Asegura que "vulnera" la Carta Magna y el Convenio Europeo de Derechos Humanos
VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
EH ha reclamado al Gobierno vasco que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal que limita el alcance de la norma europea sobre acumulación de penas, al considerar que dicha ley --que retrasará la salida de prisión de numerosos presos de ETA-- "vulnera" la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Este emplazamiento al Ejecutivo aparece recogido en una proposición no de ley registrada por la coalición en el Parlamento autonómico, con la que pretende que sea la Cámara la que inste al Gabinete de Iñigo Urkullu a recurrir la mencionada ley ante el Tribunal Constitucional.
Los parlamentarios de EH Bildu Juanjo Agirrezabala y Julen Arzuaga, que han reiterado la iniciativa en una rueda de prensa, han considerado que, dadas las declaraciones de miembros del Gobierno vasco y del PNV en relación a las últimas decisiones del PP en materia antiterrorista y penitenciaria, no debería existir "dificultad alguna" para la presentación de un recurso de este tipo.
Arzuaga ha aludido, de esta forma, al cuestionamiento que desde el PNV --y de forma más matizada, desde el Gobierno vasco-- se ha realizado en relación a la postura del PP respecto a la decisión marco europea sobre acumulación de penas y a otras actuaciones relacionadas con la banda y el entorno de la izquierda abertzale, como la reciente operación policial en la que fueron detenidos doce abogados de presos de ETA.
Los parlamentarios de EH Bildu han hecho un repaso a algunas de las últimas actuaciones judiciales, policiales y políticas contra los presos de ETA, como la "fabricación de nuevas imputaciones" contra Santiago Arrospide, que acaba de regresar a prisión por dos causas sobre atentados de la década a de 1980.
INTERPRETACIÓN "EXPANSIVA"
También ha aludido a la 'Operación Mate', en la que se detuvo a doce abogados de presos de ETA y a otras cuatro personas, que, a su juicio se propició a través de la "interpretación expansiva" de tipos delictivos, así como a la "cadena perpetua" incluida por el PP en la reforma del Código Penal.
Junto a estas decisiones, ha hecho referencia a la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE. Esta ley fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de adaptar al Estado español una decisión marco de la UE sobre acumulación de penas cumplidas en otros países de la Unión Europea.
La norma europea permite descontar de las condenas que cumple un preso en un determinado país el tiempo de estancia en prisión que ese mismo recluso haya cumplido en otro estado miembro.
No obstante, la ley española limita el alcance de este texto, al establecer que el principio establecido en la decisión marco sólo se aplicará a los casos posteriores al 15 de agosto de 2010. Esta restricción temporal podría impedir que 80 presos de ETA reduzcan su periodo de encarcelamiento en España.
"OBSTÁCULOS"
Arzuaga ha denunciado que este tipo de decisiones evidencia que "el Estado español pone todo tipo de obstáculos a la paz". "Cada vez hay más razones para considerar que España es un enemigo de la convivencia y la normalización política", ha censurado.
El parlamentario de EH Bildu ha defendido la necesidad de recurrir la ley 7/2014, puesto que esta es la "base" sobre la que el Tribunal Supremo ha fijado su criterio para establecer que la acumulación de penas no se aplique a casos anteriores al 15 de agosto de 2010.
Arzuaga ha criticado que la adaptación de la norma europea al Estado español establece "todo tipo de requisitos y excepciones" al principio de "equivalencia" de las decisiones judiciales en la UE. A su juicio, con la aprobación de esta ley, el PP "persigue anular retroactivamente" el contenido del texto de la UE, algo que atenta "contra los derechos y expectativas" de los presos para acceder a la libertad.
"VULNERACIONES"
El representante de EH Bildu ha asegurado que la ley 7/2014 "vulnera" los derechos reconocidos en la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su opinión, se trata de una norma contraria "al derecho a la libertad y seguridad, al principio de jerarquía normativa, al principio de irretroactividad y, dado que se aplica a un colectivo concreto, al derecho a la igualdad".
Por todo ello, EH Bildu plantea en su iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno vasco a elaborar y presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Para aprobar esta propuesta, la coalición necesitaría el apoyo del PNV. Por ese motivo, ha querido "tender la mano" a esta formación para "recorrer este camino de forma conjunta".
Arzuaga considera que recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional "es la respuesta más adecuada" desde el ámbito institucional y político. Además, ha estimado que el Gobierno vasco está "legitimado" para presentar un recurso de este tipo. De hecho, ha recordado que en 2002 ya llevó la Ley de Partidos al Tribunal Constitucional, aunque éste rechazó los argumentos del Ejecutivo y avaló el texto que propició la ilegalización de Batasuna.
