Un informe del PP atribuye responsabilidad a Hacienda e Interior por no advertir a Consumo de la investigación

Actualizado 10/05/2006 20:03:21 CET

Rajoy expuso ante los diputados del PP que Sanidad también es responsable por no desarrollar la Ley para proteger a los clientes

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha elaborado un informe sobre la presunta estafa filatélica de Afinsa y Forum Filatélico, en el que atribuyen responsabilidad a los ministerios de Sanidad, Hacienda e Interior. Al primero, por no haber desarrollado la Ley que entró en vigor en febrero de 2004 en la que se protegía a los consumidores y a los otros dos ministerios por no haber informado a Consumo de las investigaciones que estaban llevando a cabo.

Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, fue expuesto hoy por el presidente del PP, Mariano Rajoy, durante su intervención ante el Grupo Parlamentario esta mañana en el Congreso.

En el citado texto se relata la actuación que tuvo el anterior Gobierno del PP con el fin, según explican de garantizar el derecho de los consumidores de este tipo de entidades.

Así, explica que, ante las "indicaciones de actividades irregulares" de estas sociedades, por parte de algunos ciudadanos, el Ministerio de Economía pidió en 2003 un informe al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Abogado del Estado sobre el ámbito competencial de la supervisión de estas sociedades.

Los dos primeros organismos respondieron que no eran de su ámbito de supervisión financiera, prosigue el informe del PP y la Abogacía respondió que las sociedades de bienes tangibles eran competencia de las autoridades de Consumo.

Por este motivo, argumentan, el Ministerio de Economía introdujo en el proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, como disposición adicional y fuera del ámbito regulador de las mismas, una serie de normas para "garantizar los derechos de los consumidores y usuarios de estas entidades".

En concreto, se estableció que la supervisión era competencia de las autoridades de Consumo; se establecieron una serie de obligaciones para las sociedades en los contratos como la información al consumidor, con el fin de defender los derechos de los compradores; se estableció la obligación de realizar una auditoría que se reenviaría a la administración de Consumo correspondiente y se estableció un "fuerte régimen sancionador".

Esta Ley de Instituciones de Inversión Colectiva entró en vigor en febrero de 2004, por lo que, según los populares, corresponde al "actual Gobierno" su desarrollo y coordinación con las CCAA. Explica el documento que las competencias corresponden a las autoridades de Consumo porque, al ser sociedades que operan en varias CCAA, es misión del Ministerio de Sanidad y Consumo que cumplan la normativa y establecer las sanciones.

Por ello, en el informe consideran al Ministerio de Sanidad y Consumo como "responsable" por no haber desarrollado la ley, ni coordinado las actuaciones con las CCAA ya que las sociedades operaban en diferentes autonomías.

LA AGENCIA TRIBUTARIA REMITIO LA INFORMACION EN 2005 A LA FISCALIA

Además, los populares afirman que "también el Ministerio de Hacienda y el de Interior tienen su responsabilidad ya que no han advertido a las autoridades de Consumo de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, por lo que no se tomaron medidas preventivas".

Añaden que la Agencia Tributaria no remitió la información a la Fiscalía Anticorrupción hasta julio de 2005 y la Fiscalía tardó otro año en actuar.

En cuanto a la cobertura de estas inversiones, explican que, al no ser sociedades financieras, no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, ni por el Fondo de Garantía de Inversiones. Pero añaden que, a pesar de que no están garantizadas las compra-ventas de estas empresas y que los usuarios deben ser conscientes de que estas sociedades no tienen las garantías de las entidades financieras y de inversión, "también es verdad que hay un gran número de afectados, 350.000 según el Gobierno, la inmensa mayoría con pequeños patrimonios, y que estamos ante un caso de alarma social".

Recuerdan que en ocasiones anteriores, como en la PSV, a pesar de que el Estado o el sistema financiero no tenían responsabilidad patrimonial o garantías, "se han buscado que limiten el daño a los afectados".

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