La Audiencia Nacional aglutina otras cinco causas abiertas contra el entorno de ETA

Actualizado 30/11/2007 19:09:30 CET

La sentencia del sumario 18/98 contará con el precedente de la dictada por el TS que condenó a miembros de Jarrai por pertenencia

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional mantiene abiertas cinco causas contra el entorno de ETA que se suman al macroproceso contra el entramado KAS-EKIN-XAKI, cuya sentencia será dada a conocer el próximo 10 de diciembre por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este órgano. Este tribunal ordenó hoy el ingreso en prisión de 46 de los juzgados en esta causa, así como el mantenimiento de la situación de libertad provisional de otros 6 encausados.

En los sumarios pendientes contra el entorno de ETA están implicados integrantes del colectivo de apoyo a presos Gestoras Pro Amnistía y su sucesora Askatasuna, la asamblea de electos vascos Udalbiltza Kursaal, la red de 'herriko-tabernas' vinculadas a Batasuna -un sumario que incluye una pieza separada referida a Acción Nacionalista Vasca (ANV)- y el diario Egunkaria. A ello hay que sumar las diligencias previas que se tramitan desde julio de 2005 contra 15 miembros del PCTV, por integración o colaboración con banda armada.

GESTORAS Y UDALBILTZA.

Actualmente está pendiente de darse a conocer la fecha de comienzo del juicio contra 27 procesados por integración en ETA a través de su actividad en el colectivo de apoyo a presos Gestoras Pro Amnistía y de su sucesora, Asktasuna, para quienes se solicitan diez años de prisión por integración en ETA.

Según el escrito de calificación provisional que el Ministerio Público presentó en junio de 2005, los responsables de Gestoras ejercen el control de los presos de ETA, así como la comunicación entre éstos y sus dirigentes. Entre los procesados se encuentran los responsables nacionales Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Junco.

El Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, procesó en septiembre de 2004 a 22 miembros de la Udalbiltza Kursaal (asamblea ilegal de electos vascos) por integración en organización terrorista y allegamiento de fondos a banda armada. Entre los procesados se encuentran Xabier Alegría (que es también el principal encausado en el macroproceso contra EKIN), además de Miriam Campos y Mikel Garmendia.

Según las conclusiones de Garzón, con la creación de la Udalbiltza ETA buscaba contar con una estructura para mantener su presencia en las instituciones municipales. La Fiscalía formuló acusación contra estas 22 personas por integración en grupo terrorista, para los que pide entre 10 y 15 años de cárcel, actualmente está pendiente la apertura del juicio contra todos ellos.

CAUSA CONRA BATASUNA

Otro de los sumarios que pueden verse afectados por la inminente sentencia contra el entramado político-financiero de ETA es el que actualmente tramita también Garzón por la supuesta sumisión a ETA de Batasuna a través de la red de 'herriko-tabernas' vinculadas a la formación ilegalizada.

Entre los procesados integración en ETA en este sumario está el líder de la formación Arnaldo Otegi, actualmente en libertad bajo fianza de 50.000 euros, los ex miembros de HB huidos 'Josu Ternera' y Jon Salaberría y los también dirigentes de Batasuna Joseba Álvarez y Joseba Permach.

El 17 de enero de 2006, el juez Fernando Grande-Marlaska prorrogó por dos años más la suspensión de actividades de Batasuna ya acordada por Garzón y la clausura de sus sedes. Por su parte, el pasado verano, Garzón abrió una pieza separada dentro de este sumario, que se mantiene bajo secreto, y en la que se investigan los posibles vínculos entre ANV y la ilegalizada Batasuna.

Batasuna fue ilegalizada en marzo de 2003 por la denominada "sala del 61" del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos, mientras que las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi fueron las primeras disueltas por la vía penal.

El pasado mes de febrero, el alto tribunal dio a conocer la sentencia que condenó a algunos de sus miembros por integración en ETA enmendando a la Audiencia Nacional, que sólo lo hizo por asociación ilícita. Su decisión supuso elevar las penas que impuso en su día la Audiencia a veintitrés de los veinticuatro acusados, ya que absolvió a uno de ellos.

Fuentes jurídicas consultadas señalaron hoy que la doctrina del Tribunal Supremo en dicho caso, por su condición de firme, ha podido ser muy tenida en cuenta por el tribunal que ha juzgado sumario 18/98.

PCTV Y EGUNKARIA.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 mantiene abiertas otras diligencias, las numeradas 203/05, en la que se mantienen imputadas 15 personas vinculadas al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por integración o colaboración con banda armada.

Este sumario se encuentra prácticamente paralizado desde que el juez Grande-Marlaska admitiera a trámite el pasado 11 de julio la querella presentada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los representantes de esta formación política, si bien la causa se mantiene bajo secreto. A ella se han incorporado otras diligencias en las que está imputado el secretario del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga.

EGUNKARIA.

Finalmente, la Sala de lo Penal abrió recientemente juicio oral para los procesados por el "caso Egunkaria", el sumario 44/04 instruído por el juez Juan del Olmo contra siete responsables de la publicación del diario en euskera Egunkaria y otras empresas del grupo por asociación ilícita subordinada a ETA.

En esta causa, entre cuyos procesados figura el ex director del diario, Martxelo Otamendi, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa, mientras que las acusaciones particulares, en representación de la AVT y la asociación Dignidad y Justicia, han presentado sendos escritos de conclusiones provisionales en los que solicitan penas de prisión para los encausados.

Respecto a esta última causa, esta misma semana el juez del Olmo ordenó la apertura de juicio contra ocho responsables de 'Egunkaria', por lo que se conoce como "parte económica" del caso. Les acusa de delitos de falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales, falseamiento de las condiciones para la concesión de subvenciones públicas y delitos contra la hacienda pública por la defraudación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La decisión del juez Del Olmo se produce a instancias de la acusación popular llevada a cabo por la asociación 'Dignidad y Justicia' y en contra del criterio de la Fiscalía que solicitó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que inhibiese en favor de los Juzgados de Instrucción de Tolosa (San Sebastián) para conocer de los citados delitos económicos.

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