PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ejecución de la orden de busca y detención del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, decretada por la jueza que instruye una presunta estafa de 13,9 millones de euros en la compraventa de un complejo hotelero de Mallorca, no tiene por qué efectuarse de forma inmediata puesto que su objetivo pasa, primordialmente, por asegurar la presencia del imputado el próximo 23 de agosto, cuando ha sido nuevamente citado a declarar.
Así lo han precisado fuentes del caso a Europa Press, que han incidido en que con el arresto del fundador de Nueva Rumasa se pretende garantizar que en esta ocasión sí acuda a los Juzgados de Palma para ser interrogado, al contrario que el pasado viernes, cuando el imputado no compareció alegando la imposibilidad de desplazarse debido a la fractura del cuarto dedo de su pie derecho.
Y es que la instructora de la causa, Maria Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3, ya había citado en diversas ocasiones a Ruiz-Mateos, quien en varias de ellas se ha escudado en problemas de movilidad así como económicos para no comparecer en los Juzgados. Las dos veces en que sí ha hecho acto de presencia en dependencias judiciales se ha acogido a su derecho de no declarar.
En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada asevera que el impulsor del complejo 'holding' empresarial no tiene derecho "a reírse de la Administración de Justicia ni a dificultar u obstaculizar la tramitación de esta causa sin justificación para ello", llegando a valerse incluso "de su avanzada edad y presunto mal estado de salud".
Así, en sus fundamentos jurídicos la jueza lamenta que Ruiz-Mateos haya además contado presuntamente con la colaboración de terceras personas "dispuestas a plasmar por escrito pretendidas dolencias con el fin último de no comparecer ante este Juzgado". "No es de recibo que se pretenda eludir una obligación legal amparándose en unos supuestos daños físicos y psicológicos que a día de hoy no han quedado demostrados", incide la magistrada.
Cabe recordar que la sociedad Inversiones Grupo Miralles se querelló contra Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones en relación a la compraventa del hotel Eurocalas, mientras que posteriormente amplió su denuncia al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.
Ello, según alegaba el querellante, representado en la causa por la abogada Isabel Fluxà, por vender el hotel Cervantes de Torremolinos, perteneciente a los Ruiz-Mateos, a la mercantil Clesa --también propiedad de los denunciados--, "obstaculizando" así su posible embargo.
