata de asegurar la competencia y de frenar concentraciones de poder que la pueden poner en riesgo. Por ello, potenciaremos decididamente los órganos de defensa de la competencia.
En coherencia con esta visión, vamos a culminar el proceso de privatizaciones, que ha contribuido a que nuestra economía sea una de las más dinámicas de Europa.
Señorías, la reforma del mercado de trabajo tuvo un excelente punto de partida en los acuerdos de 1997. El diálogo social contribuye a la creación intensa de empleo. Todos hemos aprendido de esta experiencia y ahora sabemos más sobre las fórmulas que ayudan a crear empleo y las que no lo hacen.
Esta legislatura tiene que ser igualmente fructífera en el ámbito laboral. Necesitamos un mercado de trabajo más flexible y una población activa más formada y adaptable o más empleable. Para que nuestro crecimiento económico siga traduciéndose en una creación intensa de empleo debemos avanzar por dos vías: las reformas en la normativa laboral y la potenciación de las políticas activas.
Los acuerdos alcanzados en 1997 tenían dos objetivos fundamentales: la estabilidad del empleo y la modernización de la negociación colectiva. Tres años después, el balance es positivo, pero no debemos conformarnos.
El nivel de desempleo para muchos colectivos sigue siendo inaceptable. La reducción de la temporalidad ha sido insuficiente. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque avanza a buen ritmo, se debe intensificar. Debemos estudiar y corregir las causas por las cuales algunas regiones sufren aún niveles de paro muy superiores a la media. El alarmante número de accidentes laborales nos exige una decidida actuación.
Resolver los problemas que acabo de enunciar exige nuevas reformas sin dilación. El método de trabajo va a seguir siendo el diálogo social. Ya hemos iniciado los contactos con los agentes sociales, pero, para avanzar al ritmo que todos queremos, antes de que acabe este año habrá que adoptar medidas que ayuden a la creación de empleo y a la reducción de la temporalidad. Por eso es urgente que se alcancen esos acuerdos.
Lamentablemente, el desempleo afecta de forma especial a las mujeres.
Creo que se ha hecho mucho en estos cuatro años y con resultados esperanzadores, pero hay que hacer mucho más. Queremos la participación generalizada de la mujer en la vida laboral. Estamos obligados a adoptar las medidas necesarias para romper las barreras que todavía existen y para lograr su normalidad y su integración. La conciliación de la vida laboral y familiar es indispensable para la consecución de este objetivo. Es un asunto que nos concierne a todos y nuestro futuro está condicionado en buena medida por cómo afrontemos esta cuestión crucial.
Además, nuestro país tiene la natalidad más baja del mundo y debemos promover condiciones que faciliten la conciliación de la vida laboral con el cuidado de los hijos menores de edad. En particular, la dotación de guarderías infantiles es insuficiente y durante los próximos cuatro años impulsaremos decididamente las medidas y los planes que mejoren la situación.
La maternidad no puede ser un obstáculo para la participación de la mujer en el mundo laboral y, de acuerdo con nuestro compromiso electoral, el Gobierno eliminará con carácter inmediato las cotizaciones durante dos años por razón de maternidad, con independencia de cuándo se produzca la incorporación o reincorporación al mercado de trabajo de forma estable.
Nuestra realidad demográfica, así como la evolución del mercado laboral, hacen que España necesite un creciente número de inmigrantes. Ahora precisamente, no podemos olvidar que en otros tiempos muchos españoles salieron de nuestras fronteras para trabajar y ganarse la vida. Hemos de prepararnos para ser un país de acogida, conscientes de que quienes vienen a trabajar
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contribuyen a nuestra prosperidad y enriquecen nuestra sociedad.
El fenómeno de la inmigración exige una política de Estado y queremos desarrollarla con el máximo acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias. Debe ser una política congruente con nuestra capacidad de acogida y con los compromisos y responsabilidades que España asumió en el Consejo Europeo de Tampere, lo que nos obliga a adaptar nuestra legislación en materia de extranjería.
Para dotar de más eficacia las tareas que hemos de desarrollar en esta materia, me propongo crear una delegación del Gobierno para la inmigración, que coordine y promueva la cooperación entre los órganos y administraciones competentes en la materia.
Señora presidenta, nuestro bienestar exige que trabajemos en la modernización del sistema de protección social. A partir del año 2010, Europa afrontará un rápido envejecimiento de la población. El último Consejo Europeo ha puesto en marcha una evaluación comparativa de los sistemas de protección social para su modernización en el horizonte de los años 2010 y 2020. Una política responsable nos exige comenzar ya a diseñar medidas que contrarresten las consecuencias sociales y financieras que de otra forma acarrearía este fenómeno.
Sólo con responsabilidad puede construirse una política solidaria que afronte esta situación.
Nuestro sistema de pensiones tiene hoy una base sólida y por primera vez está siendo capaz de equilibrar sus cuentas. En 1999 hemos alcanzado el superávit presupuestario, hemos dotado un fondo de reserva y hemos aumentado su cuantía a 100.000 millones de pesetas.
Es un paso adelante al que seguirán otros en los ejercicios sucesivos.
El Pacto de Toledo ha demostrado ser el foro adecuado para acometer reformas que todos sabemos necesarias, dentro de un ámbito de acuerdo y de diálogo. Por eso quiero anunciar su convocatoria inmediata.
Tenemos mucho por hacer y es mucho lo que espera en este terreno la sociedad española. Quiero decirles que las primeras líneas de trabajo serán la revisión del sistema de prejubilaciones, la mejora de las pensiones más bajas, así como las de viudedad, la posibilidad de retrasar voluntariamente la edad de jubilación y el desarrollo y extensión de los sistemas complementarios de previsión social.
Igualmente, estudiaremos las experiencias de reformas de las pensiones en otros países europeos.
Señorías, todos los asuntos abordados hasta ahora inciden en el bienestar de los españoles, pero la influencia de la sanidad en su calidad de vida hace que sea juzgada con una especial sensibilidad.
En la pasada legislatura hemos consolidado financieramente el Sistema Nacional de Salud y hemos sentado las bases de una reforma que mejorará sustancialmente nuestros servicios sanitarios, ampliando las prestaciones e incrementando la calidad en la atención a los pacientes.
Nos proponemos ahora extender las nuevas formas de gestión, cuyas claves son la autonomía de los centros y el mayor compromiso y motivación de los profesionales. Un régimen de concurrencia de todos los centros sanitarios, en el marco del aseguramiento público universal, será determinante para mejorar la eficiencia de los servicios y la atención a los ciudadanos.
Nuestro objetivo es que los pacientes puedan elegir cualquier centro público o concertado por cuenta del Sistema Nacional de Salud. Ya se ha reconocido a los pacientes el derecho a elegir otro hospital público o concertado si no se le interviene en el plazo máximo de seis meses, para operaciones no urgentes. Ahora queremos ampliar este derecho también a las pruebas diagnósticas.
Creo que el valor de una sociedad tiene mucho que ver con la dignidad que otorga a la vida de sus mayores. El aumento de esperanza de vida de los españoles es una nueva realidad que hay que abordar con enfoques innovadores. Debemos promover medidas de apoyo a las familias que cuidan a las personas con carencias acusadas, así como desarrollar -y desarrollaremos decididamente- los servicios de atención sociosanitaria.
Señorías, antes he hablado de la profunda transformación que ha experimentado la sociedad española en este último cuarto de siglo.
Ahora estamos inmersos en una auténtica revolución que nos está abriendo las puertas de la sociedad de la información y del conocimiento. Creo que España aborda este horizonte en unas condiciones que nos permiten tener confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad. Los españoles podemos superar con éxito los retos que plantean las nuevas ideas y tecnologías en un mundo cada vez menos condicionado por limitaciones de espacio y de tiempo. Pero no podremos aprovechar este escenario de posibilidades si no proponemos un programa de trabajo centrado en aquellos sectores que son determinantes para construir este futuro. Invertir en futuro significa apostar por cinco ejes estratégicos: la educación, la innovación, las comunicaciones, el medio ambiente y la cultura. Estos son los campos que marcarán la diferencia de la España de hoy y la de dentro de 20 años.
Es más importante que nunca que nos preocupemos por la educación. No hay mayor injusticia en la sociedad del conocimiento que una educación deficiente. Y no podemos conformarnos con una educación que llegue a todos, debemos proponernos mejorar su calidad. Un buen sistema educativo y científico es esencial para lograr una sociedad integrada, con igualdad de oportunidades, con mayor bienestar y que progrese. Y tenemos que hacer entre todos que la educación del futuro sea mejor de la que hemos heredado.
Este nuevo objetivo es tarea de toda la sociedad: de las familias, de los profesores, de los agentes económicos y sociales, de las instituciones culturales y educativas y de los poderes públicos.
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Para asegurar una formación completa, he de insistir en el papel básico de las humanidades, cuya enseñanza habrá que fortalecer. Me preocupa, en particular, el conocimiento de nuestro pasado común, fundamental para construir el futuro. Necesitamos asegurar el dominio de al menos una lengua extranjera, el uso de las nuevas tecnologías y reforzar la educación en valores.Las nuevas generaciones necesitan referentes sólidos sobre los cuales desarrollar sus capacidades en una sociedad crecientemente compleja y plural. Nuestros jóvenes no se merecen que les privemos de un bagaje común sobre el que cimentar el proyecto pleno de oportunidades.
Con diálogo, y buscando los más amplios acuerdos posibles, abordaremos reformas ineludibles. Porque necesitamos profesores motivados, valorados por una sociedad que sabe que en sus manos están las mejores posibilidades del mañana. Porque necesitamos que cada centro educativo disponga del marco y de los medios adecuados para desarrollar su tarea formativa, con un clima favorable al estudio y la convivencia. Porque necesitamos un sistema educativo más flexible y más adaptado a los intereses y vocaciones de los alumnos, más atento, en definitiva, a la innovación.
Sabemos que la educación es un factor clave de cohesión social. Es en las aulas donde se construye una sociedad, donde se aprende a respetar las diferencias y donde se abren los horizontes a un mundo cada vez más abierto.
Necesitamos también dotar a España de un moderno sistema de Formación Profesional, de alta calidad y prestigiado socialmente. Sin una formación a lo largo de toda la vida laboral no podremos alcanzar el objetivo del pleno empleo. Esta es una de las carencias que está obstaculizando la articulación entre los sistemas educativo y productivo. Por ello, el Gobierno impulsará un acuerdo nacional para desarrollar un nuevo sistema de Formación Profesional, en el que la colaboración de los agentes sociales será de capital importancia.
Hemos puesto en marcha el distrito único y las becas de movilidad para estudiantes y profesores. Necesitamos universidades mejores, abiertas, que no tengan barreras de ningún tipo. Promoveremos, por ello, una ley de universidades que vertebre el sistema español de enseñanza superior, que promueva la calidad de la docencia y que contribuya al moderno sistema de ciencia y tecnología.
Señorías, la responsabilidad del Gobierno también es trabajar para que nuestro país participe en las mejores condiciones en la nueva sociedad de la información, para que España no se quede atrás y para que nadie en España se quede atrás. El ritmo cada vez más rápido del cambio nos obliga a actuar con urgencia si queremos aprovechar plenamente las oportunidades que se nos ofrecen.
La tarea de los próximos años no es otra que lograr una sociedad de la información para todos, hacer posible el acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información y facilitar a los españoles que se beneficien del uso de las redes de telecomunicaciones.
Una política de innovación es esencial para nuestro futuro. Tenemos que acabar con la tradicional debilidad del sistema español de ciencia y tecnología. Con el Plan de investigación, desarrollo e innovación 2000- 2003 trabajaremos intensamente en este objetivo.
Queremos estimular la iniciativa privada y potenciar la incorporación de investigadores a las empresas. Vamos a incrementar los recursos públicos y a fomentar la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación. El propósito del Gobierno es que, al acabar la legislatura, dediquemos a esta actividad el 2 por ciento de nuestro producto interior bruto.
Para desarrollar todas las acciones necesarias para la consecución de este objetivo, me propongo la creación de un nuevo ministerio de ciencia y tecnología, que será responsable de la política científica y tecnológica, de las telecomunicaciones y del impulso de la sociedad de la información.
Señorías, España tiene que dar en los próximos años también un impulso definitivo a la modernización de su sistema de comunicaciones. Sabemos que una buena red de comunicaciones determinará en gran medida nuestro bienestar futuro. No habrá una España cohesionada sin una vertebración territorial garantizada por unas adecuadas comunicaciones.
La existencia de unas finanzas públicas saneadas, junto con los resultados de la Agenda 2000, nos van a permitir llevar a cabo un ambicioso programa de inversiones para hacer una España más cercana y más unida a Europa. Este programa acercará todos los territorios de España mediante el mallado completo de la red de carreteras de gran capacidad; una red ferroviaria de alta velocidad que, en diez años, situará a todas las capitales de provincia a menos de cuatro horas del centro de la península y unos puertos y aeropuertos adaptados a las exigencias de la demanda.
Señorías, creo que no podemos hablar del progreso y modernización de España si éstos son alcanzados sin una decidida acción en favor de nuestro medio ambiente, porque el medio ambiente es una riqueza a proteger y una oportunidad de desarrollo económico, de innovación tecnológica y de creación de empleo.
Nuestra prioridad en este ámbito es resolver un problema que afecta de forma crucial al bienestar y a la prosperidad de todos los españoles: la política del agua. Abordaremos resueltamente el abastecimiento y la calidad del agua. A tal fin, presentaremos inmediatamente un plan hidrológico nacional basado en criterios racionales y solidarios. Un plan para el que buscaremos el mayor acuerdo posible.
En segundo lugar, nos proponemos aprobar antes de que acabe el año un plan nacional forestal, que queremos que sea la actuación de mayor alcance realizada enel cuidado y protección de nuestros bosques.
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Señorías, creemos que la cultura es un eje básico del futuro de España y que los españoles debemos ser conscientes de nuestra dimensión de potencia cultural y hacerla valer en un mundo abierto.
En los próximos años debemos desarrollar una gran y fuerte acción cultural. La sociedad española debe protagonizarla con el apoyo de todos los poderes públicos y sin reservas. El Gobierno contribuirá a esta tarea conservando mejor nuestro patrimonio histórico, impulsando un marco más favorable para las industrias culturales de futuro, apoyando a artistas y creadores y fomentando las iniciativas de la sociedad civil.
Estoy convencido, señoras y señores diputados, de que en torno a estos cinco ejes que acabo de exponerles -educación, innovación, comunicaciones, medio ambiente y cultura-, España debe construir su futuro. Si la Cámara me otorga su confianza, el Gobierno se sentirá firmemente comprometido a impulsar todas las políticas necesarias para la consecución de los objetivos que serán determinantes para el progreso de nuestra sociedad.
Señora presidenta, en los últimos 25 años hemos pasado de reivindicar nuestra normalidad democrática a incorporarnos a las instituciones internacionales y de seguridad de nuestro entorno. En la pasada legislatura, España ha sido fundadora del euro y se ha integrado en la nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica. Por eso podemos plantearnos nuevas metas. La cuestión es qué queremos hacer una vez que ya estamos donde queríamos estar.
Tenemos que estar dispuestos a asumir mayores niveles de responsabilidad fuera de nuestras fronteras. Las oportunidades de proyección internacional son mayores de las que nos corresponderían gracias a la dimensión cultural de una lengua común cada vez más hablada en el mundo. Ése es el factor determinante de nuestra presencia internacional que debe desarrollarse en los ámbitos político, económico, cultural, de seguridad y de cooperación. Nuestra libertad y nuestra seguridad se encuentran estrechamente unidas a la libertad y la seguridad de nuestros socios y aliados. Por ello, asumiremos responsabilidades crecientes tanto en el marco de la Alianza Atlántica como en la política europea común de seguridad y defensa.
Al servicio de este objetivo continuaremos con lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas. Profesionalización y modernización harán que estén mejor preparadas para las misiones que tienen encomendadas y para este nuevo papel que España tiene que desarrollar en el mundo. A él, sin duda, están contribuyendo nuestras tropas en las operaciones de ayuda humanitaria en diversas partes del mundo y en las que realizan, al servicio de la paz y la seguridad, en defensa de los valores que todos compartimos.
El objetivo de nuestro programa de Gobierno es adelantar el fin del servicio militar obligatorio al próximo año. Al tiempo, continuaremos la racionalización de las estructuras de defensa, reforzaremos la acción conjunta y armonizaremos nuestras capacidades militares con las de nuestros aliados; proseguiremos la colaboración en materia de industria y de defensa en el marco de la Unión Europea como lo hemos hecho en esta legislatura.
El Gobierno pondrá especial empeño en el éxito del proyecto europeo, un objetivo compartido ampliamente por los españoles. Los grandes retos a los que se enfrentará España en el marco de la Unión en los próximos años son los siguientes: La reforma de las instituciones de la Unión Europea, en la que el Gobierno perseguirá un funcionamiento más eficaz de la Unión y en la que espero contar con la colaboración de la Cámara en el desarrollo de la conferencia intergubernamental.
El objetivo del pleno empleo mediante el aumento de la competencia y la liberalización, completando un mercado único abierto e integrado, mejorando la educación y el acceso a las nuevas tecnologías. El desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia que garantice mejor los derechos de los ciudadanos de la Unión y para cuya consolidación apoyamos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La construcción de un pilar europeo de seguridad y defensa, sin menoscabo del vínculo transatlántico. Y la culminación de un proceso de ampliación que integre en la Unión a aquellos países que se vieron privados de libertad durante décadas y sean fuente de prosperidad compartida.
La Presidencia española de la Unión en el primer semestre del año 2002 será una oportunidad que nuestro país no debe desaprovechar.
Trabajaremos decididamente para hacer realidad esa Europa reforzada, cohesionada, ampliada y abierta que está en el interés de todos los españoles. En su momento someteré a la Cámara unas prioridades y un programa de trabajo para dicha Presidencia. Coincidiendo con la Presidencia española, España será también la sede de la segunda cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe. Este encuentro será una gran oportunidad para afianzar en la esfera internacional los intereses comunes y para reforzar la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Nuestra vinculación con Iberoamérica se ha incrementado durante los últimos años. Nuestro país es el principal inversor europeo en la región. Las inversiones de nuestras empresas tienen vocación de permanencia y están contribuyendo al progreso económico de nuestras sociedades. Los españoles se sienten muy cercanos a todo lo que sucede en la Comunidad Iberoamericana, y están siempre dispuestos -así lo han demostrado- a prestar su solidaridad cuando es necesario.
La responsabilidad de España en el exterior tendrá manifestación esencial en la estabilidad y en el desarrollo del Mediterráneo, sobre todo en la región del Magreb. El Gobierno promoverá iniciativas para asentar, sobre bases cada vez más sólidas, unas relaciones de amistad y de respeto que a todos nos interesa. Para
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ello, apoyará también los procesos de apertura y liberalización en todos los países del área e impulsará intercambios económicos más intensos. Asimismo, el proceso de internacionalización de nuestra economía no podrá considerarse completo mientras no logremos una mayor presencia y proyección en todos los ámbitos en la cuenca asiática del Pacífico; este será uno de los objetivos de la política exterior de esta legislatura.
El progreso de los países menos desarrollados es una necesidad sentida vivamente por la sociedad española, y el Gobierno, si recibo la confianza de la Cámara, mantendrá ese compromiso. Nuestra creciente ayuda al desarrollo debe ir acompañada del apoyo a la extensión de la democracia y de las libertades, del rigor en la utilización de los fondos, de la liberalización y de la apertura económica; estas son las bases para un desarrollo sostenible. En esta empresa, estoy seguro de que contaremos con el apoyo y la colaboración de la sociedad civil.
No quiero concluir sin exponer a la Cámara tres iniciativas que el Gobierno, si obtengo la investidura, se propone desarrollar para hacer más efectivo el nuevo papel de España en la esfera internacional. En primer lugar, España cuenta hoy con el español, lengua de alcance universal que ofrece oportunidades extraordinarias para mejorar nuestra presencia en el mundo. En los próximos cuatro años, el Gobierno intensificará la proyección de la cultura española en la cual el Instituto Cervantes desempeñará un papel central. En segundo lugar, necesitamos funcionarios y expertos en todas las instituciones y organismos internacionales a los que pertenecemos y con los que colaboramos. El Gobierno ampliará la información, la formación y los incentivos para que un mayor número de españoles pueda acceder a esos puestos. Finalmente, señora presidenta, para que la acción exterior sea verdaderamente eficaz es necesaria una mayor coordinación. Me propongo crear un consejo de política exterior que contribuya a definir intereses y objetivos del conjunto de la proyección exterior española. Asumiré personalmente su presidencia.
Señora presidenta, señorías, cada español cuenta hoy con oportunidades que hace una generación eran difíciles de imaginar.
Confiamos en la capacidad de la sociedad para alcanzar estas metas.
Quienes desempeñamos responsabilidades en las instituciones democráticas no podemos defraudar sus expectativas.
Acabo de exponer los puntos fundamentales del programa de Gobierno para el que solicito la confianza de SS.SS. Un programa de reformas para alcanzar el pleno empleo; para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones; para mejorar sustancialmente nuestro bienestar; para que nuestro papel en la comunidad internacional sea más activo y definido. Un programa para toda la legislatura, que deseamos promover a partir del diálogo y la colaboración con los grupos presentes en la Cámara. Aquí están representados los consensos básicos de nuestra sociedad, aquí está presente el pluralismo político de nuestra sociedad.
Hace apenas un mes, los electores han renovado ampliamente su confianza en el proyecto político representado por el Partido Popular. Comienza una nueva etapa política. No les he presentado un programa conformista ni meramente continuador de lo ya realizado. El nuestro es un proyecto ambicioso, serio y coherente, que permitirá a España entrar con normalidad y buenas oportunidades en el siglo que comienza. Estoy convencido de ello. Estoy convencido de que es mucho lo que tenemos por hacer y de que somos capaces de conseguirlo.
Señora presidenta, señora y señores diputados, para ello solicito la confianza de la Cámara.
Muchas gracias.
