La disolución de ayuntamientos de ANV debería partir del Gobierno con el apoyo del Senado y la Comisión Nacional Local

Actualizado 04/12/2008 13:49:39 CET

El único precedente de un consistorio disuelto es Marbella, en 2006, en el que todo el proceso se resolvió en unos pocos días

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La disolución de un ayuntamiento, como podría ser el caso de los gobernados por ANV, debe ser acordada por el Consejo de Ministros en un Real Decreto y tras sendos informes preceptivos favorables del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local. Según marca la Ley de Bases de Régimen Local, entre las causas para iniciar la disolución se encuentra la "cobertura o el apoyo expreso o tácito" al terrorismo, que se considera "gestión gravemente dañosa".

Aunque la legislación contempla esta posibilidad, la única ocasión en la que se ha llevado a efecto en la democracia fue, en 2006, para disolver el Ayuntamiento de Marbella, en situación crítica tras las sucesivas detenciones de cargos públicos por corrupción. Este caso, por tanto, sería el precedente si se actuase ahora contra los ayuntamientos de ANV, una iniciativa ha vuelto a proponer el PP tras la negativa de esta formación a condenar el asesinato ayer por ETA del empresario Ignacio Uria.

La citada Ley de Bases establece que para disolver una corporación local esta tiene que llevar a cabo una "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales", como fue el caso de Marbella según interpretó el Gobierno.

En el mismo artículo, se añade un segundo punto dedicado expresamente al caso de los ayuntamientos que den cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave" al terrorismo o a quienes participan en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y en el caso también de que "menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias".

En el primer supuesto, el que se aplicó en el consistorio marbellí, la Diputación provincial designa una comisión gestora que lleva adelante la vida municipal hasta que sea elegida una nueva corporación. Si falta más de un año para las elecciones locales, se convocarán comicios parciales en esa localidad.

Si la disolución del ayuntamiento es por apoyo al terrorismo, el proceso es algo diferente, según señala la Ley de Régimen Electoral General. La propia Diputación, o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, es la que asume "directamente" la gestión municipal hasta que concluya el mandato, hasta las siguientes elecciones locales. En ningún caso podrá adoptar acuerdos que requieran una mayoría cualificada.

EL ANTECEDENTE DE MARBELLA.

En el caso de Marbella, el Gobierno pidió al Consejo de Estado un dictamen sobre el cauce que se debía seguir y todo el proceso se resolvió en unos pocos días, aunque la legislación no establece plazos. La Ley de Bases de Régimen Local señala en su artículo 61 que el Consejo de Ministros puede iniciar la disolución de un ayuntamiento a iniciativa propia o a propuesta de la Comunidad Autónoma correspondiente, como fue el caso de la Junta de Andalucía y Marbella.

Tras un primer Consejo de Ministros acordando abrir el proceso, el Ejecutivo necesita un informe favorable del Senado y de la Comisión Nacional de Administración Local. Con toda la documentación en su poder, de nuevo el Consejo de Ministros debe aprobar un Real Decreto de disolución. En el caso marbellí, el proceso comenzó el 4 de abril de 2006 y concluyó tres días después, el 7.

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